También se engloban los acuerdos de negociación para los planes de desescalada en la Administración, la coordinación e igualdad en la gestión de personal en materia de control de jornada y conciliación durante la situación de emergencia sanitaria, o el acuerdo que modifica la Ley de Función Pública de Castilla y León.El texto contempla una serie de medidas que se dictan al amparo de las competencias en materia de empleo público, y con carácter temporal y excepcional determinado por las indicaciones de las autoridades competentes nacionales y autonómicas.En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el acuerdo dicta que la actividad laboral debe desarrollarse con unas condiciones y en un entorno que garanticen la seguridad y salud de los empleados públicos y deberá adaptarse a la realidad y características de cada centro de trabajo según los criterios preventivos y pautas marcadas en https://empleopublico.jcyl.es/web/esprevencion-riesgos-laborales/medidas-preventivas-ante-coronavirus.html.En relación con la organización del trabajo se contempla que se podrá seguir prestando el trabajo en régimen no presencial para el personal que tenga a su cargo menores de 14 años o mayores dependientes u otras personas dependientes, y se vea afectado por el cierre de centros educativos, de mayores u otros centros, siendo incompatible su situación personal con medidas especiales de flexibilidad de la jornada laboral.
"Lejos de premiar la encomiable labor de los empleados, en los momentos más adversos, Renfe se salta las reglas impuestas por el Gobierno para ahorrar dinero en una empresa pública que en 2019 tuvo un beneficio neto superior a los 90 millones de euros". CSIF exige una rectificación en público a la dirección de la empresa ferroviaria para tranquilizar a la plantilla.
En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados, lo que supone un crecimiento en términos relativos de casi el 0,75%.De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero de este año, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecían al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) prestaba servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) a las entidades locales.Dentro del sector público estatal, la Administración del Estado (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes) empleaba a 231.456 funcionarios al arrancar el año, cifra equivalente al 8,91% del total de empleados públicos y que un 0,2% inferior a la de julio de 2019.Por su parte, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 256.259 efectivos en enero de este año, el 9,86% del total, mientras que la Administración de Justicia empleaba a 25.052 trabajadores (el 0,96% del total).El Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios sumaba 94.410 efectivos al comienzo del ejercicio, "con equilibrio prácticamente entre hombres y mujeres", con, 47.611 efectivos varones y 46.799 mujeres.En el caso de los más de 1,51 millones de empleados públicos al servicio de las comunidades autónomas, casi el 52,3% son personal de consejerías y organismos autónomos y el 6%, de Universidades.En el ámbito de las administraciones locales, donde trabajan en total 570.819 empleados públicos, el 19,51% desarrolla su labor en ayuntamientos y el 2,47% en diputaciones, cabildos y consejos insulares.MÁS DE LA MITAD SON FUNCIONARIOS DE CARRERAEl 56,14% del personal al servicio del conjunto de las administraciones públicas (1.458.453 empleados) es funcionario de carrera, mientras que el 23% es personal laboral (599.613 empleados) y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa el 20,7%.Por sexos, de los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero, 1.471.790 (el 56,6% del total) eran mujeres y 1.125.922 (el 43,34%) hombres.El Departamento que dirige Carolina Darias ha subrayado que en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización de este Boletín Estadístico.
En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados, lo que supone un crecimiento en términos relativos de casi el 0,75%.De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero de este año, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecían al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) prestaba servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) a las entidades locales.Dentro del sector público estatal, la Administración del Estado (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes) empleaba a 231.456 funcionarios al arrancar el año, cifra equivalente al 8,91% del total de empleados públicos y que un 0,2% inferior a la de julio de 2019.Por su parte, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 256.259 efectivos en enero de este año, el 9,86% del total, mientras que la Administración de Justicia empleaba a 25.052 trabajadores (el 0,96% del total).El Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios sumaba 94.410 efectivos al comienzo del ejercicio, "con equilibrio prácticamente entre hombres y mujeres", con, 47.611 efectivos varones y 46.799 mujeres.En el caso de los más de 1,51 millones de empleados públicos al servicio de las comunidades autónomas, casi el 52,3% son personal de consejerías y organismos autónomos y el 6%, de Universidades.En el ámbito de las administraciones locales, donde trabajan en total 570.819 empleados públicos, el 19,51% desarrolla su labor en ayuntamientos y el 2,47% en diputaciones, cabildos y consejos insulares.MÁS DE LA MITAD SON FUNCIONARIOS DE CARRERAEl 56,14% del personal al servicio del conjunto de las administraciones públicas (1.458.453 empleados) es funcionario de carrera, mientras que el 23% es personal laboral (599.613 empleados) y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa el 20,7%.Por sexos, de los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero, 1.471.790 (el 56,6% del total) eran mujeres y 1.125.922 (el 43,34%) hombres.El Departamento que dirige Carolina Darias ha subrayado que en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización de este Boletín Estadístico.
