Padres reclaman controles semanales de drogas a conductores de autobuses escolares

Tras los dos positivos registrados en dos días en Salamanca y otro más en Valladolid, temen que la falta de controles periódicos no haga aflorar a la luz un problema que sólo surge cuando hay campañas especiales de la Dirección General de Tráfico. La Junta de Castilla y León advierte a las empresas concesionarias del servicio de transporte que si no despiden a esos conductores podría rescindir los contratos. También reclama que se permita a las empresas realizar más controles internos

FuenteRaúl Martín / Europa Press
Guardias civiles durante un control a autobuses de transporte escolar / Foto: Dirección General de Tráfico
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La campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) para controlar el transporte escolar se ha saldado en apenas dos días con tres positivos por consumo de drogas, dos conductores en Salamanca por cocaína y cannabis, y otro más en Valladolid por cocaína. Algo que ha hecho saltar las alarmas entre la comunidad educativa, sembrando la duda de si se trata de una práctica habitual no detectada por la falta de controles internos en las empresas o una práctica más común de lo que se cree pero que sólo ha aflorado en esta campaña especial.

NOTICIASCYL ha consultado a varias asociaciones de padres de alumnos, quienes muestran su preocupación por lo acontecido. “Estamos hablando de positivos por consumo de drogas, tres en sólo dos días. Conducir un autobús con niños es algo muy serio y esto nos hace temer en qué manos están nuestros hijos cuando van al colegio”, destacan desde Salamanca.

Máxime en una provincia como la charra, donde gran parte de las rutas de transporte escolar tanscurren por carreteras serpenteadas en las Sierras de Béjar y Francia, o por la zona de riscos del sur de Ciudad Rodrigo y en los municipios de Las Arribes. Calzadas que requieren una especial pericia y control de los conductores, pero también que se encuentren en sus mejores facultades.

Por eso, desde las asociaciones de padres de alumnos se reclaman controles semanales de drogas a los conductores de autobuses escolares, en lugar de esperar a campañas especiales con la Guardia Civil. Que se hagan de forma periódica para que así prime la prevención sobre las medidas a posteriori. “Pagarán justos por pecadores, porque se señalará a todos los conductores, pero la vida de nuestros hijos está por encima de todo”, añaden.

Reacción de la Consejería de Educación de la Junta

El director general de Política Educativa Escolar, Ángel Miguel Vega, ha mostrado la preocupación de la Junta de Castilla y León tras los dos casos de positivos por drogas detectados en Salamanca a conductores de autobuses escolares y otro más en Valladolid, al tiempo que ha apuntado que la Consejería se daría «por satisfecha» si, al igual que en el primero de los casos, la empresa despide a los trabajadores implicados.

Vega ha considerado que estos positivos son «un tema muy serio», que «preocupa» a la Consejería, pues se trata de un «asunto de seguridad», de modo que «no puede quedar impune». Así, ha destacado que el caso que se produjo este lunes en la misma provincia salmantina ya ha desembocado en el despido del trabajador, por lo que espera que «así sea» en el segundo de los positivos.

El director general ha explicado que el empresario «se obliga a prestar el servicio en condiciones de seguridad», por lo que si se lleva a cabo con riesgos o la medida que tome la empresa no satisface a la Consejería, se podría resolver el contrato. Sin embargo, ha apuntado que la Junta ve con satisfacción que se haya despedido al empleado que dio positivo por drogas y espera que la resolución del segundo caso sea «parecida».

Eso sí, ha querido recordar que en las campañas anteriores llevadas a cabo por la Guardia Civil para controlar la seguridad en los transportes escolares se saldaron sin positivos, por lo que destacó la profesionalidad de los conductores de los 1.901 autobuses que circulan cada día y que transportan a unos 35.000 alumnos.

No obstante, el director general ha mostrado su preocupación por que a las empresas no se les permita realizar controles «internos» de estupefacientes o de alcohol. Vega ha considerado este hecho un «malentendido ejercicio del Derecho del trabajador», cuando considera que la motivación debería ser en mayor medida la seguridad de los viajeros.

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