Las cosas son lo que son y no lo que dicen ser

Las cosas son lo que son y no lo que dicen ser

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La justicia, como poder independiente de los manejos políticos, debiera de ser sacrosanto, respetado por los ciudadanos, por los políticos y por los propios partícipes en el mismo.

       

La independencia judicial no debe de ser algo presumible o imaginable, sino una cuestión indiscutida, indiscutible y defendible con las más potentes armas que pueda poseer una sociedad pues, en definitiva, son las manos en las que todos los ciudadanos ponemos la resolución de nuestros conflictos, de forma y manera que, cualquier alteración del decisor, por influencia política, personal, económica o de cualquier índole, debe de ser perseguida como la fractura del bien jurídico supremo.

       

En España nos otorgamos un modo de gestión de la Justicia por medio de un órgano independiente denominado Consejo General del Poder Judicial e inicialmente, 8 de sus miembros, serían designados por el Congreso y el Senado, a razón de 4 cada cámara, con una mayoría de 3/5, y otros 12 designados entre jueces y Magistrados, en lo que se entendía debiera de ser una elección libre, democrática y participativa de los miembros de la judicatura para designar a sus representantes, lo que pronto se vio roto por el PSOE, que impuso que esos 12 miembros los designara el poder político de entre jueces y magistrados, con una mayoría igual que el resto.

        

El nuevo sistema fue refrendado constitucionalmente por una Sentencia del Tribunal Constitucional que, admitiendo que era más correcto constitucionalmente hablando el anterior, el que se realizaba mantendría su valor en la medida que las fuerzas políticas hubieren de pactar en la mayoría de 3/5.

        

Es evidente que el resultado durante estos años, del sistema de nombramiento por las cámaras, ha dotado de ciertas dudas de parcialidad a las decisiones del CGPJ y de sus órganos designados, habiéndose acuñado incluso la denominación de "magistrado progresista" "magistrado conservador", lo que ya de por sí supone un sesgo poco recomendable.

       

Desde que se produjo el cambio del PSOE, se ha venido recomendando, por la doctrina constitucional, los magistrados y los operadores jurídicos, una modificación de la LOPJ que otorgue de mayor grado de independencia al mismo, a los Magistrados designados por él y, en definitiva, a la imagen de la Justicia, y todas las propuestas pasaban por una mayor designación de entre operadores jurídicos con menor opción del poder político en su manejo.

        

El grado de independencia de la Justicia es uno de los índices de mayor importancia a la hora de evaluar la calidad democrática de un Estado, de forma que a mayor independencia de mayor calidad democrática es el sistema, siendo manifiesto que los regímenes totalitarios o dictatoriales, inicialmente, parten de un menor grado de independencia de la Justicia respecto de los otros poderes del Estado que, normalmente, también se encuentran concentrados.

        

La democracia se fundamenta y solidifica en el mayor grado de generación de controles al poder, comenzando por el control jurisdiccional y continuando por los controles económicos, políticos, sociales y de libertad, entre otros.

        

Sorprendentemente, el gobierno, que se auto titula progresista, se dedica, en medio de una pandemia y de haber obtenido la calificación de ser el peor gestor de la misma de Europa y prácticamente del mundo, por tener el mayor número de infectados, mayor número de muertos y mayor número de sanitarios afectados, a intentar, con sistemas muy burdos de imputación de responsabilidad a la oposición, alterar los controles jurisdiccionales no sólo con una manipulación grosera de la designación de los miembros del CGPJ, sino proponiendo, tras haber manipulado debidamente el Ministerio Fiscal, que sea este el que instruya las causas, incluidas las que les puedan afectar, pero con dicha acción de mancillar la Justicia, la democracia y acercarnos a un Estado totalitario, pretenden aparecer como progresistas.

         

En España, la confusión entre legislativo y ejecutivo es un hecho, si ahora confundimos estos dos y deshonramos el judicial, por mal que funcione, la unidad de poder sólo tiene la definición de dictadura o totalitarismo...como prefieras.