En comparación con enero de 2019, las administraciones públicas han ganado en un año 19.324 empleados, lo que supone un crecimiento en términos relativos de casi el 0,75%.De los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero de este año, el 19,7% (512.767 efectivos) pertenecían al sector público del Estado, mientras que el 58,29% (1.514.126) prestaba servicio en las comunidades autónomas y el 21,97% (570.819) a las entidades locales.Dentro del sector público estatal, la Administración del Estado (ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, autoridades administrativas independientes, universidades públicas no transferidas y otros entes) empleaba a 231.456 funcionarios al arrancar el año, cifra equivalente al 8,91% del total de empleados públicos y que un 0,2% inferior a la de julio de 2019.Por su parte, las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contaban con 256.259 efectivos en enero de este año, el 9,86% del total, mientras que la Administración de Justicia empleaba a 25.052 trabajadores (el 0,96% del total).El Ministerio de Política Territorial y Función Pública destaca que el personal exclusivamente de ministerios sumaba 94.410 efectivos al comienzo del ejercicio, "con equilibrio prácticamente entre hombres y mujeres", con, 47.611 efectivos varones y 46.799 mujeres.En el caso de los más de 1,51 millones de empleados públicos al servicio de las comunidades autónomas, casi el 52,3% son personal de consejerías y organismos autónomos y el 6%, de Universidades.En el ámbito de las administraciones locales, donde trabajan en total 570.819 empleados públicos, el 19,51% desarrolla su labor en ayuntamientos y el 2,47% en diputaciones, cabildos y consejos insulares.MÁS DE LA MITAD SON FUNCIONARIOS DE CARRERAEl 56,14% del personal al servicio del conjunto de las administraciones públicas (1.458.453 empleados) es funcionario de carrera, mientras que el 23% es personal laboral (599.613 empleados) y el resto (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) representa el 20,7%.Por sexos, de los 2.597.712 empleados públicos contabilizados en enero, 1.471.790 (el 56,6% del total) eran mujeres y 1.125.922 (el 43,34%) hombres.El Departamento que dirige Carolina Darias ha subrayado que en la Conferencia Sectorial de Administración Pública, la ministra y los consejeros autonómicos coincidieron en estrechar su colaboración para agilizar la actualización de este Boletín Estadístico.
En este sentido, CSIF reclama al Gobierno una adecuada financiación de las mutuas.Y es que esta situación contraviene lo establecido en la citada Orden y la estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, consensuada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para ampliar la capacidad de detección precoz, y de seguimiento y vigilancia de los contactos estrechos de los casos confirmados.Al día de hoy, tras 10 días desde su aprobación, "no se ha establecido" un protocolo de coordinación entre las mutualidades con Salud Pública para la comunicación, asistencia sanitaria y vigilancia epidemiológica según indica la Estrategia de Diagnóstico, vigilancia y control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19 según el Ministerio de Sanidad. Además, CSIF reitera que para garantizar una desescalada segura "debe incluirse con carácter general" la realización de pruebas PCR, ya que para garantizar la salud y romper la cadena de contagios es necesario hacer pruebas diagnósticas a todas las empleadas y empleados públicos que se incorporen en cada una de las fases de desescalamiento, por ello seguiremos exigiendo al Ministerio de Sanidad que se establezcan dichas pruebas en los manuales de procedimiento.
También instan a utilizar todos los recursos humanos disponibles en las bolsas de trabajo
El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles por unanimidad al Decreto-Ley de la Junta por el que se aprueba el incremento del 2 por ciento de las retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad para 2020, "un incremento de justicia" que da cumplimiento al acuerdo firmado en 2018 por el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. "Es un asunto ciertamente serio", ha reivindicado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien, tras reconocer los "sacrificios" que han tenido que realizar los empleados públicos como consecuencia de la crisis, con una "importante pérdida de poder adquisitivo", ha defendido la necesidad de restituir algunos de los derechos perdidos, como la recuperación de la paga extra suprimida en diciembre de 2012.
Por otro lado, ha señalado el problema de una financiación "necesaria y adecuada" para mantener los estándares de calidad de la sanidad pública a unos niveles como los recogidos en los programas electorales de las dos formaciones del Gobierno, que suponga entre el 7 y el 7,5 por ciento del PIB y con un gasto en Atención Primaria del 20% sobre el total del gasto sanitario global."España vaciada" "Cifras fundamentales para una Comunidad exponente de la España vaciada en la que el déficit de financiación se ha convertido en la excusa perfecta para el gobierno autonómico para tapar su ataque salvaje a lo público", ha añadido.