Renta Garantizada de Ciudadanía

La Junta se compromete a analizar la evolución del Ingreso Mínimo para que no haya familias perjudicadas
Explica en una reunión del Diálogo Social que la medida del Gobierno no cumple las expectativas y en la mayoría de los casos no suple a la RGC
La Junta indemiza a 267 familias por las pérdidas sufridas al reconocerles el Ingreso Mínimo Vital y percibir una prestación menor

El borrador del anteproyecto se colgó en Gobierno Abierto el pasado 9 de agosto, pero hasta que se apruebe por las Cortes de Castilla y León la ley y permita compatibilizar la percepción de ambas prestaciones, la estatal y la autonómica, se ha tenido que suspender, de acuerdo a la normativa actual, el pago de esta prestación a esas unidades familiares a las que se las ha reconocido el ingreso mínimo vital, por lo que se hace necesario compensar económicamente a estas personas por las pérdidas producidas como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital a través de la concesión directa de estas subvenciones.

La Junta inicia la modificación de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía para asegurar la cobertura antes de implantarse el Ingreso Mínimo Vital

Desde el 15 de junio, fecha en la que se abrió el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha puesto en marcha una serie de actuaciones para tener informados a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía; entre ellas, el envío de una carta informativa con la repercusión del Ingreso Mínimo en la Renta de Castilla y León, la coordinación con el 012, corporaciones locales y entidades del tercer sector para orientar y prestar apoyo a los perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, y la habilitación de cauces específicos de información en las gerencias territoriales de servicios sociales de cada provincia para labores de apoyo y asesoramiento, lo que demuestra la implicación de la Junta de Castilla y León con sus ciudadanos.