La Diputación aprueba 2 millones de inversión para Dipnamiza

La modificación del reglamento y precio de la residencia 'Virgen del Canto' de Toro y la ejecución de inversiones financieramente sostenibles completaban esta sesión plenaria del mes de abril

FuenteDiana Serrano

Durante el Pleno Ordinario de la Diputación de Zamora se ha aprobado la inversión de dos millones de euros en DIPNAMIZA, los planes de empleo dirigidos a los municipios de la provincia. Este programa destinará 1.428.000 euros para las localidades que tengan menos de 55 parados durante 2018 y 572.000 euros para los que superen esta cantidad.

La diputada de Izquierda Unida, Laura Rivera criticaba, durante el turno de debate, la repartición y la cantidad que la Institución Provincial invierte, frente a la de la Junta de Castilla y León, que también colabora en estos planes de empleo. “La Junta invierte 572.000 euros para los municipios con más de 55 parados, lo cual permite que estos pueblos establezcan contratos de 8 horas durante 6 meses, es decir, contratos breves pero con buenas condiciones laborales. En cambio, la Diputación tiene que invertir casi millón y medio de euros entre los 229 municipios restantes, lo cual hace que solo se pueda contratar con jornadas mucho más reducidas y con peores condiciones”.

El diputado por el Partido Popular, Aurelio Tomás replicaba a Rivera destacando “el esfuerzo” que durante estos años de legislatura se ha hecho, para pasar de “una inversión mínima a dos millones de euros en estos planes de empleo, que ayudan a dinamizar nuestra provincia”.

Modificación del reglamento y precio de la residencia ‘Virgen del Canto’ de Toro

Otro de los puntos importantes de este Pleno del mes de abril ha sido la aprobación del nuevo reglamento regulador de la residencia ‘Virgen del Canto’ de Toro, que a grandes rasgos modifica aspectos sobre el sistema de admisiones y el precio que sus residentes deben pagar mensualmente.

Según los datos aparecidos en la ordenanza, a los usuarios no dependientes se les establece un precio mensual de 921 euros, a los dependientes 1.290 euros y 1.475 euros. Unas cantidades de la diputada Rivera también ha criticado, por lo que considera como “precios inasumibles, teniendo en cuenta que los jubilados zamoranos cobran una media de 700 euros de pensión”. Sobre esto, el diputado de Economía y Hacienda ha tachado las declaraciones de la diputada de IU como “demagógicas”, ya que, según ha relatado, “esos precios son los establecidos por la Junta de Castilla y León, pero la realidad es que a los usuarios se les cobra en función de sus posibilidades económicas, y en la mayor parte de los casos no superan los 500 euros”.

Ejecución de inversiones financieramente sostenibles

Estas inversiones han sido también objeto de discusión entre los diputados de Izquierda Unida y el Partido Popular. Laura Rivera criticaba el retraso a la hora de impulsar los trabajos en carreteras, caminos rurales y abastecimiento de agua, y calificaba de “escándalo” que de los 21 millones de euros presupuestados para este fin, “faltan por ejecutar 18 millones”.

El vicepresidente de la Diputación admitía esta demora, pero defendía también la labor realizada por el Equipo de Gobierno, y justificaba que la Institución había tenido “enormes problemas” para adjudicar las obras en los caminos rurales, tanto por la disculpar de los Ayuntamientos a la hora de redactar los proyectos y presentar documentaciones, y a causa de los problemas generados por las empresas, “a las que ha habido que rescindir los contratos o que abandonaban el proyecto”. Pero, pese a todos estos contratiempo, Tomás informaba que la mayoría de ellos, ya están en ejecución y culminarán en este ejercicio.

La anécdota del Pleno venía de la mano de la diputada Laura Rivera, que cuando la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo estaba a punto de dar por finalizada la sesión, solicitaba hacer un ruego, que al parecer no había podido entregar al secretario antes del Pleno “por problemas informáticos”.

La diputada solicitaba en su ruego que la Diputación apoye las demandas de la Mancomunidad de Aliste y Sanabria para que la Junta de Castilla y León considere ambas comarcas como zonas de difícil acceso sanitario, “ya que por su ortografía o dispersión demográfica, cumplen las condiciones para ello”.

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