También el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha realizado un llamamiento para remover la conciencia de los jóvenes: “Ahora más que nunca, los jóvenes son los responsables de la salud de sus padres, más que nadie”. La responsable de Sanidad les ha pedido un “cuidado máximo”, al tiempo que ha reconocido que son “muchísimos los que lo están haciendo muy bien, que saben que no hay que hacer botellón, que guardan las distancias y usan las mascarillas” .
Se archiva así la denuncia presentada por la Asociación 'El Defensor del Paciente', en la que se hacía eco de lo señalado en noticias de algún medio de prensa".Hoy se ha notificado a la Administración autonómica, a través de sus Servicios Jurídicos, el Decreto de 25 de junio de 2020 por el que, tras diversas actuaciones, se archivan las Diligencias de Investigación que se abrieron por la Fiscalía Superior de Castilla y León, en relación con una supuesta orden de la Junta de Castilla y León de no trasladar a los ancianos enfermos de las residencia a los hospitales para ser tratados por el COVID-19, en sendos documentos administrativos fechados a finales del mes de marzo y de mediados del mes de abril.La Dirección de los Servicios Jurídicos trasladó a la Fiscalía Superior toda la documentación necesaria elaborada por el SACyL de la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades durante el pico de la pandemia, entre la segunda quincena del mes de marzo y el mes de abril, que le permitieran rechazar los hechos denunciados, y que acreditaban que en ningún caso se produjo una prohibición de traslado de los mayores a los hospitales, y se garantizó la debida asistencia y atención sanitaria en las propias residencias.Ahora la Fiscalía Superior de Castilla y León archiva la denuncia en "un amplio, extenso y fundado Decreto, señalando que no cabe hacer denuncias genéricas, es decir, que no se puede plantear la realización de investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una Administración y la formulación de denuncias prospectivas, intentando justificar la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, sin aportar un indicio objetivo de su realidad".Desde la administración regional se señala que tampoco la conducta descrita, de existir, sería constitutiva de un deber de auxilio hospitalario del artículo 196 del Código Penal, ya que "es un delito de omisión de carácter doloso –que de modo consciente se deniegue la asistencia sanitaria requerida o se abandone el servicio-, que se cometa por un profesional de la sanidad, y que haya conllevado un grave riesgo para la salud".
Aplica un completo plan tutorizado que toca aspectos relacionados con el negocio, la tecnología, la financiación, la gestión, el networking, el márketing, la comercialización y la instalación en espacios adecuados a cada empresa.La Aceleradora ya ha impulsado, en total, 163 nuevas empresas innovadoras que prevén generar 571 empleos con una inversión estimada de 26,4 millones de euros y la captación de financiación externa de 12,2 millones de euros.Entre los casos de éxito de la Aceleradora del ICE se encuentran empresas como Naturae, la primera biofactoría de Europa, que obtiene productos naturales, basados en biotecnología y ecología, a partir de cultivos propios; Beonprice, con soluciones tecnológicas para gestionar precios, reservas y ventas en hoteles, con oficinas en México, Miami, Colombia y San Francisco; Sociograph, consultora neurocientífica especializada en comunicación, con tecnología propia capaz de medir los procesos grupales de atención y emoción; Mealfood Europe, primer centro autorizado en España para producir y comercializar materias primas basadas en insectos, con alianzas comerciales con empresas líderes a nivel europeo; Atlas Innovative Engineering, con soluciones innovadoras de inspección, inventario y análisis de activos en los sectores de empresas de servicios públicos, infraestructuras y medioambiente y trabaja para grandes clientes energéticos; o Ficosterra, especialista en agricultura orgánica, que transforma algas para regenerar el suelo y optimizar los rendimientos agrícolas.
