El anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos finaliza con 162 alegaciones

El anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos finaliza con 162 alegaciones

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El anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León ha recibido un total de 162 alegaciones de distintos colectivos y entidades a lo largo del mes de la fase de información pública en la plataforma de Gobierno Abierto que concluyó el viernes 17 de enero.


Según los datos facilitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, entre los colectivos que han presentado las alegaciones al citado anteproyecto de ley destacan los de cazadores, como la Federación de caza y la Federación de galgos; las de asociaciones ecologistas, grupos conservacionistas y animalistas y las de colegios profesionales, asociaciones de turismo activo y alojamientos rurales.


También se han recogido alegaciones de la Federación de montañismo y deportes de escalada, de asociaciones profesionales agrarias, de la asociación profesional de guardas jurados, de asociaciones micológicas y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, junto a "numerosos" ayuntamientos y juntas vecinales.


Según han precisado las mismas fuentes, simultáneamente a este período de información pública, el texto se sometió a los trámites de audiencia a interesados, así como informe de las distintas consejerías de la Junta de Castilla y León.


Una vez concluida esta fase, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente analiza ahora las alegaciones formuladas y para incorporar las que sean estimadas al texto del Anteproyecto de ley, cuya nueva redacción se someterá al dictamen, por este orden, del Consejo Regional de Medio Ambiente, Consejo Económico y Social de Castilla y León, informe de la Dirección de Servicios Jurídicos, del Consejo Consultivo y de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.


La tramitación del Anteproyecto de ley finalizará con su sometimiento a la Comisión de Secretarios Generales y su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno, para su remisión a las Cortes de Castilla y León con el fin de su tramitación como proyecto de Ley.