Pacma acudirá el miércoles a las Cortes por la Ley de Caza

Las Cortes de Castilla y León votarán en el Pleno del Parlamento autonómico de la proposición de ley presentada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos para modificar la Ley de Caza de 1996 y "blindar" la actividad cinegética en la Comunidad

FuenteEuropa Press
CAZA C-LM-./ Europa Press

Responsables del Partido Animalista-PACMA han anunciado su presencia este miércoles, 27 de marzo, en las Cortes de Castilla y León con motivo de la votación en el Pleno del Parlamento autonómico de la proposición de ley presentada por los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos para modificar la Ley de Caza de 1996 y «blindar» la actividad cinegética en la Comunidad, paralizada de forma cautelar por el Tribunal Superior de Justicia tras un recurso del partido animalista.

El PACMA, en un comunicado recogido por Europa Press, ha anunciado que acudirá a la votación para «dar la cara» por los animales en las Cortes, por lo que hasta el Parlamento se desplazarán la presidenta del partido, Silvia Barquero, y la candidata a la Presidencia del Congreso en las próximas elecciones generales, Laura Duarte.

Esta proposición de ley, según admitió el procurador socialista José Luis Aceves, se trata no obstante de «un parche» para salvar ahora una actividad económica que genera más de 510 millones de euros y unos 8.000 puestos de trabajo directos y que ayuda a garantizar la seguridad vial y sanitaria al mismo tiempo que protege el medio rural y el futuro de los pueblos.

En este sentido, todos los partidos firmantes de esta proposición de ley han compartido la necesidad de elaborar una nueva ley de caza en Castilla y León que han aplazado para la próxima legislatura, como han reclamado también el procurador de Podemos Félix Díez Romero y el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, a favor en ambos casos de una caza «social», «sostenible», «profundamente regulada» y «acotada» a una serie de especies.

En el caso de Podemos, ha justificado su abstención en la toma en consideración de la proposición de ley conjunta en el convencimiento de que la caza no puede estar suspendida «sine die» ante unas consecuencias económicas y medioambientales «a todas luces graves» para Castilla y León pero ha acusado a PSOE y a Ciudadanos de haber «salvado el culo» al PP al que tendrían que haber dejado sólo para salvar un «marrón» generado a lo largo de 22 años de «desbarajustes, sinrazón y falta de ideas» en una gestión cinegética en la que han hecho «oídos sordos» y sólo han dado «palos de ciego».

Por su parte, José Sarrión ha rechazado la tramitación de la proposición de ley porque está «tremendamente mal hecha», porque mezcla «churras con merinas» respecto a las especies cinegéticas y porque vulnera el principio de participación democrática de la ciudadanía y la tutela legal.

En el caso del PSOE, ha justificado su apoyo a la modificación de la Ley de Caza en la necesidad de practicar una «política útil» que de soluciones a los problemas.

En el caso de Ciudadanos, el procurador José Ignacio Delgado Palacios ha cuestionado que hablen de caza aquellos colectivos que no saben ni lo que es un pueblo y a los que ha recordado que una cosa es predicar y otra dar trigo.

DENUNCIA DE ECOLOGISTAS

La proposición de ley llega a las Cortes después de que Ecologistas en Acción presentara denuncia por prevaricación contra la Mesa de las Cortes por admitir a trámite la proposición de ley después de que el Tribunal Constitucional haya declarado en cuatro ocasiones que las leyes «a la carta» aprobadas por el Parlamento regional son inconstitucionales, al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Así, EA presentó ante la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una denuncia penal contra el que en ese momento era presidente en funciones de las Cortes de Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y los otros cuatro procuradores que junto a él integran la Mesa de las Cortes, por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

Les atribuyen haber admitido a trámite la Proposición de Ley presentada el pasado 28 de febrero por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos «con la finalidad de pasar por encima de la suspensión cautelar de la caza ordenada por el TSJCyL».

Ecologistas han señalado que los dos autos dictados recientemente por la Sala de lo Contencioso-Administrativo se suman a otra decena de sentencias judiciales firmes del TSJCyL que han anulado buena parte de los desarrollos reglamentarios de la Ley de Caza de 1998, 2011 y 2015, las Órdenes Anuales de Caza de 1997, 2002, 2010 y 2016, los Planes de Conservación y Gestión del Lobo de 2008 y 2016 y los planes de aprovechamientos comarcales del lobo entre 2015 y 2019.

El colectivo, «al margen de la opinión de cada cual sobre el conflicto entre caza y conservación de la naturaleza», considera «sangrante» comprobar que los procuradores de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos están promoviendo lo que califican de nuevo «atropello legal», a sabiendas de que las Cortes han recibido en años pasados cuatro sentencias del Tribunal Constitucional por aprobar leyes singulares a la carta para sacar adelante proyectos contestados en los tribunales como la estación de esquí de San Glorio (León y Palencia), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria o Meseta-Ski en Valladolid.

Ecologistas, tras recordar que la pena por los delitos denunciados alcanzaría de seis meses a un año de prisión y de 11 a 22 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, ha asegurado que, de ser finalmente aprobada por las Cortes, pedirá al Gobierno, a los grupos parlamentarios de las Cortes generales y al Defensor del Pueblo que recurran la modificación de la Ley de Caza ante el Tribunal Constitucional «por vulnerar legislación básica del Estado y los derechos fundamentales a la participación y la tutela judicial», entre otros.

Asimismo, el colectivo ha incidido en que el propio TSJCyL podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad previa a resolver los recursos judiciales en curso.

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