En este sentido, CSIF reclama al Gobierno una adecuada financiación de las mutuas.Y es que esta situación contraviene lo establecido en la citada Orden y la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para ampliar la capacidad de detección precoz, y de seguimiento y vigilancia de los contactos estrechos de los casos confirmados.Al día de hoy, tras 10 días desde su aprobación, "no se ha establecido" un protocolo de coordinación entre las mutualidades con Salud Pública para la comunicación, asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica según indica la Estrategia de Diagnóstico, vigilancia y control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19 según el Ministerio de Sanidad. Además, CSIF reitera que para garantizar una desescalada segura "debe incluirse con carácter general" la realización de pruebas PCR, ya que para garantizar la salud y romper la cadena de contagios es necesario hacer pruebas diagnósticas a todas las empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las fases de desescalamiento, por ello seguiremos exigiendo al Ministerio de Sanidad que se establezcan dichas pruebas en los manuales de procedimiento.
Para debatir sobre políticas de empleo tras la crisis
Comisiones Obreras y UGT han reiterado su preocupación ante una decisión que se adelantó al plan de desescalada del Gobierno aprobado en el último Consejo de Ministros y que por añadidura "contradice claramente los criterios de prudencia y gradualidad que marcan el plan del Ejecutivo".Los sindicatos han insistido en que el plan de Correos supondrá la práctica actividad total en el plazo de una semana, algo que consideran "precipitado y arriesgado" tanto para los trabajadores como para la propia ciudadanía, ya que se abrirán las oficinas de atención al público en horario completo y se movilizarán los miles de carteros y carteras. En este sentido, CCOO y UGT recuerdan que el colectivo de Correos cuenta con la mayor incidencia de casos de coronavirus, tras el personal sanitario, con más de 3.000 casos y 900 positivos y más de 2.200 en cuarentena en todo el Estado, según las cifras remitidas por la empresa a las organizaciones sindicales el 13 de abril, "fecha desde la que el presidente de Correos ordenó que no se proporcionen informes del coronavirus entre la plantilla a pesar de haber recibido indicaciones de SEPI y Fomento en sentido contrario". Además, continúan, la empresa "no ha aclarado los lugares en que se han distribuido miles de mascarillas defectuosas entre la plantilla, sin que se hayan tomado medidas de ningún tipo para evaluar las consecuencias de tal distribución, y antes al contrario adelantó a los representantes de los trabajadores que no realizará test de ningún tipo". Finalmente, CCOO y UGT han calificado de lamentable que la cúpula directiva de Correos haya utilizado el "chantaje y el miedo para presionar a los trabajadores o haya puesto la excusa de una supuesta presión de grandes clientes para condicionar la imposición de una precipitada desescalada.
Iveco y los sindicatos han mantenido este miércoles la segunda reunión para la negociación de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), por causas técnicas y organizativas, que quiere presentar la empresa para cubrir el periodo entre el final del estado de alarma y el 30 de junio
Asimismo, seguirá proveyendo de mascarillas y otros elementos de protección a los empleados que lo necesiten en el ejercicio de su trabajo.
El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, junto a la primera teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez; el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez; el concejal de Promoción Económica y Oportunidades de Inversión, Juan José Sánchez, se ha reunido este lunes con los representantes de Comisiones Obreras (CCOO), UGT y CSIF, respectivamente, para conocer sus propuestas de cara a la reactivación económica en la desescalada. En estos encuentros telemáticos el Ayuntamiento y los sindicatos han coincidido en la necesidad de pedir al Gobierno que elimine la tasa de reposición de efectivos en los ayuntamientos, al menos, en aquellos que han cumplido las reglas fiscales, como es el caso de Salamanca.
Entre ellas, mañana mismo se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras de las subvenciones de la Consejería de Empleo e Industria por las que se amplía la tarifa plana para los autónomos, con el objetivo de que los trabajadores por cuenta propia continúen pagando 60 euros de su cuota durante seis meses.
Ante las críticas de los sindicatos, la Junta recuerda que el pasado jueves 16 de abril el Consejo de Gobierno aprobó un decreto-ley de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, que aglutina la mayoría de las ayudas y apoyos pactados en el marco del Consejo del Diálogo Social el pasado 25 de marzo, y que tendrá que ser convalidado por las Cortes el próximo viernes.
La marca del rombo ha marcado en el próximo 29 de abril la vuelta al trabajo