COAG Zamora revindica la garantía que suponen las explotaciones agrarias familiares

La organización hace balance de este años que termina en la materias agrícolas y ganaderas de la provincia y la región

FuenteRedacción

El año 2018 ha tenido un gran tema de discusión y negociación en el ámbito agrario de Castilla y León para COAG en Zamora, “la PAC para los próximos años”. Los recortes que ha anunciado la Comisión Europea para los agricultores y ganaderos ha levantado “todas las alarmas en la Comunidad, porque trasciende lo meramente agrario hasta ocupar una preocupación muy justificada a nivel social y económica en el conjunto de Castilla y León”.

La Alianza UPA-COAG “ha encabezado las reivindicaciones para que la negociación de la PAC por parte del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Castilla y León vaya encaminada no solo a conseguir un presupuesto fuerte y decidido, sino sobre todo al reparto justo de los pagos compensatorios”. Su apuesta es la “diferenciación positiva” hacia los profesionales agrícolas y ganaderos, sobre todo “a las explotaciones familiares agrarias”.

El primer paso se dio “de forma acertada en Castilla y León a primeros de año, cuando se logró un documento de consenso de defensa de la próxima PAC para el periodo 2021-2027 con el objetivo de mantener los fondos que percibe actualmente esta comunidad autónoma”. El documento final de Castilla y León se gestó “tras meses de negociaciones y recogiendo aspectos que en un principio no aparecían, y que gracias a la Alianza UPA-COAG finalmente se tuvieron en cuenta”.

Para COAG, la clave siempre ha estado en que “se tenga en cuenta en todo escrito público y privado un apoyo explícito para los agricultores y ganaderos a título principal”, cosa que “sorprendentemente parecía no preocuparles en exceso” a otras organizaciones agrarias. Por eso, a petición de la Alianza UPA-COAG en el documento definitivo de Castilla y León se habla de los beneficiarios de la futura PAC y se dice que “debe tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos, centrándose fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directamente y principalmente de la actividad agraria”.

La organización ha puesto especial hincapié ante las administraciones y sociedad en su conjunto “algo que no debe olvidarse al hablar de la PAC, y es que ésta no solo resulta clave para los agricultores y ganaderos, porque perder la perspectiva real de lo que significa la política agraria comunitaria sería un enorme error”. La PAC está concebida para “proporcionar una alimentación sana, de calidad y a precios razonables a la sociedad. Y también para que las zonas rurales y urbanas tengan similares oportunidades, y se evite el éxodo rural”.

Por eso, COAG ha marcado “como línea roja en cualquier negociación de la PAC que no se empeoren las condiciones de vida de los agricultores y ganaderos profesionales, y por lo tanto de las explotaciones familiares”.

A nivel institucional y de políticas internas, la organización se ha mostrado muy crítica a lo largo del 2018 con las políticas sociales, económicas y agrarias que se han desarrollado en los últimos meses. “Despoblamiento salvaje en el medio rural, precios agroalimentarios ruinosos para los agricultores y ganaderos, daños cuantiosos de la fauna salvaje, recortes sociales en el medio rural, o más burocracia e impedimentos en la gestión diaria de las explotaciones agrarias”, reclaman.

La organización ha reclamado a la Junta de Castilla y León sentido y “responsabilidad en sus políticas”. Y por lo tanto, que “impulsen actuaciones a favor de los verdaderos profesionales del sector que tienen como actividad la agricultura y ganadería. Y es que nada se ha avanzado en materias claves como la mejora de explotaciones, la incorporación de jóvenes, la modernización y nuevos regadíos, el impulso de los seguros agrarios, la inversión en obras hidráulicas, y en definitiva en defender un modelo social agrario priorizando a los agricultores y ganaderos, y por lo tanto a las personas”.

Desde COAG afirman que “han seguido reclamando cuestiones que son importantes rescatar, como por ejemplo políticas de igualdad, mejores pensiones y políticas de bienestar social, y actuaciones contra la precariedad y la desigualdad, así como llevar adelante otras iniciativas sociales que rompan con la injusta discriminación de servicios que sufre la población rural respecto a la urbana”.

“Más ruina en el sector lácteo”

COAG ha denunciado un año más “la situación crítica y enquistada” que sufre “un sector económico clave para amplias zonas rurales de nuestra comunidad autónoma como es el ovino, caprino y vacuno de leche”. “Elevadísimos costes de producción que tienen que asumir, fortísimas inversiones realizadas en sus explotaciones que tienen que amortizar, y precios que en muchos casos no cubren los costes de producción, han originado que muchos ganaderos hayan abandonado el sector, y otros muchos estén planteándose el mismo camino por la falta de rentabilidad económica”, explican. La Alianza UPA-COAG ha denunciado en las mesas de negociación y en varios actos de protesta, que esta situación se debe a la “sinrazón de la industria láctea a la hora de no querer negociar contratos estables y de futuro, y a la hora de pagar precios justos a los productores”.

“Varapalo al sector remolachero”

Azucarera ha anunciado un cambio de modelo con los agricultores de Castilla y León que supondrá “un descenso en el precio que pagará a partir de las siembras de la campaña 2019-2020, que pasará a los 26 euros por tonelada de remolacha más un complemento ligado al precio del azúcar”, relatan desde la organización

COAG ha denunciado “esta lamentable maniobra de AB Azucarera, filial de la British Sugar, de rebajar el precio de la remolacha y por lo tanto de romper unilateralmente el marco legal que regula el sector remolachero”.

Con esta decisión “se dinamita una relación fructífera” de acuerdos profesionales a lo largo de 30 años mediante el AMI entre industrias y productores, “y lo que es peor, se pone en peligro el presente y futuro de las fábricas remolacheras asentadas en nuestro país, de los propios productores, y de numerosos puestos de trabajos directos e indirectos”, lamentan desde COAG.

La organización ha anunciado que emprenderá “cuantas acciones legales estén a su alcance” tras la decisión de Azucarera, y exigirán a través de los conductos legales “el cumplimiento por parte de la empresa de los compromisos adquiridos en el AMi vigente”.

“No a las macrogranjas ganaderas”

COAG se ha posicionado una vez más contra las macrogranjas ganaderas, que “ponen en peligro a las explotaciones familiares, las más importantes para el tejido económico y social del medio rural, y generan problemas sin garantizar calidad, economía , biodiversidad, y valor al producto”.

Se niegan a que se implanten macrogranjas en la región que “den al traste” con el modelo de producción ganadera actual, porque “cualquier proyecto de intereses macroindustriales traen consigo el desmantelamiento de las explotaciones familiares, lo que tendría repercusiones todavía mayores en la economía rural”. Y es que, como ha advertido la organización, “las granjas familiares son la base del tejido económico y social del medio rural en nuestra región”.

Estos defienden “las iniciativas de ganaderos locales, con cumplimiento estrictos a nivel de normativa medioambiental, bienestar animal y resto de requisitos legales”.

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