Confirmado el auto de imputación contra doce personas en el caso ‘Perla Negra’

FuenteEuropa Press
El edificio conocido como 'Perla negra'.

La Audiencia de Valladolid ha confirmado el auto de imputación contra doce personas por el denominado caso de ‘La Perla Negra’ contra doce personas, entre ellas los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, otros cuatro excargos de Gesturcal y ADE y seis empresarios más por distintos delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

El auto de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ratifica así el anterior, de fecha 1 de febrero de 2019, dictado por Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del caso, y rechaza los recursos de apelación de diez de los doce imputados, así como los presentados por el PSCyL y Fiscalía, que pedían mantener como investigado a Jesús Jiménez Miguel–sostienen que desde su cargo de «alta» dirección en Gesturcal autorizaba pagos a Parqueolid sin pasar por el Consejo de Administración–y, en el caso de los socialistas, que se incluyera además en la investigación el «palacete» que se adquirió como embajada en Bruselas.

Con respecto a las pretensiones de la decena de imputados que recurrió el auto, quienes alegaban que el juez instructor no había realizado un analisis completo y exahustivo de las diligencias probatorias, la Audiencia Provincia entiende que «contiene todos los elementos requeridos jurisprudencialmente para ser considerado ajustado a derecho».

A mayores, la Audiencia de Valladolid recuerda que el auto supone «un filtro procesal que evita acusaciones sorpresivas o infundadas, en la medida en que, solo contra quienes aparezcan imputados por los hechos recogidos en el mismo, cabe dirigir la acusación, con lo que dicha resolución, que exterioriza pormenorizadamente los indicios contra cada uno de los investigados, cumple dicha función escrupulosamente».

En su auto, el instructor, César Gil Margareto, cerró en febrero la instrucción de una causa declarada en 2016 de especial complejidad– investigaba inicialmente a una treintena de personas–y acordó seguir los trámites de procedimiento abreviado contra doce imputados tras considerar que actuaron en connivencia en las compras del Edificio de Soluciones Empresariales (‘La Perla Negra’) en Arroyo y de terrenos en Portillo para un polígono industrial que no llegó a ejecutarse.

Entre los implicados incluyó a la cúpula de la Consejería de Economía en la época en que estaba al frente Tomás Villanueva–quedó fuera debido su fallecimiento–y compuesta por Rafael Delgado Núñez, quien ocupó distintos cargos como segundo del anterior, tanto en calidad de viceconsejero como luego secretario y en ADE Internacional, Gesturcal y ADE Parques; Begoña Hernández, también viceconsejero del ramo y con puestos en esas mismas sociedades; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.

Junto a ellos, el juez situó a los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

El rosario de delitos atribuidos incluyen revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y/o cohecho.

El instructor entendía que la cúpula de Economía entonces dirigida por Villanueva e integrada por Rafael Delgado y Begoña Hernández actuó en connivencia con distintos empresarios, tanto de Urban Proyecta como de Parque Empresarial de Portillo, para favorecer a estos últimos en la compra por parte de la Junta de ‘La Perla Negra’ en Portillo, inmueble destinado a aglutinar distintos servicios administrativos, y de terrenos en Portillo para un polígono que no llegó a ejecutarse.

Información privilegiada 

En la primera de ambas operaciones, el instructor hacía referencia a la información «privilegiada» de la que gozó Urban Proyecta, hasta el punto de que su oferta para la adjudicación del contrato fue la única presentada.

Tras diversas vicisitudes y «pese al incumplimiento de las condiciones relacionadas con los informes de tasación», se firmaron dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera–más de 52 millones–, sin que consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía.

«Tampoco existe informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación. No existe justificación alguna para reducir el periodo de licitación a quince días ni tampoco existe justificación para que siete días después de fallida la operación en la ADE se derive la cuestión al consejo de administración de Gesturcal».

«Todo ello, originó graves problemas económicos y perjuicios tanto a
Gesturcal como al erario al ser sociedad participada públicamente, como
a la propia Consejería de Economía y Empleo», censuró el juez, que incluyó entre las irregularidades cometidas los posteriores trabajos de acondicionamiento del inmueble y la señalética contratados con la empresa Unifica Servicios Integrales, «sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia y sin que conste la justificación de la incompatibilidad de estos principios con la naturaleza de la operación a realizar».

La actuación presuntamente delictiva de los investigados se habría registrado igualmente en el proceso de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial, adquisición por la que la Administración regional acabó abonando más de 34 millones de euros.

Al respecto, el instructor sitúa nuevamente en el epicentro de Urban Proyecta, favorecida una vez más con «información privilegiada» y que comenzó a adquirir terrenos rústicos en dicho municipio e impulsando las actuaciones que luego se materializarán en los convenios y contratos con ADE.

«Lo que es indudable es que se trata de otra operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta, Alberto Esgueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández, en favorecimiento de Urban Proyecta», precisa el juez.

Éste considera que estamos ante otra operación «hecha a espaldas del consejo de administración de ADE Parques, y de hecho esta operación sorprende al mismo y resulta tan poco ventajosa que se acude al despacho o bufete de Garrigues para valorar la posibilidad jurídica para dejar de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas».

La operación fue ineficaz, supuso un importante endeudamiento sin ningún beneficio económico y en contra de los principios de gestión económica y financiera. ADE, en el ejercicio 2010 ya tuvo pérdidas por importe superior a los 10 millones de euros y «la operación comprometía seriamente el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera, siendo realizada en beneficio exclusivo de las empresas privadas contratantes».

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