Salamanca es la provincia que más personal pierde en Seguridad Social

Según denuncia Podemos, la situación, conocida por el Gobierno de España, deteriora el servicio que se presta a los ciudadanos, la resolución de los trámites y pone de manifiesto la existencia de la brecha digital en la población

La procuradora de Podemos por Salamanca Isabel Muñoz

La “drástica” reducción del personal de la Administración de la Seguridad Social en Castilla y León “está degradando de manera alarmante la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía”. Según ha denunciado este viernes Podemos, Salamanca es la provincia de la Comunidad Autónoma que, en relación con su población, ha perdido más plantilla, un 17’43%, siendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) donde el agravio es más evidente.

Así se lo han transmitido recientemente los representantes de la Sección de CGT en la Administración General del Estado de Salamanca a la Procuradora de la formación morada, Isabel Muñoz. Según el sindicato, esta situación se puede ver agravada por el envejecimiento de las plantillas: un 29,15% es mayor de 60 años y un 34,63% se encuentra entre los 55 y 59 años. En el caso del personal laboral el 80% tiene más de 55 años. Si no se pone remedio, en 8 años se perderá casi la mitad de la plantilla.

Esta situación es conocida por la Administración, según Muñoz, sin que hasta el momento se haya puesto remedio. El propio secretario de Estado de la Seguridad Social no hace mucho ha remitido una resolución reconociendo que dada la situación actual de absoluta deficiencia de recursos humanos de la Administración de la Seguridad Social, los informes a emitir sobre las múltiples peticiones de comisiones de servicio fuera de la Seguridad Social serán en todos los casos negativos.

En todo caso, de acuerdo con Isabel Muñoz, “la falta de personal no se mitiga imponiendo a la población -cuasi de manera dictatorial según los representantes de CGT- la administración electrónica para realizar sus tramitaciones sin tener en cuenta la importante brecha digital existente y donde las y los empleados públicos quedan reducidos a meros coach para entrenar a la ciudadanía en el manejo de la citada administración. Todo lo contrario, con estas ‘imposiciones’ se está empobreciendo aún más un servicio en el que es imprescindible la atención presencial detallada, y una administración cercana, y se está abocando a los contribuyentes a pagar para que alguien les resuelva la papeleta. La sombra de las privatizaciones cada vez es más alargada… La administración electrónica ha de ser una opción más, nunca una obligación”.

A juicio de la procuradora salmantina, “es inaceptable que esta falta de personal esté ocasionando unas demoras -en ciertos momentos de hasta 4 meses- en asuntos tan importantes como son, entre otros muchos, las pensiones de jubilación, las incapacidades o las medidas de protección a la familia… Como también es inaceptable que los más vulnerables del sistema: ancianos, o personas con menos recursos económicos, sociales y educacionales, tengan menos posibilidades de ejercer sus derechos ante la Administración”.

Por otro lado, los representantes de CGT, también le han trasladado su malestar respecto al cambio de criterio de la pensión mínima de la Incapacidad Permanente Total para menores de 60 años, recogido en el Real Decreto 28/2018, de 28 de diciembre. Con las cifras actuales, la pensión mínima pierde a causa de este cambio 78 euros al mes.

La solución a esta insostenible situación, expresan los representantes sindicales, pasa necesariamente por la convocatoria urgente de una OPE para la Seguridad Social que cubra todas las vacantes existentes, lo demás son parches inútiles. La procuradora en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Salamanca se ha comprometido a trasladar todos estos asuntos a las personas y órganos competentes de Podemosa nivel estatal para adoptar las medidas oportunas.

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