El PP propone nueva fecha para la convocatoria de la carrera profesional

Superar esta convocatoria permitirá a los empleados públicos con más de cinco años de antigüedad obtener el reconocimiento de categoría con su correspondiente aumento retributivo

FuenteEuropa Press
Raúl de la Hoz, portavoz del PP para la Junta de CyL. Europa Press

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas a su proposición de ley para extender la carrera profesional a todos los empleados públicos de la Administración autonómica en Castilla y León, las cuales contemplan, entre otros aspectos, adelantar su primera convocatoria a 2019.

El texto inicial fijaba esta convocatoria para 2020, con un plazo de nueve meses tras su aprobación para elaborar su reglamento, mientras que tras estos cambios se reduce a seis meses el periodo para la redacción de dicho reglamento, con lo que deberá estar listo en el mes de septiembre, tras lo que se deberá proceder a su convocatoria antes de que concluya el año, si bien su resolución se llevará a cabo previsiblemente en 2020, con lo que será en el presupuesto de ese año en el que se incluya la partida de 75 millones de euros que se contempla para financiar estas medidas.

Así lo ha explicado este jueves el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, quien ha comparecido para presentar las enmiendas planteadas por el PP tras la negociación mantenida tanto con las organizaciones sindicales como con Ciudadanos, a fin de “mejorar el texto” que se debatirá en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Al margen de esto, también se establece que la convocatoria de esta carrera profesional –que permitirá a los empleados públicos con más de cinco años de antigüedad someterse a evaluaciones para conseguir el reconocimiento de categoría con su correspondiente complemento retributivo–, dejará de ser potestativa de la Administración, sino que se establece su carácter anual con la única posibilidad de que no se realice si las circunstancias económicas no lo permitieran al no haber recursos suficientes para sufragarla, si bien en ningún caso los funcionarios que ya gozaran de ese reconocimiento perderían su complemento.

Por otro lado, se abre la puerta a que, junto a las convocatorias ordinarias anuales, se puedan establecer otras extraordinarias, al tiempo que se establece que, junto a la partida de 75 millones contemplada, se garantice una dotación de crédito “suficiente” para llevarla a cabo, tal como ha explicado De la Hoz en declaraciones recogidas por Europa Press.

Otros de los cambios en el proyecto dados a conocer este jueves es que se facilitará a los trabajadores fijos discontinuos de la Junta a acceder a la carrera profesional como si fueran empleados a tiempo completo.

SEXENIOS

En cuanto a los sexenios de los docentes, el portavoz popular ha reconocido que sería “inabarcable” desde el punto de vista presupuestario compatibilizar ambos complementos, si bien aquellos que opten por la carrera profesional y no presenten los requisitos exigidos, podrán conservar sus derechos vía sexenios, al tiempo que se asume el compromiso de “estudiar una mejora retributiva de los sexenios”.

Raúl de la Hoz ha admitido que les hubiera gustado “ir más allá” en esta proposición de ley, pero la mayor parte de las reivindicaciones planteadas por los sindicatos se han topado con el “impedimento presupuestario”, al hilo de lo cual ha criticado los planteamientos de otros grupos políticos como el socialista, cuyas propuestas supondrían un coste de “300 millones de euros”.

Precisamente el político ‘popular’ ha recordado que la iniciativa que promovieron los socialistas sólo afectaba “a mil empleados públicos”, mientras que la llevada a cabo por el PP beneficia “a los 85.000 funcionarios con que cuenta la Administración regional”.

De la Hoz ha recordado que con esta norma, en caso de aprobarse, Castilla y León sería “la primera comunidad pluriprovincial” de España en reconocer la carrera profesional de sus empleados públicos, dado que hasta ahora sólo La Rioja la tiene regulada, algo que los empleados de Sacyl, por ejemplo, sí disfrutan desde 2007 y que ahora podría extenderse al resto de funcionarios.

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