El Boletín Oficial de Castilla y León recoge hoy la publicación de sendas órdenes por las que se resuelven convocatorias de subvenciones en materia de inmigración, correspondientes al año 2020, para la realización de proyectos integrales -dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes- y proyectos interculturales -dirigidas a Asociaciones de Inmigrantes de Castilla y León-.En la redacción de ambas resoluciones se acuña que pese a las limitaciones ocasionadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma, resulta necesario resolver estas convocatorias al ser medidas que permiten frenar el impacto social, económico y cultural derivado de la pandemia del COVID-19, puesto que facilita a la población inmigrante -colectivo vulnerable en riesgo de exclusión social- realizar determinadas actuaciones con el objeto de ejercer en condiciones de igualdad los mismos derechos que los reconocidos a los ciudadanos de Castilla y León.Es reseñable destacar que en las resoluciones de estas convocatorias gestionadas por la Dirección General de Acción Exterior se advierte de que las actuaciones subvencionadas deberán realizarse cumpliendo las medidas preventivas y de seguridad que en cada momento adopten las distintas Administraciones Públicas como consecuencia de la COVID-19.Las subvenciones dirigidas a las entidades locales se conceden al Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 35.000 euros, para su Plan de convivencia intercultural “Valladolid, ciudad de convivencia”; al Ayuntamiento de León, 20.000 euros, para su iniciativa “Incluyendo: Ciudad diversa IV”; al Ayuntamiento de Aranda de Duero, 8.500 euros, para su proyecto de gestión de la diversidad; y al Ayuntamiento de Benavente, 5.000 euros destinados a “Inmigración, ciudadanía y política municipal”.Las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro y asociación de inmigrantes ascienden a 228.229 euros: 132.229 euros, concedidos en una primera fase de valoración; y otros 96.000 euros, en una valoración posterior.
La Delegación Territorial de la Junta en León continúa con la labor de distribuir todo el material sanitario de protección individual, remitido por parte de la Junta de Castilla y León, a las diferentes agrupaciones comarcales de voluntarios de Protección Civil, a Policías Locales y a los Bomberos de la provincia que están trabajando como servicios esenciales en el actual estado de alarma provocado por el coronavirus.
Por primera vez, esta técnica, autorizada desde el año 2018 por el Ministerio de Agricultura, se realiza a través de una comercialización regulada, al igual que otros medios de defensa fitosanitaria
Suman un total de 85,9 millones de euros
Entre ellas, ha reiterado el aplazamiento de impuestos y la extensión de ertes en algunos casos más allá del estado de alarma.Asimismo, fondos específicos y extraordinarios, ya que como ha destacado el presidente, Castilla y León necesita conocer los recursos con los que va a contar para poder avanzar en la planificación de la recuperación.Medidas económicas puestas en marcha por la JuntaAdemás de las medidas de liquidez y crédito, aplazamiento de impuestos, y las distintas ayudas para pymes y autónomos, para los desempleados, de conciliación, de prevención, también se ha puesto en marcha una batería de medidas para el comercio.Entre ellas, el presidente ha destacado las ayudas a las pymes comerciales afectadas por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las subvenciones a la promoción comercial y al tejido asociativo, ambas incluidas en el Decreto-ley.Además, la creación de un apartado específico en el Portal del Comerciante de Castilla y León con información a los comerciantes sobre el COVID-19; la elaboración del documento "Preguntas y respuestas más frecuentes en relación con las medidas adoptadas en el ámbito comercial como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".Asimismo, se ha elaborado un Directorio de establecimientos comerciales que realizan entrega a domicilio en Castilla y León y, para velar por el cumplimiento de los derechos de los consumidores, se realizará una campaña de vigilancia de precios y de control de prácticas comerciales en el comercio electrónico en el estado de alarma por COVID-19.El presidente ha subrayado que la Junta va a seguir impulsando medidas para facilitar la recuperación y el reflote de empresas. Por último, Fernández Mañueco ha destacado la valentía y el empuje del pequeño comercio ante un fuerte golpe que está dejando a muchas empresas y trabajadores en una situación complicada.
Además, durante este periodo, El Corte Inglés también presta su colaboración a las Hermanitas de los Pobres, entregando productos de alimentación para ayudar a atender las necesidades de los residentes en la Casa que la congregación posee en Salamanca.
Entre los actos en los que se sustituye la función interventora por el control financiero se encuentran todos aquellos actos de contenido económico que se deriven de la gestión de prestaciones económicas derivadas de la ley de dependencia; la renta garantizada de ciudadanía; las indemnizaciones de saneamiento ganadero; la prestación económica para el apoyo a familia extensa, ajena y especializada acogedora de menores protegidos; el concierto en plazas de servicios sociales para personas mayores y personas con discapacidad; los conciertos para atención residencial de menores en protección; y las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez.