Quiñones cifra en 700.000 euros lo obtenido por la venta de los todo terreno

Quiñones cifra en 700.000 euros lo obtenido por la venta de los todo terreno

PSOE tilda lo ocurrido como la "mayor chapuza" del consejero y el Grupo Mixto le acusa de apuntar a los delegados territoriales
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado que el proceso de enajenación de vehículos todo terreno del segundo de ambos servicios en el periodo 2015-2019 fue absolutamente "legal" y "transparente" y que por el mismo la Junta obtuvo el mejor precio de mercado, que globalmente ha cifrado en 699.297,84 euros.


En su comparecencia en sede parlamentaria y a petición propia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente para explicar un proceso que actualmente se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, Suárez-Quiñones, al igual de lo que hiciera en el pleno del pasado miércoles, ha apuntado que no existe "ninguna figura delictiva" en la tramitación de hasta casi una treintena de expedientes que ha permitido enajenar un total de 664 vehículos a través de las nueve delegaciones territoriales de la Junta.


El consejero, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que a excepción de cinco vehículos, adjudicados directamente a dos ayuntamientos socialistas y a una entidad soriana, en cuanto al resto de los lotes se siguió una "venta directa pero mejorada" al abrirse a la concurrencia de un total de 193 empresas que efectuaron 131 ofertas, "lo que aseguró un verdadero precio de mercado que se realizó en todos los casos a la más alta".


En dicho proceso, el político ha incidido en que unos vehículos fueron destinados al desguace y otros, sin nada que lo impidiera, fueron reparados y destinados al mercado de ocasión para su venta a terceros.

El responsable de este departamento también ha justificado la venta de los vehículos públicos en la necesaria renovación de la flota, con algunos de hasta 18 años, más de 400.000 kilómetros y un coste global de reparación de millón y medio de euros, así como por la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios del Servicio de Montes.


En su intervención, el consejero ha afeado la postura de los responsables del PSCyL y Grupo Mixto, Ángel Hernández y Pablo Fernández, respectivamente, a quienes ha acusado de tratar de utilizar esta cuestión para sacar rédito político. "El problema es que les puede la ansiedad", ha espetado el consejero a ambos políticos de la oposición.


LA GRAN DUDA DESPEJADA DE FERNÁNDEZ


Uno de ellos, Pablo Fernández, en tono irónico, ha reconocido haber comprendido de una vez por todas el por qué de la elección por parte del PP de un juez para desempeñar la cartera de Fomento y Medio Ambiente, "ya que éste pasa más tiempo explicando sentencias en contra del TJS que desempeñando su acción políticas", al tiempo que le ha tildado de "consejero antisistema", dado el volumen de fallos judiciales en contra que atesora desde su mandato.


Fernández, además de sostener que el consejero se ha limitado a "echar balones fuera sin explicar nada", ha recriminado también al político del PP por atribuir la responsabilidad del proceso a las delegaciones territoriales.


"A las delegaciones territoriales no las nombra el Espíritu Santo, las nombra la Junta de Castilla y León", ha recordado el político de Podemos, quien, también de forma irónica, ha confesado haber echado de menos en la relación de empresas de desguace enumerada por el consejero como adquirientes de parte de estos coches "el desguace mayor, que es el que tanto el PP como Ciudadanos están perpetrando en esta Comunidad".


En la misma línea, el socialista Ángel Hernández ha llegado a tildar lo ocurrido en este caso como una "chapuza mayúscula, la más bochornosa" en la etapa del consejero, si bien ha asegurado que lo peor de todo es que "ha mentido clamorosamente al Parlamento autonómico", en referencia a que los datos aportados sobre este caso en el último pleno se contradicen con los ahora ofrecidos durante su comparecencia.


El socialista ha negado que su formación ponga en entredicho la honorabilidad de los funcionarios públicos, pero sí ha puntualizado que lo que verdaderamente les preocupa es el hecho de que la Guardia Civil haya entrado en la sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para recabar documentación.


En el lado opuesto, el parlamentario del PP Ricardo Gavilanes, se ha dirigido expresamente a la oposición para recordarles que "¡no hay caso, por mucho que se empeñen!", afirmación que ha basado en las explicaciones detalladas que, a su juicio, ha ofrecido el consejero del ramo y que acreditan un procedimiento seguido conforme al decreto 12/2012, de 29 de marzo, por el que se desconcentra en las delegaciones territoriales la enajenación de los bienes muebles de la Consejería.



"El problema es que no están atacando directamente al consejero, sino que están atacando a los funcionarios de este departamento y del resto de consejerías, y eso no se puede permitir", ha zanjado el procurador 'popular'.