Por ello exigen la apertura de la negociación sindical "de inmediato".CSIF pedirá hoy al Ministerio de Política Territorial y Función Pública iniciar ya una negociación, en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado, para abordar las retribuciones y la oferta de empleo público, ante las necesidades acuciantes de reforzar las plantillas de las administraciones en todos los ámbitos (Sanidad, Educación, Servicios Sociales, Justicia y Administración General del Estado entre otros).Así, reclamamos al Gobierno que se siente a negociar cuanto antes un acuerdo de legislatura para mejorar las condiciones laborales de los empleados/as públicos, en el marco de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.CSIF recuerda que el colectivo de empleados públicos ha estado "en primera línea" en la lucha contra el coronavirus en los peores momentos de la pandemia y hoy "sigue siendo un pilar fundamental" para que la ciudadanía reciba servicios fundamentales, como la educación, la sanidad o las prestaciones aprobadas para dar cobertura social a las personas en dificultades.CSIF recuerda además que los empleados públicos "arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento desde 2010, por lo que reivindicaremos un acuerdo de legislatura que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario"."Entendiendo las dificultades que atraviesa la economía, es preciso avanzar en aspectos como la carrera profesional, el establecimiento de las 35 horas y de manera urgente en una regulación del teletrabajo y la solución al problema de la temporalidad", finalizan en un comunicado.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha reclamado al Gobierno que active la negociación del teletrabajo también en las administraciones públicas, tal y como se había comprometido el departamento de Carolina Darias a principios del verano.Según destacan, los empleados de la administración han trasladado las quejas por la aplicación "restrictiva y la disparidad de criterios que se están aplicando entre los diferentes departamentos" y en algunas comunidades todavía están pendientes de la regulación a nivel nacional. Por ello, aseguran, el Ministerio de Política Territorial y de Función Pública ha convocado para el próximo 16 de septiembre una reunión de seguimiento de la resolución de la nueva normalidad, para analizar estas cuestiones.Como recuerdan, el pasado 17 de junio, CSIF alcanzó un acuerdo de resolución con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que se establecían criterios de organización para que la plantilla de las administraciones pudiera trabajar tanto de manera presencial en el puesto de trabajo, como no presencial, desde sus domicilios.Este acuerdo –pionero en este ámbito-- contempla cuatro días de trabajo no presencial y uno presencial, para aquellas personas que tengan a su cargo hijos hasta los 14 años, dependientes, así como aquellos con patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus.
Los empleados públicos que han trabajado han sido un 89,3% de la muestra analizada y los que no han trabajado han sido un 10,7%, y dentro de estos últimos los que han estado de baja durante la mayor parte de este periodo representan un 4,9% del total de los efectivos, y los que han estado en otras situaciones un 5,8%, entre las se encuentran el permiso por maternidad o paternidad, las vacaciones, los liberados sindicales y el deber inexcusable previsto en la disposición séptima, apartado b), del Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo de la COVID-19, supuesto este último en el que han estado 74 efectivos, lo que supone un 5% del total.
También se engloban los acuerdos de negociación para los planes de desescalada en la Administración, la coordinación e igualdad en la gestión de personal en materia de control de jornada y conciliación durante la situación de emergencia sanitaria, o el acuerdo que modifica la Ley de Función Pública de Castilla y León.El texto contempla una serie de medidas que se dictan al amparo de las competencias en materia de empleo público, y con carácter temporal y excepcional determinado por las indicaciones de las autoridades competentes nacionales y autonómicas.En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el acuerdo dicta que la actividad laboral debe desarrollarse con unas condiciones y en un entorno que garanticen la seguridad y salud de los empleados públicos y deberá adaptarse a la realidad y características de cada centro de trabajo según los criterios preventivos y pautas marcadas en https://empleopublico.jcyl.es/web/esprevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-coronavirus.html.En relación con la organización del trabajo se contempla que se podrá seguir prestando el trabajo en régimen no presencial para el personal que tenga a su cargo menores de 14 años o mayores dependientes u otras personas dependientes, y se vea afectado por el cierre de centros educativos, de mayores u otros centros, siendo incompatible su situación personal con medidas especiales de flexibilidad de la jornada laboral.
"Lejos de premiar la encomiable labor de los empleados, en los momentos más adversos, Renfe se salta las reglas impuestas por el Gobierno para ahorrar dinero en una empresa pública que en 2019 tuvo un beneficio neto superior a los 90 millones de euros". CSIF exige una rectificación en público a la dirección de la empresa ferroviaria para tranquilizar a la plantilla.
En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados, lo que supone un crecimiento en términos relativos de casi el 0,75%.De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero de este año, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecían al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) prestaba servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) a las entidades locales.Dentro del sector público estatal, la Administración del Estado (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes) empleaba a 231.456 funcionarios al arrancar el año, cifra equivalente al 8,91% del total de empleados públicos y que un 0,2% inferior a la de julio de 2019.Por su parte, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 256.259 efectivos en enero de este año, el 9,86% del total, mientras que la Administración de Justicia empleaba a 25.052 trabajadores (el 0,96% del total).El Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios sumaba 94.410 efectivos al comienzo del ejercicio, "con equilibrio prácticamente entre hombres y mujeres", con, 47.611 efectivos varones y 46.799 mujeres.En el caso de los más de 1,51 millones de empleados públicos al servicio de las comunidades autónomas, casi el 52,3% son personal de consejerías y organismos autónomos y el 6%, de Universidades.En el ámbito de las administraciones locales, donde trabajan en total 570.819 empleados públicos, el 19,51% desarrolla su labor en ayuntamientos y el 2,47% en diputaciones, cabildos y consejos insulares.MÁS DE LA MITAD SON FUNCIONARIOS DE CARRERAEl 56,14% del personal al servicio del conjunto de las administraciones públicas (1.458.453 empleados) es funcionario de carrera, mientras que el 23% es personal laboral (599.613 empleados) y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa el 20,7%.Por sexos, de los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero, 1.471.790 (el 56,6% del total) eran mujeres y 1.125.922 (el 43,34%) hombres.El Departamento que dirige Carolina Darias ha subrayado que en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización de este Boletín Estadístico.
