La Junta confía en poder ampliar el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros más allá de 2020

La Junta confía en poder ampliar el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros más allá de 2020

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El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, se ha mostrado esperanzado en poder ampliar el Plan de Dinamización Económica de los municipios mineros más allá de este año, que es cuando finalizan.


Así lo ha señalado en la localidad palentina de Velilla del Río Carrión donde ha presidido el Comité de Seguimiento del Plan al que han asistido representantes de las diputaciones provinciales de León y Palencia, del Consejo Comarcal del Bierzo, así como de los agentes económicos y sociales de la provincia.


El consejero ha explicado que el último año de vigencia ha coincidido en el tiempo con la pandemia y que los sindicatos y empresarios de Castilla y León pidieron este lunes en la Comisión permanente del Diálogo Social que se aprobara su vigencia hasta que se pudiera tener una "visibilidad más cierta" del escenario presupuestario, las condiciones de futuro de la pandemia y de los Presupuestos del Estado.


"Parece que hay una disposición favorable por parte de todos los miembros de la Comisión de Seguimiento para poderlo valorar positivamente y también por parte de los propios alcaldes" ha asegurado Carriedo, al tiempo que ha añadido que de esta manera se asegura la continuidad para el inicio de 2021 "sean cuáles sean las circunstancias" económicas que deriven en el mes de septiembre y octubre como consecuencia de la entrada en el otoño y los riesgos que existen ante el COVID-19.


Asimismo, tras el repaso de la gestión realizada, analizar la situación actual y prever las cuestiones de futuro, el consejero de Economía y Hacienda ha recordado que la Junta ha invertido 324.974.405 euros que incluye tanto el apoyo a iniciativas empresariales que se han instalado en el territorio, como la realización de infraestructuras físicas o actividades de formación y empleo en todo el área de los municipios de las Cuencas Mineras de Palencia y de León.


Durante la reunión del Comité de Seguimiento también se ha trasladado la reclamación realizada por Carlos Fernández Carriedo a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que todos los municipios afectados por la minería del carbón, 24 de la provincia de León y siete de la provincia de Palencia, estén incluidos en la propuesta de zonificación del ministerio para la delimitación territorial de los Convenios de Transición Justa.


La propuesta del Instituto para la Transición Justa excluiría a 14 municipios mineros de la Comunidad. En concreto estos ayuntamientos serían los de Cabrillanes, Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en la provincia de Palencia.


La Junta reclama la corrección del ámbito municipal establecido en el Real Decreto 675/2014, para incluir a los 31 municipios mineros de Castilla y León en los Convenios de Transición Justa para el mantenimiento del empleo afectado por el cierre de las explotaciones mineras y que servirán de base a los Planes que deben desarrollar cada estado miembro para optar a recibir Fondos Comunitarios.


Este criterio corrector ya se ha utilizado en la propuesta de delimitación territorial del Convenio de Transición Justa de la Comarca de El Bierzo, por lo que debería hacerse extensivo a los Convenios de La Robla-Montaña Central y de Velilla-Guardo, e iniciar los procesos participativos para la firma de los Convenios en la Comunidad de Castilla y León, procesos ya iniciados por el Gobierno de España para las comunidades de Asturias y de Aragón.


Por último, la Junta ha reclamado al Ministerio de Transición Justa que las empresas eléctricas deben inducir un proceso real y computable de reindustrialización del territorio en el que abandona su actividad. Éstas han de colaborar con las administraciones públicas en un análisis del impacto económico por el cese de actividad y un estudio de la cadena de valor que afecta a sus proveedores y el volumen del empleo afectado por el cierre.