Piden un delegado de la Fiscalía Anticorrupción para la Comunidad

Piden un delegado de la Fiscalía Anticorrupción para la Comunidad

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La fiscal Superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, reclamado la necesidad de contar en la Comunidad con un delegado de la Fiscalía Anticorrupción que dependa del Fiscal Jefe y que tenga competencias en todas las provincias, según lo ha avanzado en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes donde ha detallado la Memoria de 2016.


Rodríguez ha considerado que sería "eficaz" un fiscal en la Comunidad centrado en la corrupción para atender las demandas de las nueve provincias en una Comunidad en la que la "dispersión" es una de los sus principales características, no obstante, ha recordado que existen estas delegaciones en otras regiones como Baleares o Cataluña pero siempre con carácter provincial.


Esta solicitud ha sido respaldada por todos los grupos parlamentarios con representación en las Cortes y, en concreto, el portavoz de Podemos en esta Comisión, Félix Díez, ha garantizado que su grupo hará todo lo posible y utilizará todas las herramientas parlamentarias que estén en su mano para respaldar esta reivindicación de la fiscal superior.


Lourdes Rodríguez ha destacado la importancia de su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes con el fin de dar visibilidad a la división de poderes, algo que es la base del "juego democrático", por lo que ha insistido en la necesidad de valorar este tipo de intervenciones en "momentos difíciles para el país" por la situación que se vive en Cataluña.


La fiscal superior de Castilla y León ha expuesto ante la Comisión los grandes datos de la Memoria de 2016, un año en el que, como ha señalado, las diligencias previas abiertas por las fiscalías descendieron un 51 por ciento con respecto a 2015 hasta las 78.820.


Rodríguez ha achacado el descenso de estos procedimientos a la reforma del Código Penal que deroga las faltas y las sustituye por delitos leves, lo que ha llevado a que se hayan dejado de remitir a la Fiscalía expedientes con falta de autor o sin relevancia penal.


No obstante, para la fiscal esta modificación del Código Penal ha revelado una mayor eficacia en el descenso de incoaciones pero no ha sido "muy eficaz" en relación a las cargas de trabajo que pesan sobre los fiscales.


Como ha detallado los delitos más calificados por los fiscales de la Comunidad son los relacionados con la seguridad vial, seguidos de los que tienen que ver con el patrimonio y, por último, los relacionados con lesiones. En este sentido ha insistido en la eficacia de los juicios rápidos en materia de seguridad vial y ha desvelado un descenso del 21 por ciento en la presencia fiscal sobre delitos penales.


Asimismo, ha reseñado que las sentencias condenatorias de 2016 en la Comunidad fueron en un 81 por ciento conformes con las penas solicitadas por los fiscales de la Comunidad y en un 78 por ciento de los casos se resolvieron por conformidad previa. En este sentido, la fiscal superior ha abogado por adelantar el procedimiento de conformidad a antes de celebrarse los juicios, lo que aceleraría los procesos y simplificaría la tramitación.


En general, Lourdes Rodríguez ha destacado que los delitos de mayor relevancia se situaron en 2016 en niveles similares a los del año anterior, al tiempo que ha reconocido que el pasado año se produjo un proceso de consolidación del modelo de custodia compartida y se avanzó en la protección de los derechos de ancianos que ven mermada su capacidad de decidir con el fin de "velar por sus derechos.


Violencia de Género


En materia de violencia de género la fiscal superior ha lamentado las seis muertes registradas en 2016, tras lo que ha asegurado que en lo relacionado con estos delitos se mantienen las cifras de 2015 con un ligero aumento. Así, los procesos de calificación aumentaron un 11 por ciento, las sentencias un 13 por ciento, mientras que las absolutorias cayeron un 25 por ciento.


En este punto, Rodríguez ha reclamado más planificación y coordinación de los recursos destinados a violencia de género, donde, como ha reconocido, se están haciendo inversiones pero es necesaria "más coordinación". De este modo ha considerado que las unidades de valoración integral no están suficientemente dotadas de medios y personal adecuado a pesar de ser "esenciales".


"Es necesario actuar con eficacia y que los informes se emitan en un plazo razonable" y no en un plazo medio como el actual que se sitúa en torno a los seis meses.


En cuanto a la violencia doméstica las cifras de 2016 se mantuvieron con respecto a 2015 y, en este punto, ha pedido que se preste especial atención al trasfondo de estos problemas que, por lo general, se sustentan en problemas de adicción o enfermedades mentales.


Sobre medio ambiente y urbanismo la fiscal superior ha destacado un repunte en los delitos relacionados con el maltrato de animales domésticos, algo que también se extendió a especies protegidas. En estas secciones los incendios forestales son una de las principales preocupaciones, un punto en el que ha considerado importante trabajar en una coordinación entre Galicia, Castilla y León y Portugal para abordar problemas específicos de estas zonas dada la dificultad para identificar a los autores y recopilar pruebas.


Extranjería y seguridad vial


En materia de extranjería, como ha detallado Rodríguez, se ha destacado un incremento en el número de expulsiones por estancias ilegales, en la mayor parte de los casos se detectaron situaciones irregulares en clubes de alterne y en el mundo rural en el sector de la agricultura y la ganadería, tras lo que ha reseñado que en la Comunidad no se han producido problemas sobre menores extranjeros no acompañados.


Los delitos relacionados con la seguridad vial fueron los más calificados en 2016, donde uno de cada tres delitos se resolvieron a través de juicios rápidos y, en su mayoría, tuvieron como causas el conducir bajo los efectos del alcohol o sin permiso.


En el ámbito de menores la fiscal ha detallado que la labor de su área debe centrarse en dos misiones, la primera de ellas la investigación de infracciones cometidas por menores y, en segundo lugar, las acciones destinadas a la reinserción. Sobre estos procedimiento Rodríguez ha asegurado que se han aumentado las conformidades, tras lo que ha defendido la importancia de contar en esta sección con abogados especialistas ante una falta de recursos suficientes en materia de menores.


Por último, la criminalidad informática es otro de los aspectos sobre los que se debe trabajar, como ha destaco Rodríguez, ya que la "complejidad" de estos delitos ha provocado "saturación y atasco" en los gabinetes policiales ante los requerimientos de informes previos.