Por una Fiscalía garante de la legalidad y no al servicio de un Gobierno

Por una Fiscalía garante de la legalidad y no al servicio de un Gobierno

​Artículo de Opinión de Enrique de Santiago
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Cuando el gobierno anunció la existencia de una crisis sanitaria de carácter epidémico, que debía de afrontarse con un estado de alarma, nadie se negó a ello, pues el encarcelamiento evitaba la transmisión del virus, en lo que debió de ser un instrumento temporal, sanitario y transparente, con el que primero evitar contagios, segundo aplicar medidas sociales a la crisis económica que ello abría, y que se uniría a la que ya comenzábamos a observar en nuestros mercados, y  tercero organizar los diferentes modelos de trabajo que servirían para actuar tras el primer impacto del “bicho”.


La realidad es que, el gobierno, lo primero que hizo fue apagar el portal de transparencia -todavía no sé qué efecto sanitario tiene la opacidad-, se dedicó a ocultar los datos, a tapar los muertos, a perseguir al crítico, a investigar al adversario, a nombrar cargos y asesores personales, a comprar caro, sin control, fuera de España y con maletines en metálico, mientras que a las empresas españolas que incluso generaban material gratuito, se les ponían palos en las ruedas, o se compraban respiradores inútiles con las instrucciones en chino, cuando empresas nacionales se ofrecían para realizarlos gratuitamente y se les negaba la acreditación y homologación para ello; es decir, comprábamos en china -pagando comisiones- y dejábamos morir ahogados a nuestros compatriotas por la falta de un sello administrativo.


Pero perro no come carne de perro e igual que actuó el gobierno lo hicieron de uno u otro modo otros dirigentes políticos en los feudos en los que gobiernan.


 Hoyfruto de los primeros actuares de este gobierno social-comunista y de su preparación y desarrollo durante la epidemia, oculto en la gestión sanitaria, nos encontramos con uno de los ataques más brutales a la democracia, a la división de poderes, a los controles a los que se debe de someter el poder político, en los que se ha sometido a los mismos en favor de los políticos.  La fiscalía general del Estado, en manos de una exministra de justicia, militante política y que está dispuesta a utilizar las cloacas del Estado y la “información vaginal” que con la destrucción moral de una sometida prostituta pueda obtener en su favor, actúa como defensora del gobierno en las causas por la negligencia, imprudencia o extraña actuación en la crisis sanitaria, admite que sus tenientes fiscales manipulen las instrucciones judiciales, las informaciones que los fiscales poseen para filtrarlas al investigado de su cuerda, elimina las posibles exigencias de responsabilidad e incumple, de forma flagrante, el fundamento de la fiscalía como garante de la legalidad, para convertir a la misma de fiscalía anti corrupción en la fiscalía hiper corrupción para ser garante de la ilegalidad.


Nos hemos cargado el prestigio de la política con políticos desprestigiados, hemos destruido el prestigio de políticos, que profesionalmente lo tenían, quemándolo en la hoguera de la política, estamos destruyendo el prestigio de las instituciones, de los funcionarios, de los órganos de control para generar, tras haber construido la postverdad, que no es otra cosa que la mentira instituida de creación progresista, para así ser admitida y, ahora, estamos poniendo la estructura de la nueva democracia en la que el poder es absoluto del líder que tiene un grupo de corifeos en las cortes que siempre darán su visto bueno (me recuerda a uno bajito, calvo, con bigote y sus cortes) con una fiscalía a su servicio, unos jueces subyugados por el dedo que los puede hacer ascender (como el gancho en el Pizza Planetde Toy Story cogía a los marcianitos), en la que quien quiere controlar o disentir del dirigente es un canalla, miserable que merece morir (¿dónde escuché esto en la pandemia? Ah, sí, de algún amigo cuando osado de mí critiqué al gobierno).


Si lo permitimos, si la oposición calla, si los ciudadanos no exigimos la limpieza de la fiscalía, la eliminación de sus corruptos, si la institución no es garante de la legalidad y comenzando con ella, exigimos que los Jueces y Magistrados sean transparentes, faltos de control político y elegidos de entre ellos, por ellos y el resto de operadores jurídicos, no nos quejemos mañana de la mierda en la que viviremos.


La regeneración política comienza por sacar las manos manchadas de las instituciones que sirven de control al poder, pero los que tenemos, ninguno quiere de forma real, efectiva y clara esa división y acción, pues hasta ahora callan o hablan muy tímidamente.