El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resuelve a favor del Ayuntamiento de Zamora el recurso presentado por Ortiz Construcciones por el contencioso del Aparcamiento de Reyes Católicos y le impone las costas. El recorrido de la demanda acaba aquí, ya que no hay recurso posible.
El Ayuntamiento de Benavente ha cerrado el último capítulo de la batalla legal interpuesta por uno de los bomberos no profesionalizados, que el Parque del Servicio de Extinción de Incendios mantenía antes de comenzar la elección mediante funcionariado, impuesta por la actual corporación municipal.El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón al Consistorio benaventano a la hora de prescindir de los servicios de este bombero sin titulación, que formaba parte de los Servicios de Extinción de la ciudad, en la época en la que estos se elegían "ha dedo y por caciquismo" con las corporaciones del Partido Popular, según recuerda el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Marcos. Y es que, desde la llegada de la coalición PSOE-IU al equipo de Gobierno de Benavente, el Ayuntamiento iniciaba una tranformación de su Parque de Bomberos, donde sus efectivos comenzaban a incorporarse a sus puestos en base a criterios profesionales y previo examen de acceso, para convertirse en funcionarios del Consistorio.
La Sala de Gobierno del TSJCyL ha tomado conocimiento e informado favorablemente al CGPJ de la propuesta realizada por las magistradas titulares de los Juzgados de lo Social de Burgos, consistente en solicitar una medida de refuerzo para atender debidamente los procedimientos judiciales, dada la situación de retraso ya existente y la previsible masiva presentación de demandas por el Covid-19. En concreto, el TSJCyL ha dado traslado al CGPJ con carácter de urgencia de la propuesta para que se apruebe la incorporación de un juez/magistrado en comisión de servicios con relevación de funciones, o subsidiariamente un juez de adscripción territorial o un juez sustituto. Dicho refuerzo asumiría el 25% de los asuntos de cada uno de los tres Juzgados existentes - tanto de los de nuevo ingreso como de los contenidos en la propuesta -, de las demandas pendientes de señalar a 15 de marzo (890) y de las demandas registradas del 15 de marzo al 7 de mayo (243). En principio, la medida tendría una duración de un año, debiendo informarse trimestralmente de la evolución de los órganos judiciales reforzados. En cuanto al espacio físico que ocuparía el juez de refuerzo, la Sala traslada la propuesta a la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia para que la estudie.
Si bien es cierto que tras más de medio siglo de relación con este hombre, que durante el juicio fue calificado como "de carácter fuerte, autoritario, de los de ordeno y mando, en expresión popular 'chapado a la antigua' y cierto grado de agresividad", el maltrato había sido continuado y diario.Agresiones físicas y verbales que durante 57 años ejerció este hombre y que se vieron agravadas por sendos abusos sexuales desde que, "en fechas no concretadas" el condenado y la víctima "pasaron a dormir separados", cuando era frecuente que el condenado llamase a la víctima "para que acudiera a su habitación a mantener relaciones sexuales, accediendo ésta de mala gana para no contrariar a su marido".En la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia se admitió como único abuso sexual la noche del 23 de julio de 2017, cuando el hombre pidió a la vícitma que acudiera a su habitación "con la intención de mantener relaciones sexuales", pero com como esta no accedió, "fue en su busca y cogiéndola de las manos la llevó a su habitación donde mantuvo relaciones sexuales".Una terrible experiencia por la cual, al día siguiente y ante la sospecha de que se repitiera el abuso, la mujer trató de huir del domicilio, y mientras el acusado cerraba la puerta delantera de la casa, ella conseguía salir de la misma por la saluda trasera. Momento en el que uno de los hijos de la pareja encontraba a su madre "sofocada" fuera de la casa, y al interesarse por ella, su propio padre salía del domicilio para amenazar de muerte a la víctima, por lo cual el propio hijo denunciaba la situación a la Guardia Civil.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado este martes la condena, a un anciano de 85 años, a doce años de prisión por agredir sexualmente a dos menores de ocho y nueve años.La resolución emitida del TSJCyL, recogida por Europa Press, ratifica la condena de los hechos que se produjeron en septiembre del año 2017, aunque deja abierto el recurso de casación por infracción de ley por quebrantamiento de forma.En la misma, se prueban los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2017 en una localidad de la provincia de León, cuando las dos menores estaban jugando con unas muñecas en la puerta de la casa del condenado, que invitó a las niñas a entrar, a lo que en principio se negaron.Tras la negativa inicial, al insistir el acusado, y por la confianza que tenían con él por ser vecinos, familia y haber estado en su casa varias veces con sus padres, terminaron accediendo y las niñas se pusieron a jugar en la cocina con sus muñecas mientras que el anciano se sentó a comer una manzana.En un momento determinado, cogió a la niña de 9 años y comenzó a tocarle sus partes y la metió la mano por el mono que llevaba puesto y a pesar de que la menor intentó soltarse porque la hacía daño no podía ya que la tenía agarrada con fuerza.
El presidente del TSJCyL ha ordenado a los encargados de los registros civiles que se vele porque las certificaciones médicas de defunción que se presente en el Registro Civil "contengan la expresión de las causas de la muerte, no sólo inmediata o intermedias, sino la causa inicial o fundamental, con el fin de asegurar en la medida de lo posible en lo sucesivo una identificación lo más precisa de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el coronavirus COVID, si no se recogiera específicamente esta conclusión en la certificación".
El Tribunal apela a la relación existente entre el hombre con su hijo, discapacitado, para concluir que, "la existencia de afectividad del hijo con el padre impide que procedamos a expulsar al padre del menor por la existencia de una sola condena penal, puesto que, siendo el menor español, es de directa aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 240/2007, sin que se pueda privar a este menor de la afectividad de su padre".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado en favor de la Junta de Castilla y León y contra el Ayuntamiento de Salamanca en una sentencia en relación a un problema con el pago del IBI y la tasa de recogida de basuras de las viviendas de protección civil del barrio de Buenos Aires. De hecho, según recoge la sentencia, se estima el recurso de la Administración autonómica contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Salamanca y se exonera a la Junta del pago de los citados impuestos y tasas, aunque la sentencia todavía es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo o la Sección de Casación en el TSJCyL. Así, el Tribunal recoge que el Ayuntamiento deberá reclamar los pagos a los propietarios de los pisos después de que le exigiera el pago a la Junta en base a la anterior sentencia.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, reunida este miércoles en Comisión a través de videoconferencia y servicio de telefonía, ha adoptado nuevas medidas para combatir la propagación del coronavirus, como la puesta en marcha de turnos rotatorios y el teletrabajo.
La Sala de lo Civil y Penal califica los hechos como un delito de abuso sexual y aprecia como atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la menor