Amilivia pide a la Junta una supervisión continua de las entidades públicas

Amilivia pide a la Junta una supervisión continua de las entidades públicas

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El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha considerado que sería "oportuno" que la Junta de Castilla y León implante un sistema de supervisión continua y coordinada de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma a través de la Intervención General que depende de la Consejería de Economía y Hacienda para su coordinación con la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) que, según ha informado, ya ha iniciado ese trabajo en otras comunidades autónomas.


"En Castilla y León todavía no se ha implantado", ha constatado Amilivia que ha apuntado a un "próximo desarrollo normativo", que el portavoz del PP en la Comisión de Economía y Hacienda, Salvador Cruz, ha anunciado para finales del presente año o para principios de 2020.


Este es el principal mensaje que ha trasladado el presidente del Consejo de Cuentas en la presentación en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes del 'Informe sobre los procesos de extinción de las entidades del sector público autonómico' en un momento "oportuno" y "de actualidad", según sus palabras, ante la comisión creada por PP y Ciudadanos para analizar el sector público de la Comunidad y ante la decisión del Tribunal de Cuentas de elaborar un informe sobre el proceso de extinción de entes llevado a cabo en todas las autonomías que, según ha augurado, va a tener una "importancia singular".


Dicho esto, ha insistido en la importancia de coordinar con la ONA un sistema de supervisión permanente que permita determinar el motivo por el que existen las entidades, de qué medios disponen y los motivos por los que se mantienen en el tiempo a partir de datos "de carácter permanente y solvente".


Respecto al informe de fiscalización presentado este jueves en las Cortes, Amilivia ha defendido que el Consejo de Cuentas es el "órgano idóneo" para evaluar un proceso de reordenación que ha dado como resultado "un sector público más simplificado, en la medida en que desempeña prácticamente las mismas funciones que tenía encomendadas antes del inicio de la reestructuración, con menos personal y menos
aportaciones por parte de la Administración".


Dicho esto, ha aclarado también que esa reordenación no ha supuesto una reversión mayoritaria de las funciones a las consejerías competentes ya que se han mantenido en otros entes preexistentes que han asumido esas funciones, junto a su patrimonio, a través de procesos de fusión o de cesión de activos y pasivos.


Asimismo, ha constatado que en Castilla y León no se aprobó un plan de racionalización individualizado de esa reordenación del sector público por lo que ese ajuste de los entes se llevó a cabo en las sucesivas leyes de medidas, si bien ha defendido que el proceso se ha ajustado a los planes establecidos y a la normativa aplicada.


El presidente del Consejo de Cuentas ha destacado el "esfuerzo" realizado por la Administración autonómica que, tras los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2010 y 2012, redujo las entidades desde las 88 que existían en enero de 2011 hasta 56 en enero de 2017, si bien ha recordado que a lo largo de los ejercicios 2017 y 2018 se extinguieron también las empresas Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León y Castilla y León Sociedad Patrimonial, lo que suma un total de 34 entes extinguidos.


233 CONTRATOS MENOS Y 4,8 MILLONES EN INDEMNIZACIONES


Según los datos recabados por el Consejo de Cuentas, el ahorro de personal asociado al proceso de reestructuración ha supuesto la
reducción de 233 contratos de trabajo que ha llevado asociado a su vez un coste de 4,8 millones de euros por despido e indemnizaciones y ha cifrado el coste anual de los empleos que causan baja en 7,7 millones.


Por su parte, el volumen global de transferencias realizadas por la Administración para el funcionamiento del conjunto de empresas, fundaciones públicas y entes públicos de derecho privado ha experimentado una disminución de 121 millones de euros (41 por ciento) entre los ejercicios 2010 y 2017 y ha pasado de 298 a 177 millones.


Las principales críticas respecto a los resultados de este informe han partido del Grupo Socialista, cuya portavoz en esta Comisión, Rosa María Rubio, ha lamentado que no se haya producido una reversión mayoritaria de las competencias a la Junta que han pasado de unos entes a otros "como nos tienen acostumbrados" en lo que ha considerado un "disimulo de hago pero no hago", con el ejemplo de "la guinda del pastel", en referencia a la inicial ADE que derivó en el ICE y al que ha denominado 'Agencia de Corrupción y Despilfarro del PP -ACDPP--'.


Rubio ha criticado también que el ajuste se haya realizado a "hechos consumados" por la falta de un objetivo "claro y por escrito" y de una meta preestablecida. "En cada momento se ha actuado en beneficio del PP", ha concluido la socialista que ha tildado de "cansinas" y de "falaces" las comparaciones del PP respecto a la situación de otras comunidades autónomas --369 entes en Andalucía o 513 en Cataluña, el 40 por ciento de las 2.444 que había en el país, según ha recordado Salvador Cruz--.


Tanto el portavoz del PP como el de Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, han coincidido al significar el punto 7 del acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre ambas formaciones que contempla el análisis de la situación de las 16 entidades en las que la Junta interviene en más de un 50 por ciento para seguir simplificando el sector público autonómico.


Por otro lado, Izquierdo ha aclarado al portavoz del Grupo Mixto en esta Comisión, en leonesista Luis Mariano Santos, que el aumento de la estructura de las consejerías no es un gasto sino una inversión, afirmación que Rubio ha considerado una "barbaridad política".


"Existe mucha Administración B, excesiva", ha concluido por su parte Santos ante la "incongruencia" de la actual Junta por pretender minorar el gasto mientras aumenta altos cargos y puestos de confianza y ha compartido con la socialista que el "primer error" del Gobierno de Juan Vicente Herrera fue no elaborar una hoja de ruta para una reordenación que, en su opinión, ha servido para "cosas sucias".


"Castilla y León ha sido ejemplar, Castilla y León cumplió con los objetivos planteados", ha sentenciado por su parte Salvador Cruz que se ha remitido al acuerdo de gobierno alcanzado entre UPL y PSOE en León para ironizar sobre el número de asesores y de altos cargos que tendrá un Gobierno de PSOE y Podemos.


HABILITAR ENERO PARA PRESENTAR MÁS INFORMES


Por otro lado, Mario Amilivia ha recordado que la de hoy ha sido la quinta comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda en sus nueve meses de mandato en los que ha presentado ya 16 informes y ha abogado por habilitar el mes de enero para seguir avanzando en la presentación de informes de fiscalización.


En esta ocasión, ha expuesto también el informe de las subvenciones destinadas a la explotación de servicios deficitarios de transporte público regular permanente de uso general de viajeros por carretera que concluye que la Dirección de Transportes debe regularizar la situación de los titulares de las desaparecidas autorizaciones administrativas especiales mediante un contrato de concesión de servicios.


Y, de cara a las futuras convocatorias de subvenciones para financiar el déficit de la explotación hasta la adjudicación de los nuevos contratos, cree que se debe modificar la base que regula la determinación de la cuantía individual de la subvención para reflejar la estructura real de costes e ingresos que va a ser utilizada para cuantificar el importe.


En relación con el transporte metropolitano, recomienda a la Dirección General de Transportes que financie las bonificaciones de los precios de utilización del transporte metropolitano de Salamanca, León y Valladolid, en una línea de subvención independiente, adaptada a la finalidad y objeto financiado.