Tras negarse a realizar el pago en un proceso monitorio al alegar que había abonado estas cantidades en mano
La Asociación de Hostelería se ha reunido de manera telemática también con concejales y procuradores del PSOE por Salamanca para trasladarles "la incertidumbre y la situación que afecta de forma directa a todos los establecimientos de hostelería" después de medidas que se consideran "en algunos casos insuficientes y en otros poco acertadas".Así, han presentado varias propuestas como la flexibilización de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) hasta marzo 2021 así como, la clarificación con rotundidad de la no aplicación del plazo de seis meses del mantenimiento del empleo desde la fecha de reanudación de la actividad, control de las cláusulas abusivas incluidas en los contratos de distribución entre hoteles y agencias de viaje online en general, revisión del pago de los principales tributos que afectan al sector hostelero y estudio de moratoria en su pago o bonificaciones fiscales autonómicas, entre otras. Además, también piden un paquete de ayudas directas a las empresas que vayan más allá de los créditos I.C.O., mayor control sobre las condiciones de las entidades bancaria para acceder a los créditos I.C.O, solicitud de autorización al gobierno para que los ayuntamientos puedan hacer uso de los remanentes acumulados en ejercicios anteriores y la flexibilización en el techo de gasto para un plan de reconstrucción.Entre la batería de medidas, también solicitan la reducción del IVA, la incorporación de criterios relativos a medidas de seguridad y no de aforos, adopción de medidas de implantación de establecimientos seguros, medidas efectivas que permitan a los empresarios estar aliviados en relación a los arrendamientos, requerimiento a la banca para que instaure la adopción de medidas tendentes a ayudar a sus clientes durante la crisis del coronavirus y la constitución de una mesa permanente para ir evaluando y adaptando todas estas medidas.
Y todo ello en unas condiciones de precios razonables para los productores.De esta forma, consideran "imprescindible" recuperar un presupuesto público anual de todas las administraciones en torno a los 400 millones de euros, ya que han recordado que el recorte acumulado del 35% en el periodo 2013-2020 ha supuesto una subida del 20% de la prima del seguro para el agricultor.Respecto a la mesa de fiscalidad, costes energéticos y empleo, Asaja, COAG y UPA plantean el desarrollo reglamentario Ley 1/2018 de 6 de marzo de "medidas urgentes" contra la sequía, para que pueda aplicarse lo que recoge en su disposición final tercera, que los regantes cuenten con dos potencias eléctricas distintas a lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos.En materia fiscal, las organizaciones agrarias abogan por un incremento de los gastos de difícil justificación en la Estimación Directa del IRPF de un 15%; por la reducción del 35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plásticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la estimación objetiva, unas medidas que ya se pusieron en marcha por parte de los ministros Elena Espinosa y Pedro Solbes.Además, para contrarrestar la subida de los costes de producción haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el incremento en dos puntos en la compensación del IVA del régimen especial.
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha sacado adelante una moción en la que ha instado al alcalde de la ciudad, Óscar Puente, que pida al Gobierno que pague la cantidad que, en concepto de IVA, adeuda al Consistorio