En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados, lo que supone un crecimiento en términos relativos de casi el 0,75%.De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero de este año, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecían al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) prestaba servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) a las entidades locales.Dentro del sector público estatal, la Administración del Estado (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes) empleaba a 231.456 funcionarios al arrancar el año, cifra equivalente al 8,91% del total de empleados públicos y que un 0,2% inferior a la de julio de 2019.Por su parte, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 256.259 efectivos en enero de este año, el 9,86% del total, mientras que la Administración de Justicia empleaba a 25.052 trabajadores (el 0,96% del total).El Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios sumaba 94.410 efectivos al comienzo del ejercicio, "con equilibrio prácticamente entre hombres y mujeres", con, 47.611 efectivos varones y 46.799 mujeres.En el caso de los más de 1,51 millones de empleados públicos al servicio de las comunidades autónomas, casi el 52,3% son personal de consejerías y organismos autónomos y el 6%, de Universidades.En el ámbito de las administraciones locales, donde trabajan en total 570.819 empleados públicos, el 19,51% desarrolla su labor en ayuntamientos y el 2,47% en diputaciones, cabildos y consejos insulares.MÁS DE LA MITAD SON FUNCIONARIOS DE CARRERAEl 56,14% del personal al servicio del conjunto de las administraciones públicas (1.458.453 empleados) es funcionario de carrera, mientras que el 23% es personal laboral (599.613 empleados) y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa el 20,7%.Por sexos, de los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero, 1.471.790 (el 56,6% del total) eran mujeres y 1.125.922 (el 43,34%) hombres.El Departamento que dirige Carolina Darias ha subrayado que en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización de este Boletín Estadístico.
En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados, lo que supone un crecimiento en términos relativos de casi el 0,75%.De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero de este año, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecían al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) prestaba servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) a las entidades locales.Dentro del sector público estatal, la Administración del Estado (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes) empleaba a 231.456 funcionarios al arrancar el año, cifra equivalente al 8,91% del total de empleados públicos y que un 0,2% inferior a la de julio de 2019.Por su parte, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 256.259 efectivos en enero de este año, el 9,86% del total, mientras que la Administración de Justicia empleaba a 25.052 trabajadores (el 0,96% del total).El Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios sumaba 94.410 efectivos al comienzo del ejercicio, "con equilibrio prácticamente entre hombres y mujeres", con, 47.611 efectivos varones y 46.799 mujeres.En el caso de los más de 1,51 millones de empleados públicos al servicio de las comunidades autónomas, casi el 52,3% son personal de consejerías y organismos autónomos y el 6%, de Universidades.En el ámbito de las administraciones locales, donde trabajan en total 570.819 empleados públicos, el 19,51% desarrolla su labor en ayuntamientos y el 2,47% en diputaciones, cabildos y consejos insulares.MÁS DE LA MITAD SON FUNCIONARIOS DE CARRERAEl 56,14% del personal al servicio del conjunto de las administraciones públicas (1.458.453 empleados) es funcionario de carrera, mientras que el 23% es personal laboral (599.613 empleados) y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa el 20,7%.Por sexos, de los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero, 1.471.790 (el 56,6% del total) eran mujeres y 1.125.922 (el 43,34%) hombres.El Departamento que dirige Carolina Darias ha subrayado que en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización de este Boletín Estadístico.
En este sentido, CSIF reclama al Gobierno una adecuada financiación de las mutuas.Y es que esta situación contraviene lo establecido en la citada Orden y la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para ampliar la capacidad de detección precoz, y de seguimiento y vigilancia de los contactos estrechos de los casos confirmados.Al día de hoy, tras 10 días desde su aprobación, "no se ha establecido" un protocolo de coordinación entre las mutualidades con Salud Pública para la comunicación, asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica según indica la Estrategia de Diagnóstico, vigilancia y control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19 según el Ministerio de Sanidad. Además, CSIF reitera que para garantizar una desescalada segura "debe incluirse con carácter general" la realización de pruebas PCR, ya que para garantizar la salud y romper la cadena de contagios es necesario hacer pruebas diagnósticas a todas las empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las fases de desescalamiento, por ello seguiremos exigiendo al Ministerio de Sanidad que se establezcan dichas pruebas en los manuales de procedimiento.
También instan a utilizar todos los recursos humanos disponibles en las bolsas de trabajo
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles por unanimidad al Decreto-Ley de la Junta por el que se aprueba el incremento del 2 por ciento de las retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad para 2020, "un incremento de justicia" que da cumplimiento al acuerdo firmado en 2018 por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. "Es un asunto ciertamente serio", ha reivindicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien, tras reconocer los "sacrificios" que han tenido que realizar los empleados públicos como consecuencia de la crisis, con una "importante pérdida de poder adquisitivo", ha defendido la necesidad de restituir algunos de los derechos perdidos, como la recuperación de la paga extra suprimida en diciembre de 2012.