Los Altos Cargos deberán hacer pública la agenda oficial de trabajo

Se amplían así las propuestas de la Consejería de Transparencia para actualizar el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad

FuenteReyes Cabero
Francisco Igea en el Consejo de Gobierno de hoy . Fotografía: Junta de Castilla y León
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Las propuestas del nuevo Código Ético impondrán más deberes a los altos cargos de la administración regional.  Otra de las novedades comunicadas hoy por la Consejería de Transparencia en el Consejo de Gobierno es la obligación de los Altos Cargos de publicar toda la agenda de trabajo de cada día en el desempeño de su función pública, incluyendo todos los actos y reuniones públicas de trabajo previstas, así como el objeto de cada reunión o acto programado. La publicación se hará efectiva a través de una plataforma de publicación normalizada de agendas institucionales en cuyo desarrollo está trabajando la Consejería de Transparencia. 

Solamente existirá una salvedad para tal publicación, que será efectiva cuando los intereses de la Comunidad lo aconsejen, y en consecuencia la publicidad podrá sustituirse por la comunicación al Consejo de Gobierno.

El nuevo código será de obligado cumplimiento para quien desempeñe la condición de alto cargo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en las entidades a ella adscritas. En este sentido se considerará alto cargo a los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas, “independientemente del tipo de contrato o vínculo jurídico”. Además establecerá medidas coercitivas que permitirán sancionar su incumplimiento.

Esta obligación se une a la prohibición de aceptar cualquier tipo de regalos. En caso de no poder rechazarlos, por ser de valor residual, como puede ser una manualidad realizada por una Asociación benéfica, como ha ejemplificad el Consejero de Transparencia, Francisco Igea, deberán quedar en la Consejería o entidad a la que pertenezca el alto cargo.

La propuesta será remitida a las Cortes de Castilla y León para su debate y posterior aprobación.

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