Residir en Zamora puede aumentar el riesgo de sufrir exclusión social

Un informe presentado por Cáritas indica que vivir en Zamora, Palencia, Ávila o Segovia puede suponer mayor riesgo de vivir una situación de exclusión social

FuenteEUROPA PRESS

Residir en Zamora aumenta la probabilidad y el riesgo de experimentar una situación de exclusión social. Así lo indican los datos del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, que se ha presentado este miércoles en un acto en el que han intervenido el coordinador del estudio, Guillermo Fernández Maíllo; el presidente regional de Cáritas, Antonio Jesús Martín de Lera, y el obispo auxiliar de Valladolid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

El número de personas en exclusión social en Castilla y León se aproxima a las 368.000, el 15,3 por ciento de la población y una de cada siete personas, mientras 214.000 de ellas experimentan esta situación de forma «severa», lo que supone un «incremento importante» en los últimos cinco años, todo ello con la dimensión de la salud como la «más determinante» en este ámbito y condicionado por el envejecimiento y la despoblación.

«Castilla y León experimenta una tendencia dicotómica en la que conviven una mejora mínima de los niveles de integración social y los índices económicos con un importante incremento de la exclusión social más severa», ha aseverado Fernández de acuerdo a los resultados del estudio, que también ponen de manifiesto un «alto riesgo de cronificación» de la exclusión y una «cierta polarización».

Los datos indican así que la exclusión social se ha «enquistado» en la estructura social de la Comunidad, al igual que en el conjunto de España, pues alrededor de 368.000 personas, un 15,3 por ciento de la población –21,6 en el conjunto de España–, pertenecen al grupo de la «sociedad estancada», para quienes el «ascensor de la movilidad social no funciona», como ha lamentado el coordinador del informe.

Dentro de este grupo, cerca de 214.000 personas –hace cinco años eran 129.000– se enfrentan a una exclusión social «severa», pues sobre ellos se «ceba» la precariedad, la desigualdad o el desempleo persistente, entre otros problemas.

En 2013, la tasa de personas enmarcadas en este sector era de un 5,1 por ciento y en 2018 se ha incrementado al 8,9 en la Comunidad, lo que supone un aumento «muy importante» y un aspecto en el que además influye especialmente la dimensión de la salud.

En este sentido, el informe también recoge que de estas personas casi 99.000 se encuentran ya en la «sociedad expulsada», quienes «están preocupados por sobrevivir día a día, un aspecto que se ha triplicado en los últimos cinco años. Asimismo, se contempla un crecimiento de un 4,6 por ciento de la población en situación de «pobreza severa».

De este modo, desde 2013 a 2018 la exclusión social solo se ha reducido un 7,5 por ciento en la región, mientras que en el conjunto de España esta mejora ha alcanzado el 28 por ciento, según ha explicado Fernández Maíllo, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El coordinador del informe también ha apuntado a las «buenas noticias», pues, como ha precisado, el 57 por ciento de la población se encuentra en un espacio de integración, lo que supone una «mejora». Esta cifra podría incrementarse a más del 84 por ciento si se sumase a las personas que se encuentran en situación de integración pero «más precaria».

«Se produce una quiebra porque hay un grupo de 287.000 personas que aunque están en un espacio de integración se encuentran en una situación de inseguridad porque no tienen colchón tras la crisis, y ellas serán las primeras en sumarse al apartado de exclusión ahora con la desaceleración», ha explicado.

Mayor desigualdad

El informe sitúa a Castilla y León como la segunda región con mayor desigualdad «multidimentasional», sólo superada por Cantabria, pues se observa que la población en situación de exclusión está «muy alejada» del resto, lo que abunda en el problema de la polarización.

Así, la vivienda es el primer generador de dificultades en la sociedad, pues el 20,2 por ciento de la población se ve afectada, cerca de 143.000 personas alegan que residen en una vivienda insegura –sin contrato o en riesgo de desahucio– y 164.000 en una inadecuada –sin condiciones de habitabilidad–.

Por otro lado, la precariedad laboral se ha «convertido en una forma de vida». El informe señala que el 13 por ciento de personas que trabajan en la Comunidad están en exclusión social, la cual afecta en mayor medida a los empleados de jornada completa y obliga a uno de cada cuatro personas a combinar los ingresos de su empleo con los de protección social.

Por otra parte, la dimensión de la salud es el factor «más determinante» en relación a esta situación, pues la exclusión se encuentra más «amparada» por ella en esta Comunidad a diferencia del resto del país. «Este elemento es más relevante para la exclusión que no tener trabajo no tener una vivienda segura», ha apuntado Fernández.

El 58 por ciento de la población experimenta la situación de exclusión afectada por este factor, en el que se unen como aspecto «determinante» los rasgos de una mayor edad media del conjunto de la población y la edad avanzada de personas de determinadas carencias en el ámbito de la salud.

Como datos «a tener en cuenta», el coordinador del estudio ha destacado que existen 67.000 hogares con todos los adultos con enfermedad o discapacidad, 45.000 donde hay algún enfermo grave o crónico que no ha recibido asistencia sanitaria para ello y 54.000 donde se han dejado de comprar medicinas y seguir tratamiento por motivos económicos.

Perfiles y factores

El informe Foessa también constata un perfil de persona en exclusión social severa o moderada: un 58 por ciento serían hombres, personas de entre 45 y 64 años, el 45 por ciento trabajan, nueve de cada diez son de nacionalidad española y tres de cada cuatro pertenecen a hogares sin niños.

En este aspecto, Fernández ha subrayado que el 37 por ciento de personas en exclusión social se encuentran en municipio de menos cantidad de habitantes, en la «España vaciada».

«En el caso de Castilla y León es determinante que cada vez hay personas más mayores y más cantidad de personas mayores en núcleos rurales pequeños, que tienen alejados los servicios, lo que les aleja de los espacios de integración», ha señalado, para indicar que se trata de una «retroalimentación» de la despoblación.

Por otro lado, el informe apunta a que por grupos el colectivo inmigrante de fuera de la Unión Europea tienen mayor probabilidad de experimental la exclusión social, si bien los datos cuantitativos solo indican que el 4,5 por ciento. Además, se observa que vivir en Zamora, Palencia, Ávila o Segovia también puede suponer mayor riesgo.

El estudio también subraya el deterioro de la satisfacción con el funcionamiento de la democracia y marca que en Castilla y León la tasa de participación política en hogares en exclusión es de 13,1 por ciento, la mitad que en los hogares en integración, un 26,6.

«El informe se hace en un momento en el que hacen falta diagnósticos e información fiable para que los partidos puedan acertar después con políticas publicas», ha incidido en este aspecto el coordinador, quien ha reiterado que se trata de una «mirada hacia la cohesión social» en este tiempo de «mutación» en el que se produce «desigualdad, «debilidad de los sistemas» o el «ascenso de ciertos particularismos de actitudes reactivas y xenófobas» que consolidan el «individualismo que esta hipoteca el futuro».

Por su parte, Luis Argüello ha reivindicado este informe como una realidad que los partidos políticos tienen que tener en cuenta para sus campañas, en las que se encuentran propuestas «ideológicas» que suponen «promesas» en las que luego «las cuentas nunca acaban de salir del todo», mientras Martín de Lera ha llamado a los ciudadanos a convertirse en «ciudadanos», sobre todo con los mayores, y trabajar juntos para paliar estas situaciones.

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