Anulado el decreto regulador de las residencias de mayores castellanoleonesas

El Supremo da la razón al Sindicato de Enfermería, quien consideró que se trataba de un decreto “a la carta”

FuenteEuropa Press
Residencia de mayores./ Europa Press
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El Tribunal Supremo ha acordado anular el Decreto 14/2017, de 31 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a personas mayores de Castilla y León, dando así la razón al Sindicato de Enfermería Satse.

La resolución del Alto Tribunal confirma un fallo anterior en idéntico sentido del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictado en noviembre de 2018.

Satse, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que se hizo un decreto «a la carta» para las asociaciones empresariales que sobrecarga de trabajo, y más ahora en verano, a las enfermeras de los centros de salud al no haber suficientes sustituciones de enfermeros en las residencias.

El sindicato impugnó este decreto porque suponía un cambio de modelo asistencial respecto al de 2001, ya que el ahora anulado despojaba a estos centros del carácter sanitario y a la vez regulaba de forma escasa, poco clara e imprecisa la ratio de profesionales enfermeros con que debían contar.

«De este modo, dejaba la puerta abierta a que estos centros se abrieran y funcionaran sin contar con suficientes médicos, enfermeros, fisioterapeutas…recurriendo a los de Sacyl y sobrecargando el Sistema de Salud de la Comunidad, aparte de no garantizar una asistencia suficiente y de calidad a los residentes, que no hay que olvidar, son personas mayores, en su mayoría pluripatológicos y dependientes», advierte el sindicato.

La Junta, condenada en costas 

La Junta de Castilla y León había presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en noviembre de 2018 que anulaba dicho Decreto y el Supremo no ve motivos para aceptar la casación y condena al pago de costas a la Administración Autonómica, «lo que también es gravoso para las arcas públicas, sustentadas por todos los ciudadanos».

Además, dicho Decreto se dictó tras ser anulado otro de 2016 también por sentencia judicial, en la que se consideró que para aprobarlo no hubo el estudio económico exigido legalmente.

Para Satse es incoherente que la Consejería de Familia esté tramitando un nuevo decreto a la vez que recurre el de 2017, manteniendo las mismas condiciones, «que repercuten negativamente en la asistencia a los residentes».

Por ello, critica que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades siga insistiendo en seguir adelante con esta normativa reguladora de la autorización y funcionamiento de estos centros, al entender que perjudicará notablemente la asistencia para los residentes de los mismos.

«Uno de los motivos es que en el decreto se alude a un número mínimo de profesionales establecido en función del número de usuarios, pero no de su grado de dependencia y sus dolencias, como sí establecía la normativa anterior de 2001», critica Satse.

Sin embargo, Satse acusa a Familia de seguir queriendo implantar este nuevo modelo, pese a que establece que se eliminan las camas de las unidades de convalecencia (fruto de un acuerdo entre Familia y Sanidad) que estaban destinadas a cuidados de pacientes con un proceso agudo derivados de centros hospitalarios.

Por el contrario, el Decreto de 2017 también deriva los cuidados sanitarios al centro de salud, lo que, a su juicio, repercutirá negativamente en la enfermería de Primaria, que añadirá a su trabajo en el centro de salud, el de estas residencias.

«Teniendo en cuenta las características de grandes dependientes de muchos de los usuarios de las mismas, y que se reduce el número de enfermeras de ellas, la enfermera de Primaria se verá obligada a pasar gran parte de la jornada en dichas residencias y se saturará la asistencia en los centros de salud», añade Satse.

De hecho, apunta que ahora en verano se producen problemas en la asistencia en las residencias públicas y privadas porque no hay suficientes sustituciones de enfermería y además la Gerencia de Servicios Sociales tampoco encuentra enfermeras para cubrir esas sustituciones por las malas condiciones laborales y profesionales que ofrece.

Así, la intención de la Consejería de Familia es seguir estableciendo que estos centros dispongan, hasta 2022, de una enfermera por cada 100 residentes y solo de lunes a viernes (incrementándose en media por cada 40 residentes más) y a partir de 2022, de una enfermera a media jornada por cada 100 usuarios y solo de lunes a viernes (con un incremento también de media enfermera por cada 40 usuarios más con que cuente el centro).

Antes de este Decreto de 2017, los centros de la Gerencia de Servicios Sociales disponían de 20 enfermeras y enfermeros por cada 300 residentes, lo que suponía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios.

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