Piden la dimisión de los responsables políticos de Meseta Ski

FuenteEuropa Press
Los grupos que han pedido la dimisión en Meseta Ski. Fotografía: Europa Press.

Los grupos provinciales PSOE, Sí Se Puede (SíVa) y Toma la Palabra (TLP) han presentado este martes la documentación de la Comisión de Investigación de Meseta Ski ante la Fiscalía con el fin de que sea este órgano el que aclare la existencia o no de posibles delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y contra la ordenación del territorio, tal y como ellos creen.

Además, han pedido la dimisión de sus responsables políticos, el diputado Rodrigo Ruiz Medrano y el presidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), Alfonso Centeno, así como la disolución de esta entidad.

En concreto, han sido los diputados Pedro Pablo Santamaría (PSOE), Esther Mínguez (TLP) y Héctor Gallego (SíVa) quienes han acudido a la sede del Palacio de Justicia en la capital vallisoletana como un «primer paso» previo a la exigencia de responsabilidades políticas, tal y como ha señalado Gallego.

Por su parte, Santamaría ha recordado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que en la última reunión de la Comisión de Meseta Ski, «la decisión ha sido que no haya conclusiones» y culpa de ello a PP y Ciudadanos. «Después de más de un año de reuniones, la conclusión es que no hay conclusiones porque ellos no han querido», ha lamentado el portavoz adjunto del PSOE en la Diputación y ha afirmado que «no van a entrar en su juego».

Según han indicado los tres grupos a través de un comunicado, entre las razones que justifican la presentación de la documentación ante la Fiscalía figuran la ocultación del volumen de las obras pretendidas para eludir los controles que exigía la ley de contratos, lo que afectó también a la licencia pues, como se ha sabido en los últimos meses, se solicitó y se obtuvo para una obra mucho menor y diferente de la que finalmente se hizo. Además, han recordado que esta obra se intentó legalizar con la tramitación en las Cortes de la correspondiente ley para su consideración como Proyecto de Interés Regional, norma que fue «tumbada» por el Tribunal Constitucional.

Este hecho, sumado al de la demolición de las obras, lo que conllevó la pérdida de la inversión realizada, podrían ser las causas de la presunta malversación de fondos públicos y del presunto delito contra la ordenación del territorio, recuerdan los grupos.

En los últimos meses, agregan, también se ha podido comprobar que se realizaron obras aunque no se sabe con certeza quién las mando ejecutar –según las investigaciones realizas por la Comisión hay indicios de que pudo ser el presidente de Sodeva–, y que la obra se licitó con unas bases de contratación aunque el contrato firmado fue diferente y beneficiaba muy favorablemente al contratista, lo que se realizó sin pasar por el Consejo de Administración de Sodeva, donde están representados los grupos de la oposición.

Además y en el caso de las certificaciones, les resulta «llamativo» que casi dos tercios de ellas se hicieran con la obra parada, lo que podría responder al deseo de que el Consejo de Administración no conociera el verdadero volumen de las obras ejecutadas.

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