“Es una nueva humillación a las víctimas de la dictadura franquista”

'Salamanca Memoria y Justicia' lamenta que el órgano judicial se incline por defender el interés particular de la familia Franco frente al interés general paralizando su exhumación

FuenteRedacción
Imagen: Europa Press

La asociación ‘Salamanca Memoria y Justicia’ ha manifiestado su tristeza e indignación ante la resolución del Tribunal Supremo por la que paraliza la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de El Pardo, estimando la petición de los familiares del dictador y de la Fundación Francisco Franco, hasta que el referido órgano jurisdiccional resuelva, por sentencia firme, sobre el fondo del asunto; algo que se podría demorar varios meses más.

La organización ha recordado que el procedimiento administrativo para exhumar los restos de Franco se inició respetando escrupulosamente el principio de legalidad y obedece a la aprobación del Real Decreto-Ley 10/2018 que modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica, convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, por 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones. Previamente, por una Proposición no de ley de 11 de mayo de 2017, el Congreso de los Diputados había votado a favor de exhumar los restos de Franco y convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria y reconciliación, por 198 votos a favor frente a 140 abstenciones. Por su parte, los relatores de Naciones Unidas, en su visita al Valle de los Caídos, consideraron una “anomalía internacional” mantener en ese lugar los restos del dictador.

Con estos antecedentes, continúa ‘Salamanca Memoria y Justicia’, el Tribunal Supremo se ha inclinado por defender el interés particular de la familia Franco frente al interés general, la legalidad española vigente y los convenios y tratados internacionales sobre la materia. En el auto judicial, además, el Tribunal Supremo parte de “una premisa errónea muy grave” al afirmar que Franco fue Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 y “dar carta de naturaleza a una jefatura del estado proclamada por la fuerza de las armas mediante un cruento golpe de Estado, cuando desde el punto de vista jurídico ese cargo lo ocupaba en aquél momento el presidente de la República, Manuel Azaña”.

Para la asociación, “esta decisión del Tribunal Supremo supone una nueva vergonzosa humillación a las víctimas de la dictadura franquista y que varias decenas de miles de ellas continúan sepultadas en indignas fosas comunes sin que sus familiares hayan podido honrarlas, llorarlas y dignificarlas como todo ser humano se merece por el mero hecho de serlo”.

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