La UPSA aborda los principios legales en la intervención de violencia infantojuvenil

Fiscalía de menores, Policía Nacional y psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses explican en la UPSA su actuación ante estos casos

FuenteRedacción

El Instituto de Ciencias de la Familia y la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en colaboración con Salud Mental Salamanca, continúan desarrollando las jornadas de ‘Violencia en la Infancia y la Adolescencia’ con una mesa redonda sobre las ‘Fundamentaciones legales respecto a la intervención sobre los estados de violencia infantojuvenil’. En el acto han estado presentes Juan Salvat, médico forense y subdirector del IMLCF de Palencia, Salamanca y Valladolid; Pilar Tejedor, fiscal de la Audiencia Provincial de Salamanca adscrita a la Sección de Menores; Isabel Mª Prieto, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía y responsable de la UFAM de la Comisaría de Salamanca, y Gerardo Rodríguez, psicólogo de la subdirección del IMLCF de Palencia, Salamanca y Valladolid.

Juan Salvat ha contextualizado las diferentes actuaciones que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y el papel de los fiscales, médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales ante casos de intervención de violencia infantojuvenil, asegurando que «siempre hay una normativa que rige el fundamento de las actuaciones». Además, ha explicado la diferencia del rol del psicólogo cuando trabaja desde el ámbito clínico, «donde rige el principio de confianza y secreto profesional», respecto al ámbito pericial, «donde no hay confidencialidad ni secreto profesional».

Pilar Tejedor ha explicado la diferencia entre los menores en situación de ‘protección’, «que no tienen cubierta la patria potestad por múltiples situaciones y se encuentran en una situación de riesgo o desamparo», y los procedimientos de los menores que infringen la normativa penal y se encuentran en situación de ‘reforma’. La fiscal ha destacado las leyes del Código Civil del año 2015 en las que se refleja, por primera vez, que los niños también tienen obligaciones. Ante casos de violencia familiar, la fiscal ha aclarado el procedimiento, que normalmente comienza con la denuncia de un familiar, o de otros como vecinos, policía, colegios, informes médicos, etc. De cualquier modo, considera que estas situaciones podrían evitarse previamente, «ya que lo fundamental para que no haya delitos de violencia es la prevención y la educación».

Isabel Mª Prieto ha expuesto su labor en la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) y la actuación de la Policía Nacional en el momento de la detención del menor, la custodia y su registro. La inspectora enumeró los delitos más comunes que cometen los menores: maltrato de hijos a padres y viceversa, contra la libertad sexual, el consumo de alcohol y estupefacientes, etc. Y ha destacado el aumento que se está produciendo en delitos de ludopatía. «Es un problema que va en aumento, mucho escolares faltan a clase y se van a jugar a las máquinas tragaperras». También han aumentado los delitos derivados por el uso de nuevas tecnologías, «donde se producen insultos, amenazas entre los niños y en época de fin de curso, amenzas a los profesores».

Gerardo Rodríguez, por último, se ha centrado en la función del psicólogo integrado dentro de los grupos de medicina legal y ha detallado su papel en los casos de divorcio que llegan al juzgado por desacuerdos con la custodia de los padres, el régimen de visitas o la modificación de las medidas previas. Ante estos casos, el psicólogo ha señalado cómo se realizan los informes «a petición del juez, fiscal o a petición de los abogados de las partes, siempre que el juez lo considere oportuno». «El único objetivo es velar por los menores de edad», indica. Rodríguez asegura que gran parte de los casos que llegan al juzgado podría resolverse por los padres previamente «porque en esta situación entre ellos hay prejuicios, ideas preconcebidas, emociones, en las que se pierde la realidad de la evolución del niño».

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