De ellos, 10.000 millones recaerán en la economía española, aunque sólo 335 millones recalarán en las arcas de Castilla y León.Este reparto – fruto de interpolar la riqueza de cada Comunidad, el impacto de la pandemia en el desempleo y el paro juvenil – genera importantes desequilibrios y una distorsión que no tiene en cuenta las variables territoriales, como las que afectan a Castilla y León.Obvian la dispersión, el envejecimiento de la población o la prestación de servicios como la Educación, la Sanidad o la atención social, y otros datos macroeconómicos como la tasa de Actividad, el Índice de Competitividad, el gasto en I+D+i, la brecha digital o la extensión de la banda ancha.Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha urgido a Moncloa a que, dada la flexibilidad que la propia Comisión ha ofrecido a los distintos gobiernos nacionales, que “ajuste la recepción de estas partidas a las necesidades financieras vinculadas a la prestación de los servicios públicos esenciales y a los objetivos establecidos por el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo europeo en el reparto y ejecución de estos fondos.La procuradora de Cs por Burgos, Blanca Negrete, ha lamentado “la visión uniforme” del Gobierno de la nación en la aplicación y extensión de estos fondos. “Los criterios que aplica Moncloa parecen olvidar una vez más a la España vaciada: el sobresfuerzo que ha hecho la administración de Castilla y León en la atención de los servicios básicos, puestos al límite por la pandemia, necesita de más medios para poder recuperar nuestra economía y nuestro futuro”, ha concluido.
