Los intérpretes de estudiantes con discapacidad auditiva alzan la voz

Eso sí, con miedo a represalias. Comisiones Obreras abandera la causa del colectivo que reclama que reclama ser integrado como personal de la Administración y dejar de pertenecer a empresas sobcontratadas

Laura Mayo y José Antonio Cabañeros

La sede de Comisiones Obreras en Salamanca ha sido el escenario este martes de la reivindicación del colectivo de intérpretes de lengua de signos en centros educativos con alumnado sordo, o que presenta algún grado de discapacidad auditiva, o sordoceguera. Lo han hecho a través de los responsables del sindicato Laura Mayo, secretaria de Enseñanza para Salamanca y José Antonio Cabañeros, adjunto a la Secretaría de Enseñanza Privada, ya que, según han denunciado, las trabajadoras tienen “miedo a represalias”.

Los problemas laborales de este colectivo afecta en Castilla y León a 35 profesionales, de las que 34 son mujeres, que atienden a unos 60 alumnos, de los un tercio están en Salamanca, según los datos ofrecidos por Comisiones Obreras. La denuncia hecha efectiva por el sindicato radica en la precariedad de las condiciones laborales de estas trabajadoras que afecta al servicio que reciben los alumnos y que, en ocasiones, apenas cuentan con un intérprete “cinco horas a la semana”

La vinculación de las intérpretes de lengua de signos con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se produce desde el año 1996 y se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida hasta ahora. Eso sí, ha habido un incremento paulatino tanto en número de alumnos como de profesionales contratados y por eso el sindicato reclama que el personal pase a cargo de la Consejería y se le considere como personal e servicios educativos y complementarios. Algo que ya sucede en otras comunidades como País Vasco, Extremadura o Andalucía.

La causa que el sindicato aduce para que se haya llegado a esta situación es que al externalizar el servicio y adjudicarlo a la empresa cuya oferta sea económicamente más ventajosa lo que se consigue es empeorar el servicio, máxime cuando lo se lleva la vigilancia adecuado en cuanto al cumplimiento del contrato por parte de la Administración. “La ley recoge que se debe facilitar un intérprete a las personas que lo necesiten y no se está cumpliendo en su totalidad”, denuncian.

De hecho, aseguran que, según los datos que manejan, hay estudiantes que están recibiendo interpretación tan solo un 16% de las horas lectivas que tienen, por lo que su integración se ve gravemente comprometida el resto del tiempo.

Por estas razones, el colectivo reclama una ampliación del periodo de contratación, disponer de jornadas completas y que no se reduzcan durante el curso, así como una participación real y efectiva de las intérpretes en los centros como personal educativo no docente. Recuerdan que “cada alumno tiene unas necesidades específicas que requieren tareas previas y posteriores a la interpretación, como informes, materiales o coordinación con el profesorado” y no están pudiendo cumplirlo.

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