De este modo, el Juzgado de lo Penal 1, que durante meses estuvo cubierto por un juez sustituto tras la jubilación de la anterior titular, cuenta ahora con un nuevo magistrado titular, que se incorporó en febrero, y con una magistrada de refuerzo. Ésta última disfrutará de una comisión de servicio con relevación de funciones (abandona su destino habitual para dedicarse en exclusiva a este juzgado) durante seis meses y asumirá los asuntos pendientes de señalamiento, que a finales de 2019 eran 243. Funcionarios, sin prolongación de jornada El plan de refuerzo incluía una petición de prolongación de jornada de toda la plantilla del juzgado, que en la actualidad está compuesta por dos gestores, cuatro tramitadores, uno de ellos de apoyo, y dos funcionarios de auxilio. Sin embargo, esta solicitud del órgano judicial, que fue informada positivamente por la Sala de Gobierno del TSJCyL para que los funcionarios trabajaran también por la tarde y obtener así el máximo aprovechamiento de la incorporación de un segundo juez, ha sido rechazada por el Ministerio de Justicia por falta de disponibilidad presupuestaria. Según las estadísticas, el Juzgado de lo Penal 1 de Ávila, ingresó en 2019 374 procedimientos abreviados.
El Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca, encargado del caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, ha acordado de manera firme el sobreseimiento libre y archivo de los delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación o suplantación de personalidad, y otros posibles ilícitos en el proceso electoral de primarias que el Partido Popular celebró en Castilla y León en 2017. Sin embargo, y en base al auto de la Audiencia Provincial tras el recurso por el archivo de la causa por la presunta financiación ilegal, el Juzgado ha decreatado su reapertura para comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal del partido. Para ello, se ha acordado que el próximo 30 de julio a las 10 horas se tome declaración como testigo a A.G.V., así como el siguiente día a la misma hora a C.G.B.C. Más allá de ello se reclama al PP de Salamanca que se aporte en el plazo de 30 días los nombres, apellidos y cargos de los que hayan efectuado las donaciones objeto de la causa, la cantidad donada y la justificación documental del movimiento bancario o la declaración jurada. También se ha pedido al PP en el mismo plazo de 30 días la identificación anonimizada del militante "cuyas cuotas han sido sufragadas por las donaciones objeto de esta causa", la cantidad a la que ascendían estas cuotas adeudadas y la justificación documental. Todo esto llega después de que el pasado mes la Audiencia Provincial acordara "seguir adelante la investigación penal, con libertad de criterio del juez instructor, encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de partido político o, por el contrario, tan sólo existe un pago de deuda ajena”.Lo hacía un año después de que el Juzgado de Instrucción número dos de Salamanca abriera diligencias por la posible existencia de un delito de coacciones, de financiación ilegal de partido político y de falsedad documental en documento oficial después de una denuncia anónima. Sin embargo, poco después archivó la causa ya que, a juicio del responsable, las acusaciones estaban realizadas “de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”. La denuncia relataba presuntos hechos acaecidos en Salamanca con las elecciones primarias del PP de Castilla y León celebradas el 18 de marzo de 2017 y el motivo de la denuncia anónima era, según refería el propio denunciante, "por la gravedad de los hechos". Así, se admitió la denuncia y se abrieron diligencias previas decretándose el secreto de las actuaciones que se levantaron poco después con el sobreseimiento de la causa tras tomar declaración a varios militantes populares como los exconcejales del Ayuntamiento de Salamanca Enrique Sánchez-Guijo o Cristina Klimowitz, así como a la exdiputada provincial y concejala en Santa Marta, Chabela de la Torre. A través de estas declaraciones "coherentes, coincidentes, convincentes, y creíbles", el mismo Juzgado de Instrucción, entre otras razones como la entrega del listado de los afiliados al corriente de pago por parte del PP, decidió archivar la causa. A ello se presentó un recurso por parte del Foro de Izquierdas-Los Verdes, que se personó en la causa anteriormente, en base a que se debían continuar las causas por los tres presuntos delitos presentados, aunque la Audiencia solo admitió la apertura del caso de la financiación ilegal.
El Juzgado Contencioso Administrativo de Valladolid ha adoptado medidas cautelares urgentes y dicta un auto en el que suspende “de manera inmediata los acuerdos adoptados” por Alfredo Escaja sobre el cese de Enrique Ruiz y Andrés Pérez Santamaria como presidentes de los Colegios Oficiales de Enfermería de Ávila y Zamora, respectivamente. El magistrado suspende también todos “los acuerdos posteriores” que sean consecuencia del cese de los presidentes de Ávila y Zamora y “afecten al censo y al proceso electoral”.Desde el Colegio de Enfermería de Zamora celebran dicha decisión judicial y recuerda que ambos afectados encabezan una candidatura a las elecciones al Consejo de Castilla y León, que "contaba con el respaldo mayoritario del censo electoral: seis de los nueve colegios provinciales que en total superan el 50% del total de colegiados necesarios para ganar unas elecciones".
Ante los datos de infección de los profesionales sanitarios, muy superior al que presentan otros países y la situación crítica en la que se encuentran los médicos de Castilla y León por la falta de equipos de protección, CESM Castilla y León presentó la semana pasada demanda cautelarísima ante los juzgados de lo social de todas las provincias de Castilla y León.
La Audiencia de Burgos ha acordado el cierre cautelar del Juzgado de Lerma al constatar que un trabajador presenta síntomas compatibles con la enfermedad del coronavirus
El Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca ha estimado parcialmente la petición de medidas cautelares presentada por el sindicato Comisiones Obreras
Los hechos tuvieron lugar en 2017
Está acusado de delitos de tentativa de homicidio, lesiones y atentado a la autoridadc
Desde el Ayuntamiento se alega, no obstante, que el recurrente no impugnó en su momento la caducidad de la licencia de obra y ambiental, y que el contrato, de naturaleza administrativa especial, prevé expresamente la reversión de las edificaciones existentes en el caso de incumplimiento por parte del contratista y "que no se puede obtener un beneficio de un incumplimiento".
El Juzgado de Zamora ha archivado la denuncia de Ciudadanos contra el alcalde de la capital, Francisco Guarido por un supuesto delito electoral por un comentario pubicado en su cuenta de Facebook al hilo de la recreación de la Batalla de Stalingrado en la ciudad de Zamora, donde se podía leer "los ciudadanos, con su voto, deben parar a los fachas", en referencia a las Elecciones Generales que se celebraban al día siguiente.
Acto seguido, huyó a pie por diversas calles de la localidad de Arroyo de la Encomienda y al verse acorralado por el dispositivo policial montado en el instante del atraco, logró entrar a un garaje comunitario donde se despojó de parte de la ropa y del arma utilizada.Estos efectos fueron encontrados debajo de un vehículo del citado garaje y fueron enviados para su análisis al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil.Desde ese instante se inició la denominada 'Operación Atlander' y centró los esfuerzos en localizar posibles sospechosos en función de las imágenes de la sucursal y de las manifestaciones tanto de los trabajadores de la propia entidad como de vecinos de la localidad.