Crecen las protestas contra el gerente de Atención Primaria

Crecen las protestas contra el gerente de Atención Primaria

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El Sindicato de Enfermería Satse de Salamanca califica de dañina y nociva la gestión del gerente de Atención Primaria de esta provincia y ha pedido su cese por las condiciones laborales que está imponiendo y que perjudican a los profesionales de enfermería.


"Veintiún meses han pasado desde el desembarco del gerente Luis Javier González Elena en la gerencia de Atención Primaria de Salamanca y la situación para profesionales de enfermería y usuarios ha empeorado de manera notable", asegura. Así, ha elaborado un informe con 18 puntos que perjudican y vulneran los derechos de los profesionales de enfermería de este ámbito. La intención del sindicato es presentar este informe al responsable de la gerencia en reunión solicitada de manera formal, "aunque como suele ser habitual, no se ha recibido respuesta por parte del máximo responsable".


Dichos puntos abarcan asuntos de suma importancia para el bienestar y seguridad de enfermeros y usuarios tales como: jornada laboral y cobertura de ausencias, disminución de contrataciones y precariedad laboral, coberturas de bajas, formacion del personal de enfermería, seguridad de los profesionales, estado de los centros de salud, gestión de residuos y manejo de fármacos peligrosos entre otros.


Además en dicho informe se hace referencia de manera concreta a la problemática de los enfermeros de Área, los cuales, además de problemas con calendarios, permisos, formacion y reconocimiento de carrera profesional, están pendientes de la resolución de una movilidad voluntaria de más de un año de evolución.


Explica Satse que esta gestión "está obligando a los profesionales de enfermería a salir de nuestra provincia debido a la escasez y precariedad de contrataciones promovida por el gerente, lo que provocará a corto plazo la misma situación generada con los médicos, con los que ya hay serios y graves problemas para pasar las consultas debido a la falta de los mismos".


A estas protestas también se suma el Partido Socialista de Salamanca, cuyo secretario provincial y procurador en las Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, denuncia que “el desprecio del equipo de gobierno regional del PP a la atención sanitaria en el medio rural suma así un nuevo capítulo en la provincia de Salamanca. A la larga lista de municipios afectados por la deficiente gestión de la Consejería de Sanidad se suman ahora Rágama y Paradinas de San Juan”.


Denuncia del Defensor del Paciente


El Defensor del Paciente ha presentado este martes una denuncia ante el Supremo contra el presidente del Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, a los que acusa de su "falta de voluntad" a la hora de llegar a acuerdos con el colectivo de médicos interinos, en huelga desde el pasado día 1 de agosto convocada por el Sindicato Médico de Castilla y León (Simecal).


La denuncia, presentada por la presidenta de la asociación, Carmen Flores, entiende que ambos mandatarios, así como otras personas que pudieran aparecer a lo largo de la investigación, podrían haber cometido un delito contra la sanidad pública de los ciudadanos de la Comunidad.


El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, advierte de que la referida huelga de los médicos interinos pone en riesgo la vida y la asistencia de los pacientes, "agravándose en las zonas rurales".


A su juicio, la gravedad de estos hechos obliga a realizar una investigación que aclare lo sucedido, pues serían presuntamente constitutivos de delito de dejación de funciones y un delito contra la sanidad pública de la Comunidad.


"La falta de voluntad para terminar con la huelga, a pesar de las connotaciones de ésta, con el peligro que conlleva una huelga médica", es lo que ha llevado a Defensor del Paciente a presentar esta denuncia ante el Supremo.


La asociación censura que la postura de los dos denunciados de rechazar acuerdos con los trabajadores se justifica en el intento de ahorrar en sueldos, recetas o pruebas que no se prescriben, si bien entiende que la única razón es porque a los aludidos no les importan los ciudadanos "ya que si ellos o sus familias enferman no tienen ningún problema, se van a la privada, y el que no pueda que se aguante, vale más la soberbia que el sentido de la responsabilidad política".