Los Samaniego aseguran que “jamás ha habido queja alguna”

En 15 años de trabajos para el Ayuntamiento

Imagen del juicio. Fotografía: Europa Press

El que fuera jefe del Servicio Municipal de Mantenimiento en Valladolid desde el año 2000, Luis Alberto Samaniego, y su hijo, Luis Javier, encausados por haberse adjudicado obras menores por importe de 11,4 millones, con un sobrecoste para las arcas municipales de entre 760.000 y 2,4 millones, han defendido la legalidad de sus operaciones y lo ajustado de sus facturas y ha coincidido al señalar que en “quince años de trabajos para el Ayuntamiento jamás ha habido queja alguna”.

Padre e hijo, que comparten banquillo con un primero del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco), Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo familiar de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, han venido a indicar que la contratación de sus empresas, más de una docena, por parte del Ayuntamiento para la realización de obras menores fue absolutamente legal, una práctica habitual con sus mercantiles y otras de la competencia “de toda la vida, desde la década de los setenta”.

“Hemos estado trabajando quince años porque todos esos servicios ofrecidos eran baratos y buenos”, ha incidido Luis Alberto Samaniego, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, insiste en que “nunca jamás en la vida ha habido una queja ni se ha abierto expediente alguno porque no se hubiera ejecutado una de las obras ejecutadas o se hubiera aplicado un sobrecoste”.

El ya exjefe de Mantenimiento, quien al igual que su hijo, tan sólo ha respondido a las preguntas de los letrados de las defensas, ha justificado la externalización de muchas obras menores por parte del Consistorio en la escasa dotación de personal del mismo, con medio centenar de trabajadores, entre ellos “un único albañil que, además, no tenía hecho el curso oficial de Prevención y que por ello no se podía subir a un tejado”.

El principal encausado ha explicado el proceso de contratación de estos servicios menores, de forma que cuando surgía un problema la obra se ejecutaba con trabajadores municipales, si había disponibilidad de gente, y en caso contrario se externalizaban los trabajos con empresas privadas que a posteriori eran revisados por “mucha gente”, entre los directores de los distintos servicios y el encargado de Mantenimiento.

Aunque el informe sobre las facturas objeto de investigación imputa más de 1.300 a Luis Alberto Samaniego, éste, durante su declaración, ha alegado haber firmado únicamente 150, de las que 88 son señaladas por los técnicos municipales como irregulares, bien porque no responden a trabajos ejecutados o bien porque cuentan con presupuestos ‘engordados’, con la particularidad, ha censurado el procesado, de que en un 20 por ciento de los casos los peritos ni siquiera han visto las obras ‘in situ’ y las han valorado en horas.

En la misma línea, su hijo, Luis Javier, asegura que “siempre se han ejecutado todos y cada uno de los trabajos recogidos en las facturas” y precisa que las obras recibidas por las empresas del clan familiar no sólo procedían de su padre sino que también eran solicitadas por el encargado de Mantenimiento entre 2008 y 2010, Julián de Pedro Peláez, y luego por su sucesora, María Jesús de Benito. “Nuestras empresas compartían espacio físico para ahorrar costes pero no se ponían de acuerdo entre ellas para repartirse las obras”, ha asegurado Luis Javier.

Informe carente de rigor

El procesado ha utilizado la mayor parte de su intervención, a preguntas de su abogado, para tratar de desmontar el informe de los técnicos municipales, por falta de rigor, sobre más de 1.300 facturas atribuidas a su padre y que, como así denuncia, recogen supuestos sobrecostes porque se incluye el IVA y no se han tenido en cuenta numerosos factores, entre ellos el beneficio industrial, gastos de seguridad y salud, gestión de residuos, costes indirectos…etc.

Pero además, Luis Javier se ha quejado amargamente de que dicho informe realiza valoraciones sin haber comprobado el estado original de la obra ni cuantificar los gastos del trabajo, como la retirada de unos nidos de cigüeña en el Archivo Muniocipal; sin siquiera saber dónde se encuentra el edificio objeto del trabajo realizado o incluso confundiendo el escenario, como en el caso del vallado efectuado en la calle Peña Vieja con un coste de casi 14.000 euros que los técnicos consideran no realizado tras visitar el Polígono El Peral, “donde no hay ninguna calle con ese nombre”.

En otros casos, censura el acusado, los técnicos hablan de coste de mercado y lo califican también de sobrecoste. “¡Vamos a ver, si es precio de mercado como me dicen que hay sobrecoste!”, pregunta el hijo del exjefe de Mantenimiento, quien también ha tilado de “irrisoria” la tasación de 467 euros que los autores del informe realizan por unos trabajos de retejado de una nave municipal, sin percatarse de que además se incluía la reparación del hundimiento del techo, vallado de la zona y otros gastos complementarios.

Otro de los acusados, Antonio Bernardo Samaniego, primo de Luis Alberto Samaniego, ha sido interrogado sobre las distintas empresas creadas y los trabajos recibidos del Ayuntamiento, labores que, como así ha llegado a indicar, no sólo no le reportaron beneficio sino que supusieron “pérdidas en ocasiones que había que asumir debido a que el sector por aquel entonces se hallaba en situación de crisis”.

Antes del inicio de la vista, la defensa de Luis Alberto Samaniego ha tratado, sin éxito, de que la Audiencia de Valladolid acordara la nulidad de actuaciones tras alegar la indefensión de su patrocinado por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

Como razón fundamental entre otros motivos, el defensor ha criticado el hecho de que el encargado de Mantenimiento entre los años 2008 y 2010, Julián de Pedro Peláez, cuyo testimonio entiende “fundamental”, no ha llegado a declarar en fase de instrucción ni tampoco lo hará en el acto del juicio oral, a pesar de que se encuentra al mismo nivel que Luis Alberto Samaniego en cuanto a que intervinieron en similar número de facturas, informes y adjudicaciones de obra.

Entre 35 y 45 años de cárcel

El juicio prosigue este miércoles. Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

En concreto, la acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel–en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público–, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

El Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pide para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros.

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