El Ayuntamiento de Valladolid soluciona los problemas legales de la urbanización Los Doctrinos tras cuarenta años con problemas

El Ayuntamiento de Valladolid soluciona los problemas legales de la urbanización Los Doctrinos tras cuarenta años con problemas

Manuel Saravia y los propietarios de las 62 viviendas ubicadas a 17 kilómetros de la Plaza Mayor consiguen un acuerdo. El proyecto de urbanización ha sido aprobado de forma definitiva
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Cuarenta años después el Ayuntamiento de Valladolid y los vecinos de “Los Doctrinos” han conseguido un acuerdo que despeja las incertidumbres jurídicas que amenazaban hasta hoy a los propietarios de la zona residencial más alejada de la ciudad. La solución pone fin a uno de los problemas urbanísticos más encallados de la historia del municipio, cuyas raíces se remontan a los años setenta, cuando  se concibieron los “chalés campestres”. Se construyeron ajenos a la legalidad, incluso estuvieron amenazados de demolición. Pero esta historia sí tiene un final feliz.


Manuel Saravia, concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, sellaba este acuerdo in situ en una visita realizada a la urbanización ubicada a 17 kilómetros de la Plaza Mayor, en el límite con Villanueva de Duero. El Ayuntamiento recibirá 62.000 euros y los vecinos tendrán que aportar el dinero de la urbanización de las calles, que cambiarán la gravilla actual por un pavimento acorde a los nuevos tiempos.  


En esta ocasión ningún propietario lo ha rechazado, ninguno ha presentado alegaciones y, en consecuencia, se ha impuesto el consenso entre los responsables de la Administración Municipal y la comunidad que integra a los vecinos. Aunque son 62 las viviendas, si se ocupan las parcelas vacías podrían edificarse treinta más.


El presidente de la comunidad de propietarios, Raúl Casado, no ha dudado en elogiar la labor fructífera del concejal de Planeamiento Urbanístico: “A todo el mundo le parece justo. El apoyo del Ayuntamiento ha sido fundamental”.  Los propios vecinos contraponen el “interés” demostrado por los actuales responsables municipales   en la búsqueda de una solución a la pasividad y desidia que han percibido durante los últimos decenios en la Casa Consistorial.


El concejal de Planeamiento  Urbanístico y Vivienda   valora esta actuación como “un ejemplo de actitud realista y buena gestión que ha derivado en un acuerdo satisfactorio para el Ayuntamiento y también para los vecinos”. Manuel Saravia ha agradecido el esfuerzo  de los vecinos y su voluntad para resolver todos los asuntos (incluso con las complicadísimas herencias recibidas).


Chalés amenazados con la demolición


La urbanización tiene su origen en los estertores de la Dictadura. Comenzó, por tanto, hace más de 40 años. Las construcciones están próximas al Adaja, el cuarto río de Valladolid (el Pisuerga, el Esgueva y el Duero). El  denominado “sector 47” se encuentra situado al sur del término municipal de Valladolid, a 17 kilómetros de la Plaza Mayor, lindando con el río Adaja al sur y  con el término municipal de Villanueva de Duero al este. Y  se conecta con la carretera C-610 (Valladolid- Medina del Campo).  


La propietaria del suelo, en el pago de “Los Doctrinos”,  lo dividió en 58 parcelas de 5.000 metros cuadrados  (5000 m2 se consideraba en aquellos años como la “unidad mínima de cultivo”; es decir, media hectárea). Posteriormente algunas de esas parcelas se fueron subdividiendo hasta llegar a las  90 de la actualidad. La tipología con que se construía se denominaba “chalet campestre”. Se dotó de “una urbanización elemental”: red de agua (que tomaba de un pozo), saneamiento, abastecimiento eléctrico y red de alumbrado. Y se pusieron nombres de apóstoles a sus calles.


