Inhabilitada la alcaldesa de Gatón por alterar el censo electoral

El Juzgado de lo Penal condena a Ana María Gago a ocho años y cinco meses de inhabilitación

FuenteEuropa Press

El Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid ha condenado a ocho años y cinco meses de inhabilitación a la actual alcaldesa en funciones de Gatón de Campos, del Partido Popular, Ana María Gago, por alterar el censo electoral en los comicios de 2015 para garantizarse la reelección, cuando, como así se comprobó a la postre, no hubiera necesitado de tal ardid puesto que su formación hizo ‘pleno’ de concejales.

En su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el juzgador considera probado que la encausada cometió un delito de alteración maliciosa del censo electoral en concurso con otro delito de prevaricación por omisión, de ahí la condena impuesta de ocho años y cinco meses de inhabilitación para el desempeño de cargo público de concejal y alcalde, medida que, no obstante, llega ya tarde por cuanto la condenada no concurría en los pasados comicios celebrados el 26 de mayo.

La condena considera acreditada la mecánica desarrollada por la regidora para asegurarse la reelección en las elecciones de 2015, ya que permitió que el censo de la villa, de tan solo 34 habitantes y 29 electores, se viera incrementado entre los días 24 de noviembre y 31 de diciembre de 2014 con otras 13 solicitudes presentadas por personas que, teniendo vinculación familiar y casa en dicha localidad, no residían de modo habitual sino que pasaban en ella periodos de vacaciones y fines de semana.

El empadronamiento, como así recoge el juez, no tenía otra finalidad que votar en aquellas elecciones y el mismo había sido tramitado por familiares directos de la alcaldesa o afines, la mayoría de los cuales se dieron de baja nada más concluir el proceso electoral celebrado en 2015, en el que la formación ‘popular’ encabezada por Ana María Gatón se hizo con los tres concejales de la corporación municipal.

A mayores del delito de alteración maliciosa del censo, la sentencia incluye un delito de prevaricación por omisión, ya que la regidora hizo caso omiso a las advertencias de subsanación de las irregularidades que fueron advertidas por la Oficina del Censo Electoral, primero el 3 de febrero y luego el 4 de marzo de 2015, tras detectar un anómalo incremento del 40 por ciento en el número de personas empadronadas.

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