Multas coercitivas a quien incumpla las resoluciones del Comisionado de Transparencia

Tomás Quintana exige una reforma legislativa para imponer multas coercitivas y compara la actual Ley con "un partido amistoso"

FuenteEuropa Press
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Los grupos con representación en las Cortes de Castilla y León han respaldado este lunes al Comisionado de la Transparencia y Procurador del Común, Tomás Quintana, quien ha pedido más medios materiales, humanos y jurídicos para poder ejercer su labor en esta materia y una reforma legislativa que permita el empleo de medios adecuados como la imposición de multas coercitivas ante el incumplimiento voluntario de las resoluciones del Comisionado.

Quintana ha reclamado estas dos cuestiones en su intervención en las Cortes para presentar la Memoria Anual del Comisionado de la Transparencia que cumple tres años desde que se puso en marcha, un tiempo que ha considero «suficiente» para acometer una reforma e ir «más allá», ya que, como ha señalado, la actual normativa que rige a este órgano es como un «partido amistoso que no vale».

«Hay que dar un paso más», ha defendido, tras lo que ha señalado que «falta camino por recorrer y es el momento de iniciarlo».

Ante esta petición los portavoces de todos los grupos presentes en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de las Cortes de Castilla y León han mostrado su respaldo.

Así, el procurador del PP, Jesús Ángel Peregrina, ha trasladado su disposición a trabajar para avanzar en la imposición de multas aunque hasta el momento ha visto «suficiente» la publicación de los incumplimientos, mientras que Juan Pablo Izquierdo de Ciudadanos ha recordado que el actual gobierno de la Junta ya ha iniciado una reforma de la Ley de Transparencia para «garantizar» el acceso a la información y «eliminar materias opacas».

Por su parte, la portavoz del PSOE en esta Comisión, Virginia Barcones, ha lamentado que la falta de medios sea un «obstáculo notable» para el trabajo del Comisionado de la Transparencia y ha criticado la «falta de voluntad» del PP para avanzar en transparencia durante la pasada legislatura.

Barcones ha defendido la necesidad de acometer «cambios valientes» para lograr una modificación real y ha señalado que si antes de que finalice el año el Gobierno regional no avanza en el cambio normativo para acometer las modificaciones planteadas por Quintana será el PSOE el que lleve a las Cortes una Proposición de Ley en la que se recojan todas sus peticiones.

En este sentido, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, Luis Mariano Santos, ha criticado que pese a la normativa a veces las leyes «se queden en el limbo» y no sean capaces de que las exigencias derivadas de las mismas se cumplan, al tiempo que ha manifestado su respaldo a los reclamos del Procurador del Común.

En su intervención Tomás Quintana ha insistido en la importancia de acometer la reforma legislativa que permita el empleo de medios adecuados que garanticen la ejecución de las resoluciones y la imposición de multas coercitivas ante el incumplimiento voluntario de las mismas.

«No creemos que deba mantenerse por más tiempo la contradicción que supone que las resoluciones sean vinculantes pero que no se puedan hacer cumplir a causa de una laguna legislativa», ha defendido, tras lo que ha insistido en que la eficacia de la Ley se ve afectada por la inexistencia de un régimen sancionador.

Para Quintana a la ausencia de estas multas se le añade la falta de mecanismos de control eficaces del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por lo que la desatención a los requerimientos del Comisionado de la Transparencia «carecen de consecuencias reales».

Memoria

Según los datos aportados por Tomás Quintana en su comparecencia en las Cortes en 2018 se presentaron 314 reclamaciones, 112 más que en 2017 y más del triple de las recibidas en 2016, lo que, a su juicio, evidencia un «progresivo incremento» de este instrumento. Con este volumen de resoluciones se ha intensificado la actividad de la Comisión con la adopción de 225 resoluciones en 2018, frente a 66 en 2016 y 155 en 2017.

De las 225 resoluciones 94 han sido estimatorias y en 51 casos se ha constatado la desaparición del objeto al haber sido concedida la información solicitada por la propia Administración.

El también Procurador del Común ha avanzado parte de los datos de 2019, año en el que, hasta el momento, ya se han recibido 255 reclamaciones y se han adoptado 155 resoluciones.

El 71 por ciento de la reclamaciones recibidas por el Comisionado de la Transparencia tuvieron como objeto denegaciones presuntas de información y en su mayoría –el 63 por ciento– fueron dirigidas a la Administración local, frente al 26 por ciento que se refirieron a la Junta y un tres por ciento a las universidades públicas.

No obstante, pese a estos datos, el Comisionado insiste en la ausencia de mecanismos formales y de medios personas y materiales específicos para el desempeño de su función, ya que, en 2018 «únicamente» un 55 por ciento de los sujetos a los que se ha dirigido ha devuelto los cuestionarios debidamente cumplimentados.

 Mejoras en la accesibilidad al portal Gobierno Abierto

En su intervención ante la Comisión Tomás Quintana se ha referido al Portal Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y ha reconocido que las modificaciones introducidas en 2018 por dicho portal se han centrado fundamentalmente en el incremento de los contenidos publicados y, por el contrario, han sido «mínimas» las mejoras de aspectos tales como la claridad de la información publicada, su accesibilidad o su posible reutilización.

Para el Comisionado el Portal como canal de acceso a la información y vía de participación ciudadanos merece una valoración general «muy positiva». En este punto, Quintana ha destacado «positivamente» la regulación de las unidades de acceso a la información por parte de la Junta.

Por último, en cuanto al resto de administraciones, el Comisionado ve un cumplimiento «aceptable» de la Ley de Transparencia entre las diputaciones provinciales y ayuntamientos de mayor tamaño, mientras que la ley se convierte en «ilusoria» cuando se refiere a pequeños ayuntamientos o entidades locales menores.

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