La Fiscalía aumenta la petición de condena por traficar en Peñafiel

Aplica una subida de pena a uno de los acusados y rebaja las de otros dos

FuenteEuropa Press
Audiencia de Valladolid.

La Audiencia de Valladolid ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra los cuatro presuntos implicados en un delito de tráfico de drogas a partir del club de alterne ‘El Castillo’ de Peñafiel, después de que la fiscal del caso modificara al alza la petición de condena para uno de ellos y rebajara las solicitudes para otros dos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La que no ha variado es la que uno de los cuatro encausados, Sergio S.G, vecino de Cigales y supuesto proveedor de los anteriores, ya pactó el primer día de juicio con la acusación pública y que se sitúa en cuatro años y medio de prisión por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, frente a los ocho años y nueve meses a los que se exponía inicialmente.

Con respecto a sus otros tres compañeros de banquillo, Enrique G.J, Noé B.J. y la trabajadora del referido prostíbulo Flor María V.T, vecinos de Peñafiel y a los que la acusación pública pedía cinco años y nueve meses de privación de libertad, el primero de ellos ha visto cómo la solicitud final se elevaba a un total de seis años y nueve meses, que en el caso de los otros dos ha sido rebajada a cuatro años y tres meses.

En su alegato final, la acusadora pública considera probado que el acusado confeso, Sergio S.G, aprovisionaba de cocaína al también procesado Enrique G.J. y éste distribuía la mercancía en el club de alterne de Peñafiel entre trabajadoras y clientes gracias a la colaboración de Flor María, empleada del mismo, y contando con la colaboración, en tareas de contravigilancia, del también vecino de esta misma localidad Noel B.J.

Las defensas, al igual de lo que hicieran el primer día del juicio en la fase de cuestiones previas, además de solicitar la absolución de sus clientes alegando que se trata únicamente de consumidores de droga–Noel es el único que ha dicho que no consumía–, apelan a la nulidad tanto de las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil como de los registros practicados en sus domicilios y el club, ya que tales investigaciones parten de unas pesquisas anteriores que nada tienen que ver con estos hechos y que se centraban en el homicidio de un octogenario de la localidad que apareció maniatado en su domicilio tras un intento de robo.

La geolocalización de los teléfonos que estuvieron operativos el día del crimen en la zona y en la franja horaria en la que se cometió el mismo condujo al móvil de Enrique G.J, y a partir de ahí el ‘pinchazo’ del mismo por los agentes permitió la escucha de una serie de conversaciones entre él y la empleada del club que indujeron a los investigadores a pensar que el trasfondo no era otro que el tráfico de drogas.

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