El expediente se aplicará entre el 6 de julio y el 30 de septiembre y afectará a toda la plantilla (289 personas) durante 25 jornadas laborables
Esta medida, se suma a otras iniciativas de marcado carácter social promovidas por Cajamar, como la moratoria hipotecaria y de consumo, el aplazamiento sin coste de rentas de alquiler de activos adjudicados, la emisión de tarjetas sin comisión, la disposición de dinero en cajeros ajenos a la red de Cajamar sin coste alguno, el aumento del límite de pago contactless de las tarjetas hasta 50 euros sin necesidad de introducir PIN, y el adelanto del pago de las pensiones, entre otras.
La Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio ha mostrado su "sorpresa e indignación" por la obligación del pago de las cotizaciones de los trabajadores que estén en situación de ERTE y por el hecho de que la empresa no pueda recuperar debido a la falta de actividad normal, según la última regulación publicada en esta materia. A juicio de AESCO, la prolongación de los ERTEs más allá de la vigencia del estado de alarma encierra un "cambio en las reglas del juego que perjudica a las empresas del sector del comercio" que no puedan recuperar a todos sus trabajadores debido a la falta de actividad motivada por la escasa afluencia de consumidores a sus establecimientos. El decreto 8/2020 contemplaba la exención del 100% de las cotizaciones de aquellos trabajadores a quienes sus empresas hubieran tenido que aplicar un ERTE, mientras estuviera vigente el estado de alarma.
Estos han afectado ya a 20.652 trabajadores a lo largo del estado de alarma, hace ya más de dos meses. Tras un inicio fulgurante en el que las empresas se lanzaron a por esta medida hasta que en apenas siete días ya se habían registrado más de 3.000 que afectaban a 11.000 trabajadores, durante abril ya se relajaron las peticiones, aunque nunca dejaron de existir. De hecho, ya en mayo, cuando se ha comenzado con la desescalada, hay empresas de la provincia que siguen pidiéndolos.
Y acudió también al Juzgado, que ahora inadmite la demanda y la petición del Ayuntamiento para que se fijara juicio el 8 de julio, por haberse interpuesto sin que haya transcurrido el plazo de tres meses que la Administración tiene para resolver el recurso de alzada.
La nueva circunstancia ya ha sido comunicada a los trabajadores de la plantilla y sus representantes sindicales. Siro reconocía que esta situación de confinamiento social ha provocado el aumento de la demanda de productos de alimentación básicos, pero en detrimiento de otros que se consumen generalmente fuera del hogar y no suelen ser de consumo esencial, pero que son los que precisamente se fabrican en Toro.
A fecha 30 de Abril el SEPE había concedido ya 13.407 prestaciones en la provincia con un importe total de 10,6 millones de euros".Los parlamentarios zamoranos ponen en valor que "el histórico acuerdo, que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que nadie se quede atrás en la crisis, modifica el real decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de tal manera que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla".Junto a la exoneración parcial de la cuotas a la Seguridad Social para las empresas, en función del número de trabajadores, el mes en curso y su incorporación o no a la actividad, el acuerdo contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.
Comenzará el próximo lunes
UGT ha calificado la medida como "insuficiente"
Para el de Valladolid entre el 18 de mayo y el 15 de septiembre