El presupuesto destinado a este fin es de dos millones de euros y la cuantía de la ayuda será del 80 % de la actuación subvencionable, hasta un máximo de 2.000 euros por centro de atención social.El Decreto-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente, prevé la creación de una línea de subvenciones de concesión directa, dirigidas a colaborar en la financiación del coste originado a las entidades titulares de los centros de atención social, en la adquisición de equipamiento de seguridad que se determine por los respectivos servicios de prevención de riesgos laborales, para la garantía de la salud de las personas trabajadoras de dichos centros, así como del material que deba ser usado para proteger a los residentes, de la asistencia externa para labores de desinfección y de la realización de acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal y a los usuarios, sobre riesgos sanitarios y protocolos de actuación ante ellos.El Decreto establece la obligación de disponer en los centros de existencias de equipos de protección individual (EPIs), como medida dirigida a la previsión de futuros rebrotes de la pandemia del coronavirus o ante la aparición de otras crisis de ese tipo, según se determine en cada caso por los servicios de prevención de riesgos laborales, en aplicación de la correspondiente normativa.
Gracias a este material, se han podido ampliar las consultas médicas y de enfermería del Plan de desescalada de Castilla y León, así como los sistemas de información clínica de cuidado intensivos.Por último, se ha comunicado el contrato del servicio de transporte y logística necesario para poder garantizar, en todo momento, el adecuado almacenamiento, reparto, distribución y recepción en los centros asistenciales del material sanitario necesario para luchar contra la COVID-19, especialmente en caso de posibles rebrotes.
La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, un presupuesto de 1.432.561,18 euros que se utilizará para la contratación de suministros y servicios para cubrir las necesidades asistenciales derivadas de la situación especial causada por la pandemia de Covid-19 en Zamora.
"También habría sido fundamental haber analizado la calidad de todos los E.P.I. al adquirirlos para poder garantizar la salud y la vida de los trabajadores que se están exponiendo por el cuidado de otras personas". Asimismo, CCOO pide la apertura de una investigación y que se tomen las medidas oportunas sobre lo sucedido con la gestión de los centros de servicios sociales en los que se ha expuesto la salud de los trabajadores y usuarios a los que, además, les hace un llamamiento para contactar con la Delegación de la Junta en Salamanca para que les realice un seguimiento.
El Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca ha estimado parcialmente la petición de medidas cautelares presentada por el sindicato Comisiones Obreras
La consejera de Sanidad asegura que la situación en los centros "ha empeorado"