La Junta solicita al Gobierno la inclusión de todos los municipios mineros en los convenios de Transición Justa pendientes
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo

La Junta solicita al Gobierno la inclusión de todos los municipios mineros en los convenios de Transición Justa pendientes

La Junta reclama, por tanto, la aplicación como criterio corrector del ámbito municipal
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El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha remitido este viernes a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una carta en la que reclama al Gobierno de España que la totalidad de los municipios de Castilla y León "muy afectados" por la minería del carbón, 24 de la provincia de León y siete de Palencia, estén incluidos en la propuesta de zonificación del ministerio para la delimitación territorial de los Convenios de Transición Justa.


Según ha advertido Fernández Carriedo, esta propuesta, de mantenerse tal y como la traslada el Instituto para la Transición Justa, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, excluiría a 14 municipios mineros de la Comunidad.


En concreto, los de Cabrillanes, Cistierna, Sabero, San Emiliano, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vegacervera y Villagatón, en la provincia de León, y Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, La Pernía y Santibañez de la Peña, en la provincia de Palencia.


La exclusión de estos municipios obedece a la fijación del criterio de adoptar la fecha del 31 de diciembre de 2018, para evaluar el impacto del cierre de la minería del carbón, sin tener en consideración, como lamenta el consejero, que "numerosas explotaciones mineras de la Comunidad cerraron antes de esa fecha" como consecuencia de la Decisión Comunitaria 2010/787/CE para las explotaciones receptoras de ayudas al cierre durante el periodo 2010-2018.


La Junta reclama, por tanto, la aplicación como criterio corrector del ámbito municipal establecido en el Real Decreto 675/2014 como "imprescindible para dar solución" a la inclusión de los 31 municipios mineros de Castilla y León en los Convenios de Transición Justa, instrumentos recogidos en el Plan Estatal de Acción Urgente 2019-2021, para el mantenimiento del empleo afectado por el cierre de las explotaciones mineras, y que servirán de base a los Planes Territoriales de Transición Justa que debe desarrollar cada estado miembro para optar a recibir Fondos Comunitarios para este fin.


Este criterio corrector ya se ha utilizado en la propuesta de delimitación territorial del Convenio de Transición Justa de la Comarca de El Bierzo, por lo que Fernández Carriedo considera que "debería hacerse extensivo a los Convenios de La Robla-Montaña Central y de Velilla-Guardo para evitar agravios" y "desbloquear así el inicio de los procesos participativos" para la firma de los Convenios en la Comunidad de Castilla y León, procesos ya iniciados en Asturias y de Aragón.


Asimismo, el consejero se ha interesado por la tramitación del correspondiente instrumento para la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, para avanzar en su desarrollo.


Por otro lado, el Ejecutivo autonómico recordado la aprobación en el último Consejo de Gobierno de dos líneas de apoyo con un importe de 3,7 millones de euros con el objetivo de impulsar la creación de empleo en las cuencas mineras de León y Palencia, dentro del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.


Con estas dos líneas de subvenciones se prevé la contratación de 340 trabajadores desempleados, de forma prioritaria a trabajadores procedentes de empresas extractivas, térmicas y auxiliares del sector, como a los colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral.


El primer programa, dotado con casi 2,5 millones de euros, permitirá a los ayuntamientos beneficiarios financiar parte de los costes salariales y de Seguridad Social derivados de la contratación de personas inscritas como demandantes no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) para la realización de obras y servicios de interés general y social.


La segunda línea de ayudas autorizada cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros y se estima que incentivará la creación de 90 empleos. En este caso, las corporaciones locales deberán realizar contrataciones a personas sin empleo procedentes de industrias extractivas, de centrales térmicas y de empresas auxiliares.


Ambas líneas de ayudas están dirigidas a los 31 municipios mineros de la Comunidad muy afectados por el cierre de la minería del carbón.