El PSOE de Salamanca ha puesto en valor, y ha querido reconocer por boca de su diputado en el Congreso, David Serrada, la “solvente gestión” realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal, SEPI, que ha calificado como “excelente dado el contexto en que vivimos” a la hora de tramitar las prestaciones por ERTE. Según indican, la tramitación se hizo en tiempo récord y supuso una enorme presión para el organismo que, sin embargo, ya ha conseguido solventar todas las solicitudes colectivas pendientes de reconocimiento en Salamanca, según ha asegurado. De hecho, afirma, las "pocas incidencias de cobro de prestaciones que subsisten tienen que ver en su gran mayoría con errores o divergencias en los datos aportados por parte de las empresas, o con que en su día no se incluyeron los datos de algunas personas en las solicitudes colectivas presentadas por los centros de trabajo".
El importe de este complemento económico de carácter autonómico asciende a 7 euros por jornada completa en regulación y el presupuesto de la línea es de 6 millones de euros.A continuación, se detalla el número de solicitudes presentadas por provincias:Ávila: 3.257 (2.291 de forma presencial y 966 por vía telemática).Burgos: 6.392 (5.231 de forma presencial y 1.161 por vía telemática).León: 9.267 (7.222 de forma presencial y 2.045 por vía telemática).Palencia: 3.588 (3.152 de forma presencial y 436 por vía telemática).Salamanca: 8.264 (6.349 de forma presencial y 1.915 por vía telemática).Segovia: 3.505 (2.569 de forma presencial y 936 por vía telemática).Soria: 1.924 (1.574 de forma presencial y 350 por vía telemática).Valladolid: 12.067 (9.862 de forma presencial y 2.205 por vía telemática).Zamora: 3.082 (2.359 de forma presencial y 723 por vía telemática).
En concreto, la Consejería de Empleo e Industria financiará el 40 % de la cuota en este periodo, lo que implica una subvención de casi 250 euros por cada trabajador.
El Juzgado de lo Social número uno de León ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen contra la Delegación Territorial de Trabajo de la Junta, que denegó la petición del consistorio leonés para aplicar, como consecuencia del Covid, un ERTE que afectaría a 97 de los 146 empleados con los que cuenta.El Juzgado absuelve a la Administración demandada y confirma la resolución de la Junta que había sido impugnada por el Ayuntamiento por entender que la legislación vigente, tras la reforma laboral de 2012, excluyó a las administraciones públicas de la posibilidad de acogerse a un ERTE como vía alternativa a los despidos. A este respecto, la sentencia explica que "la reforma laboral del año 2012 no sólo abordó la tramitación de los ERE planteados por entidades del sector público, también lo hizo en relación con las medidas denominadas de "flexibilidad interna" del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores relativo a la suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor". Al respecto, señala la resolución, "conforme a la disposición adicional decimoséptima del Estatuto de los Trabajadores, lo previsto en el artículo 47 no será de aplicación a las Administraciones públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado".El magistrado explica que con esta reforma "se estableció un nuevo régimen laboral de carácter especial para los empleados públicos, al instituir una importante barrera para la Administración, en relación con las medidas de flexibilidad interna, por cuanto, se le va a impedir que pueda usar los expedientes de regulación de empleo para suspender temporalmente los contratos o modificar jornadas".El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen (León) desarrolla con personal laboral empleado directamente la prestación de diferentes servicios públicos, con una plantilla de personal laboral de 146 empleados, de los cuales 97 están adscritos a los servicios sobre los que se tomaron medidas de regulación de empleo, correspondientes a la biblioteca, escuela de música, colegio público, unidad de respiro, instalaciones deportivas, escuelas deportivas, aulas de salud, y actividades de ocio y tiempo libre.
Afectaba a la pantilla desde los primeros días del estado de alarma por la COVID-19
Estaba en vigor desde la segunda mitad del mes de mayo y tenía una duración prevista hasta el 15 de septiembre
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha pedido al equipo de Gobierno municipal del PP un mayor celo, y extremar el control y las medidas de vigilancia, sobre las empresas concesionarias del Consistorio que tienen adjudicada la prestación de algún servicio u obra de carácter público de competencia municipal y que se encuentran acogidas o tienen aprobado un ERTE.Según indican, han realizado esta petición tras "detectar comportamientos extraños, y decisiones dudosas, en la gestión de estas empresas concesionarias que prestan servicios o realizan obras dependientes del Ayuntamiento de Salamanca tanto desde el punto de vista de la calidad y cumplimiento de las condiciones en que se prestan estos servicios y actividades como, en relación a la normativa laboral que ampara a sus trabajadores".Estas, continúan, están suponiendo un "déficit en el cumplimiento de la prestación del servicio" y una "reducción o empeoramiento de la calidad en que ese servicio se presta, y en las condiciones laborales o el tratamiento que se le está dando a los trabajadores muchos de ellos en ERTE". Recuerdan, asimismo, que estos contratos se pagan con dinero público de las arcas municipales por lo que "merecen todo el rigor, el control, la vigilancia por parte del equipo de Gobierno que está obligado a velar por su buena gestión y el cumplimiento de las condiciones para evitar que los ciudadanos, y los propios trabajadores, salgan perjudicados".En relación a ello, desde el PSOE han puesto de ejemplo la situación que se "iba a producir en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento o de competencia municipal" en las que, denuncian, Eulen pretendía que todos los trabajadores fueran al puesto de trabajo para entregar el material no recogido y limpiar las instalaciones pese a que solo se encuentra abierta la de El Rollo, "compensando estos días con vacaciones".
Beneficiar a los trabajadores que más han sufrido por la suspensión de empleo durante la crisis del Covid es el principal objetivo de la actualización de las bases reguladoras de las ayudas a afectados por ERTES publicada hoy en el Bocyl.Estas subvenciones tendrán un crédito de seis millones de euros, tal y como se comprometió dentro del plan de medidas extraordinarias para la protección de empresas, autónomos, trabajadores y familias frente al COVID-19, acordado el 25 de marzo en el Consejo del Diálogo Social.La normativa publicada hoy sustituye a una anterior –la Orden 368/2020, de 29 de abril–, que fue dictada hace casi dos meses en un contexto muy diferente al actual.
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, se ha mostrado convencida de que este es el mejor momento para cesar a los gerentes provinciales del Servicio Público de Empleo, como publica este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), ya que su objetivo es "dar un impulso nuevo" a este departamento que dirige Ciudadanos en el reparto de funciones en el acuerdo de Gobierno con el PP. Tras agradecer el trabajo que han llevado a cabo los gerentes cesados --los de Ávila, León y Salamanca por pérdida de confianza para sus superiores y los de Valladolid y Burgos a petición propia-- especialmente en unos momentos de crisis, como la surgida por la pandemia del coronavirus, Amigo ha insistido en la conveniencia de dar un impulso nuevo a su Consejería a la que llegó el pasado 29 de mayo en sustitución del dimitido Germán Barrios y en la que ha realizado cambios en parte de la cúpula.