Un nuevo anónimo da un vuelco al caso de ‘La Perla’

Incrimina a los componentes de la mesa de contratación de la Agencia de Desarrollo.

El edificio conocido como 'Perla negra'.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que investiga el denominado caso de ‘La Perla Negra’ ha recibido un nuevo anónimo que incrimina a los componentes de la mesa de contratación de la Agencia de Desarrollo que aprobaron el alquiler con opción a compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de La Encomienda, a quienes acusa de haber dado apariencia de normalidad a la posterior compra del inmueble, tasada en 52 millones, al confrontar dicho importe con los 100 que hubiera supuesto ocupar el edificio en régimen de alquiler.

El escrito del informante anónimo ha sido incorporado a la causa por el juez César Gil Margareto y puesto en conocimiento del resto de partes personadas en el proceso, al igual que el recibido semanas antes, también de origen desconocido, que ‘apuntaba’ en aquel caso al exconsejero de Economía Tomás Villanueva, ya fallecido, a quien se atribuía una supuesta casa en Miami y elevados costes, no acordes a su sueldo, pagados por los estudios de sus hijos en España y EEUU.

El nuevo anónimo que consta de siete páginas y es de “muy discutible encaje procesal” por su origen desconocido, según algunas de las partes en la causa, sitúa ahora en el disparadero la actuación de los integrantes de la mesa de contratación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León que con fecha 20 de abril de 2016 aprobaron el alquiler de ‘La Perla Negra’ por 100 millones con opción a compra pues, según advierte, aunque propusieran esta segunda posibilidad supeditada a una tasación previa, lo que realmente suponía sobrecoste era el alquiler y no la opción de compra”, tasada finalmente en 52 millones.

A este respecto, el denunciante anónimo sostiene que los razonamientos que llevaron al presidente y el vocal de control de gasto de la mesa de contratación, J.A.M.M. y J.J.G.A, respectivamente, a plantear la opción de compra (tasación una vez concluido el edificio), “con mucho mayor motivo tuvieron que llevarles a desaconsejar el alquiler durante quince años, pues el importe de arrendamiento era notablemente superior al de compra”, si bien, como así añade el escrito, ni uno ni otro, con responsabilidades en la supervisión de actividades en la agencia, informaron a sus superiores del “evidente sobrecoste del alquiler”, con presuntas responsabilidades por ello en un delito de prevaricación por “acción” y “omisión”.

Pero además, se alude a una supuesta “connivencia” con la empresa adjudicataria, Urban Proyecta, que tuvo conocimiento de forma anticipada a las condiciones del pliego, pues “solo así puede entenderse que renunciara a un contrato de arrendamiento de 100 millones por otro de venta por casi la mitad (52 millones)”.

Inducción al error de Villanueva

Con ello, continúa el anónimo, “se ha dado apariencia de normalidad al hecho de que se adquiriera un edificio por 52 millones, cuando valía 39”, dando la apariencia de ahorro frente a los 100 millones que hubiera supuesto el alquiler del inmueble. “Ese mensaje ha podido llevar a confusión” al jefe directo del responsable de la auditoría, Tomás Villanueva, “pues recibió una información totalmente errónea de una persona, el responsable de la auditoría de la agencia, en apariencia fiable y de su confianza”.

Junto a esa operación, el informante anónimo denuncia también la ausencia de control respecto de la adjudicación a la empresa Unifica Servicios Integrales de la división interior de ‘La Perla’, “pago efectuado sin cobertura contractual alguno y cuyo elevado importe es imposible que pasara desapercibido a un muestreo de auditoría”.

Por ello, amén de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y malversación, el escrito incorporado a la causa considera a ambos componentes de la mesa de contratación, quienes ya comparecieron como testigos el día 20 de abril de 2016, inductores o cooperadores necesarios del resto de los delitos económicos investigados.

El informante anónimo va más allá e incluso acusa a ambos integrantes de la mesa de contratación y auditores internos, el presidente de la misma y el vocal de control de gasto, de haber sido nombrados a un cargo al que debe accederse por oposición, situación en la que incluye a la letrada de la Agencia, al haber accedido por nombramiento directo.

El “clímax” de este proceso, siempre según el escrito registrado en Instrucción 2, se habría producido con el nombramiento de J.J.G.A. como secretario general de la Agencia de Desarrollo, “de manera directa, sin convocatoria ni proceso selectivo previo”.

Propone la práctica de distintas pruebas 

Además de poner el escrito en manos del juez instructor, sin identificación alguna, el comunicante anónimo incluso se permite proponer la práctica de distintas pruebas, entre ellas la personación en las dependencias de la Agencia de Desarrollo para obtener los informes de auditoría interna elaborados durante el periodo investigado, comprobando la falta de referencia alguna a la actuación de la mesa de contratación.

También plantea, entre otras diligencias, la obtención del expediente de los aquí denunciados, de sus nombramientos y de las listas de aprobados de las convocatorias de oposición habidas en la Agencia, para comprobar su falta de participación en ellas, así como el visionado de las testificales prestadas en su momento en sede judicial por ambos integrantes de la mesa de contratación.

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