UPA-COAG se concentra contra la nueva normativa del tratamiento de purines

Solicitan la prórroga de tres años para que esta normativa entre en vigor y los agricultores y ganaderos puedan adaptar su maquinaria

Este viernes, la Alianza COAG-UPA se manifestaban frente a la Delegación de la Junta de Castilla y León en protesta de la nueva normativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que afecta a la aplicación de purines. Un decreto que entraba en vigor el pasado 1 de enero de 2018 y que establece la prohibición de vertir purín mediante sistemas de plato o abanico ni cañones o estiércoles sólidos que se obliga a enterrarlos lo antes posible.

De este modo, desde COAG anunciaban que a fecha de hoy “estamos incumpliendo con este Real Decreto” temiendo, aseguraban, que pueda haber penalizaciones en cuanto a la PAC. Por ello, en toda la región se han realizado este viernes concentraciones, ya que esto es un “problema” para todos los ganaderos, pero también para los agricultores, porque supone el incremento del “gasto económico” para las cisternas de los purines “porque hay que adaptarlas y es un sistema caro y homologado”.

Así pues, Lorenzo Rivera, presidente de COAG Zamora, solicitaba un plazo prudente para que se puedan aplicar todos estos cambios en la maquinaria y, en todo caso, se haga una excepción para Castilla y León.

Por su parte, Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León, señalaba que la normativa española va más allá de la europea y pedía la aplicación de prórrogas de tres años para que los ganaderos puedan adaptar su maquinaria. “Seguimos sin respuesta de la consejera y estamos incumpliendo la normativa, a riesgo de que a cualquier agricultor o ganadero pueda recibir una denuncia”, por ello, señalan, “necesitamos una respuesta”.

Además, González también criticaba lo restrictiva que es la norma y que ésta no aclare el nuevo sistema, ya que “no dice qué tipo de sistema sustituye al actual”. Por último, han señalado que son necesarias nuevas líneas de ayuda “porque una cisterna adaptada a los nuevos sistemas va a valer entre 50.000 y 60.000 euros y eso supone un gran inversión”. “Sacar una normativa en un despacho sin pensar en las consecuencias es una irresponsabilidad por parte del Ministerio”, finalizaba.

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