En 1982 se propuso la demolición. El concejal de Urbanismo, Manuel González, dijo entonces  que “se actuaría con la máxima energía y a llegar hasta la demolición de los chalés edificados”. (En Internet se puede encontrar la noticia de El País, 18 de marzo de 1982: “El Ayuntamiento de Valladolid quiere derribar una urbanización ilegal”)


Pero nunca se llevó a efecto.Y así, en el Plan General de Ordenación Urbana de 1984 no se dejó fuera de ordenación, sino que se previó su posible legalización. Se calificó como PAU (Programa de Acción Urbanístico), al igual que Fuente Berrocal y Santa Ana. Es decir: se contemplaba la posibilidad de legalización, aunque en ciertas condiciones y después de realizar determinados trámites (que según se vio después no eran nada sencillos).


Para empezar, la edificabilidad que se consideraba era mínima: 0,05 m2/m2. Se hablaba de capacidad para albergar 142 viviendas. Comenzaron la presentación de trabajos en 1991. Pero hasta 2001 no se llegó a aprobar el plan parcial. En 2003 se constituyó la Junta de Compensación. Pero también se creó una sociedad anónima entre los propietarios, que complicó aún más el desenlace (con dos entidades paralelas para la gestión del sector).


Hubo muchos problemas, tanto jurídicos como de “equidistribución” entre los distintos propietarios. Por un lado, el reconocimiento de lo edificado; por otro, el reparto de costes (de la urbanización y de todos los gastos de gestión).


En 2007 se aprobó un proyecto de actuación y la reparcelación. Algunos propietarios afectados lo denunciaron y plantearon un recurso contencioso-administrativo. En febrero de 2012 se autorizaron otros proyectos de actuación y de urbanización. Pero unos meses después fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León  (3 de abril de 2012). En 2014 se redactó y aprobó otro proyecto de actuación y un convenio de “monetización” (según el cual la cesión del 15% del aprovechamiento, que correspondía al Ayuntamiento, que inicialmente debía ser en suelos, se hacía en dinero al no existir suelos disponibles para la cesión). Todo se llegó a aprobar inicialmente. Y como consecuencia del convenio los propietarios entregaron al Ayuntamiento 470.000 euros, en función de esa “monetización”. Pero hubo tantas alegaciones y tan significativas, que se desistió de seguir adelante. Todo quedó paralizado.  


La búsqueda de una solución


En 2015 –tras las Elecciones Municipales que propiciaron el cambio del Equipo de Gobierno con  la elección del socialista  Óscar Puente como alcalde con el apoyo de Valladolid Toma La Palabra-  Manuel Saravia  impulsó de nuevo una solución, pero sin caer  en los errores anteriores. La idea era mantener el plan parcial aprobado, aunque con correcciones para permitir el reconocimiento de lo edificado y una correcta equidistribución. Hubo varias asambleas a las que asistieron técnicos municipales y el propio concejal de Urbanismo .


La redacción de los nuevos instrumentos de planeamiento no fue sencilla. Pero entre 2017 y 2018 se aprobó la modificación del Plan. La edificabilidad total es de 19.315 m2. Un año después, en 2019, se aprobaron inicialmente los nuevos proyectos de actuación y urbanización. Y se fijó un nuevo convenio de monetización (de los 532.000 euros totales que habrían de entregar los propietarios, faltaban 62.000). Estos proyectos no recibieron ninguna alegación, tuvieron todos los informes sectoriales precisos y fueron aprobados definitivamente en el mes de febrero de 2020. Con lo que el proceso de legalización concluía.


Final feliz para una solución que se plasmó en la visita realizada por Manuel Saravia y los propietarios  justo antes de la declaración del estado de alarma, el pasado 15 de marzo. El 4 de junio se aprobó de forma definitiva el proyecto de urbanización, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12 de junio. La urbanización, que se iniciará inmediatamente y tiene un presupuesto total de 2,8 millones de euros . Las obras están previstas en  el plazo de un año.