La consulta

FuenteEnrique de Santiago

El PSOE ha pasado en pocos meses de decirle a los ciudadanos que propugnaba la penalización de los referéndums ilegales a afirmar que en Cataluña se debe de realizar una “consulta”. Al final, todo mentira, sólo mentira… o ¿algo peor?

Sin entrar en la disputa política, y a vuela pluma, en nuestro ordenamiento jurídico la consulta popular se denomina referéndum y pueden ser de tres tipos:

1.-      El obligado para ratificar una reforma constitucional de aquellos títulos que se suponen reforzados o “blindados” y que afectan a las normas y valores del ordenamiento jurídico, los derechos fundamentales o la corona y que requiere la previa aprobación del texto constitucional por el congreso y el senado. Este referéndum es vinculante.

2.-      El de ratificación de una reforma de la Constitución que no afecte a los títulos reforzados, que no es obligatorio y puede ser solicitado por una décima parte de los diputados o senadores. Si se celebra es vinculante.

3.-     Las consultas sobre decisiones políticas de especial trascendencia, debidamente convocado por el Rey, a propuesta del presidente del gobierno, previa autorización del congreso de los diputados, es de carácter facultativo y no podrá afectar nunca al Texto Constitucional.

Si la hipotética consulta, de la que habla el PSOE y ERC, afectase al Texto Constitucional (Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II) debe de presentarse un texto constitucional alternativo a las cámaras que deberán de ratificarlo con una mayoría reforzada de 3/5 de cada una de las cámaras, se deberán de disolver y realizar unas nuevas elecciones tras las que las nuevas cortes deberán de ratificar el nuevo texto con una mayoría de 2/3 y, una vez aprobada, deberá de ser sometida a referéndum para su aprobación popular. De ser desestimado no podría llevarse a cabo por ser una consulta vinculante.

El artículo 1º del Título Preliminar establece “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y el artículo 2º que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

En este contexto legal no parece posible que, ni el PSOE, ni mucho menos ERC y el independentismo, puedan llevar a efecto una consulta constitucional de la que de una u otra forma se pueda colegir un supuesto e ilusorio derecho a decidir o a la secesión sin incurrir en una evidente ilicitud, ilegalidad e inconstitucionalidad flagrante ante la que deducir todo tipo de acciones jurídicas.

Dicho lo cual, y aun celebrándose una consulta ilegitima e ilegal, el daño político que ello supondría al Estado Social y Democrático de Derecho que establece nuestra Constitución sería muy importante, pues la caterva bramaría e intentaría imponer sus posiciones sin ni siquiera presentar, a propios y opuestos, la alternativa real que plantean, lo que conlleva, inexorablemente, a la destrucción constitucional y la deriva a un Estado No democrático del que desconocemos sus características.

Ante este panorama, es imprescindible que los partidos asuman que es prioritario y no discutible la defensa constitucional, por encima de ideologías o pragmatismos cortoplacistas y, por una vez, antepongan el interés general a sus posiciones personalistas e/o ideológicas en favor de un fin superior, y que los ciudadanos estemos también a la altura y, sin pasiones, exijamos esa postura a nuestros políticos, sancionando duramente al que así no lo haga aunque sea aquel que defiende nuestra posición ideológica.

Recuperemos la seriedad, la palabra, el rigor, la preparación, el estudio sosegado ante los problemas y reconstituyamos los controles constitucionales y legales que limiten el poder, disputando, discutiendo o debatiendo sobre planteamientos o posiciones políticas oportunamente presentadas y no en fotos, plexiglás y mentiras como hasta el presente, el movimiento social de exigencia de estos mínimos comunes para todas las ideologías democráticas debe de ser la obligación que los ciudadanos debemos de asumir y los medios de comunicación divulgar y apoyar.

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