Un plan “rápido” y “eficaz” contra la violencia en el ámbito familiar

Alicia García. Fotografía: Europa Press.

Castilla y León se convertirá en la primera comunidad autónoma de España que se dotará con un plan orientado a afrontar de manera global e integral el “grave problema” que suponen los diversos tipos de violencia que se producen entre los distintos miembros de una familia con el objetivo de “llegar más rápido” y de una manera “más eficaz” a los posibles casos con especial atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad, sin olvidar la violencia filioparental, en los menores y en las mujeres.

Este es el principal objetivo del ‘Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León 2019-2023’ aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno que ha dado el visto bueno a un proyecto de 146,5 millones de euros para impulsar 121 medidas que buscan concienciar y sensibilizar sobre la necesidad del buen trato en el ámbito familiar y “predecir, detectar, atender y reducir” estas posibles situaciones de maltrato.

Según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, se trata de un plan “necesario” para afrontar la violencia en el ámbito familiar como un problema social y no particular por lo que pondrá el acento en otro tipo de violencias, sin descuidar, ha aclarado, los casos de violencia de género o de maltrato infantil que ya cuentan con un marco específico que “seguirá funcionando”.

“Por no haber, no hay ni datos”, ha reconocido García, que ha anunciado el desarrollo de un servicio telefónico unificado de información y orientación sobre violencia en el ámbito familiar cuyo número aún se desconoce. El Plan prevé el desarrollo de un servicio de apoyo a las familias que sufren violencia, la consolidación de la red de centros específicos para menores infractores y la elaboración de un catálogo de recursos en materia de atención de la violencia en el ámbito familiar que contemple todos los recursos existentes en la Comunidad.

Además, la formación cumplirá un “papel importante” con “novedades” como el “refuerzo” a la formación especializada a los profesionales de la sanidad, educación, servicios sociales y profesionales del tercer sector enfocada a identificar qué recurso es el más adecuado para cada necesidad y la apuesta por formación también para las familias y para aquellos que participen en la red de voluntariado de apoyo a las familias.

García ha destacado también la dotación a los profesionales que trabajan en ámbitos que puedan estar relacionados con este tipo de violencia de “herramientas de valoración y protocolos específicos” con los que poder detectar precozmente situaciones de violencia en las familias y actuar con criterios de actuación unificados.

En total, el Plan, en el que se ha trabajado a lo largo de dos años con “amplísima participación”, agrupa sus ejes y actuaciones en cuatro “grandes ámbitos” de atención a las personas, con más de 135 millones de euros; sensibilización, con 2,6 millones; formación, con cerca de 9, y detección y evaluación, con cerca de 120.000 euros.

García ha hecho especial hincapié en la necesidad de realizar estudios actuales que permitan hacer una radiografía de este problema, ya que los datos disponibles en muchos casos son “parciales y antiguos”. Según sus informes, la violencia de género dejó entre 2007 y 2019 un total de 58 menores huérfanos hijos de 35 mujeres que fueron asesinadas.

Junto a esto, el pasado año se abrieron un total de 478 nuevos expedientes de protección, 248 niños y 230 niñas y, en total, 1.919 menores contaron con expediente de protección. Entre las causas que motivaron los expedientes destacaron la negligencia física (27,21 por ciento de los casos) y la negligencia psíquica (22,32 por ciento). El maltrato físico y psíquico estaba presente en el 9,9 por ciento y 11,46 por ciento de los casos, respectivamente.

Respecto a la violencia filioparental, García explicado que el número de sentencias dictadas por los juzgados de menores en Castilla y León en los que se acuerda la imposición de una medida consecuencia de una infracción por este tipo de comportamientos ha pasado de 37 en 2007 a 85 en 2017, y representa cerca del 11 por ciento del total de sentencias con medida.

En cuanto el maltrato a personas mayores, ha relatado, las encuestas nacionales señalan que el 0,8 por ciento de las personas mayores entrevistadas había sido víctimas de maltrato por parte de algún familiar, porcentaje que aumentaba hasta el 1,5 por ciento entre las personas mayores dependientes, “a lo que se añade que las personas mayores presentan mayores tasas de todos los tipos de maltrato”.

Por último, y respecto al maltrato de la personas con discapacidad, ha informado de que en la Macroencuesta realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad sobre violencia contra la mujer se indica que la prevalencia de la “violencia severa” en las mujeres con discapacidad por parte de sus parejas es mayor a la que sufren las personas sin discapacidad, 6,4 por ciento en el caso de mujeres sin discapacidad frente al 12 por ciento en mujeres con discapacidad.

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