Una “ilegalidad” del PP le cuesta al Ayuntamiento 300.000 euros

El equipo de gobierno municipal del PP en el Consistorio salmantino ha firmado hoy la carta de pago, o el abono, de casi 300.000 euros a la empresa Etralux en cumplimiento de una sentencia judicial. Un fallo del TSJCyL que anula la adjudicación del contrato de alumbrado público por ilegalidades cometidas en el proceso por el concejal de contratación en su día, lugarteniente de Mañueco y ahora actual alcalde, Carlos García Carbayo

FuenteRedacción
Arturo Ferreras, José Luis Mateos y Almudena Timón, concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Salamanca abona casi 300.000 euros a la empresa Etralux en cumplimiento de una sentencia judicial que anula, y declara ilegal, el contrato por el que se adjudicó el mantenimiento y la mejora del alumbrado público de la capital.

La sentencia  del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba y dejaba sin efecto la decisión del equipo de gobierno municipal  del PP, avalada por el entonces responsable en materia de contratación y ahora alcalde, Carlos García Carbayo, en la que se adjudicaba a la empresa Aceinsa Movilidad S.A. el contrato de las instalaciones de alumbrado público del municipio por ilegal. Un fallo en el que también se declaraba que dicho contrato debía ser adjudicado a la empresa recurrente, Etralux, que es la que ahora tiene que ser indemnizada con esa cantidad cercana a los 300.000 euros.

El Grupo Municipal Socialista recuerda que ya en su día advirtió que el mencionado contrato no se ajustaba a derecho, ni se ajustaba a las condiciones contempladas por los reglamentos en materia de contratación pública y por tanto era ilegal, lo que traería graves consecuencias al Ayuntamiento tal y como la Justicia vino a confirmar. Un argumento que fue incluso respaldado por la Intervención municipal quién también se opuso a dicha adjudicación y al que tanto el PP como el señor Carbayo hicieron oídos sordos empecinados y obcecados en cometer dicha ilegalidad.

Una ilegalidad en un contrato municipal que, además de cara para las arcas públicas y confirmada por sentencia judicial, ha continuado siendo defendida y justificada por el actual alcalde, Carlos García Carbayo, responsable y valedor de la decisión, quién en un Pleno del Consistorio celebrado recientemente reconocía que aun sabiendo que este contrato podía tener este final, le compensaba adjudicarlo en base a un supuesto ahorro para el Consistorio.

“Adjudicarlo aun sabiendo que era ilegal”

O lo que era lo mismo, adjudicarlo aun sabiendo que dicha adjudicación era ilegal, y por tanto reconociendo que todo vale si salen beneficiados sus intereses políticos,  partidistas, y la política clientelar y de amiguismo que el PP ha venido desarrollando a lo largo y ancho de sus mandatos. Lo que constituía un hecho sin precedentes y gravísimo, jamás visto en el ejercicio de un cargo público, que equivalía en resumidas cuentas a defender y justificar la prevaricación.

La cantidad de 300.000 euros que el equipo de gobierno del PP abona ahora supone un nuevo despilfarro de dinero público, que sale del bolsillo de todos los ciudadanos, y otro saqueo a las arcas municipales como consecuencia de la nefasta y negligente gestión que el PP viene haciendo en el Consistorio salmantino y, de manera especial, en materia de inversión, adjudicación o  contratación de obras y servicios.

Para el PSOE, la negligente gestión que el señor Carbayo hizo en materia de contratación, departamento del que fue el máximo responsable,  le incapacita para ejercer cualquier tipo de gobierno en el Ayuntamiento, y mucho más como alcalde y candidato a seguir siéndolo.

El Grupo Municipal Socialista recuerda que este contrato de mantenimiento y mejora del alumbrado público no ha sido el único cuestionado y puesto en entredicho por los tribunales. Hay otros dos contratos o adjudicaciones de servicios públicos que no cuentan con las debidas garantías ni la transparencia necesaria. El primero el del autobús o servicio público de transporte urbano, que también ha sido anulado por la Justicia. Y la segunda negligencia del equipo de gobierno municipal del PP, y en la que también el señor Carbayo es máximo responsable, el dejarse pasar los plazos para reclamar a la empresa Eulen, la anterior adjudicataria de las piscinas municipales, más de un millón de euros por los daños provocados en dichas instalaciones por falta de mantenimiento y mala gestión de dicho servicio.

Respuesta del PP

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha acusado en este sentido al Partido Socialista de “hacer, una vez más, demagogia y manipular la información sobre la gestión de los servicios públicos de la ciudad”. Los populares lamentan que “el PSOE, anteponiendo sus intereses electorales, intente desesperadamente desgastar al nuevo alcalde y al gobierno municipal del PP, en lugar de realizar propuestas para mejorar la vida de los salmantinos y las salmantinas”.

El Grupo Municipal Popular recuerda que “el contrato de alumbrado público ha reportado a la ciudad de Salamanca un importante beneficio, gracias a las mejoras gratuitas y al ahorro obtenido”; igualmente destacan que “la propuesta de la empresa que presentó un recurso judicial, al final, hubiera sido 876.729,57 euros más cara. Y todo ello habiéndose demostrado que el contrato era plenamente viable aplicando la oferta de la empresa que resultó adjudicataria”.

Entre las mejoras que se han venido introduciendo en los últimos años, destaca la sustitución del anterior alumbrado por otro nuevo de tecnología LED en distintos barrios de la ciudad. La instalación de dicha tecnología se ha realizado por un importe de 3.663.140 euros, sin coste alguno para las arcas municipales. Como consecuencia de ello, se ha generado además un ahorro energético de 562.532 euros, según datos del año 2017.

Además, la adjudicación del contrato de alumbrado público estuvo avalada por técnicos municipales, por el Tribunal Administrativo Regional de Recursos Contractuales, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, y por el Juzgado de Instrucción, que avaló la actuación municipal durante el proceso de adjudicación.

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