Acuerdo para priorizar a trabajadores de las auxiliares

Durante el desmantelamiento de térmicas y reindustrialización

FuenteEuropa Press
Central térmica de Compostilla, de Endesa

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles por unanimidad a una proposición no de ley del Grupo Podemos para instar a la Junta a exhortar al Gobierno de la nación a incorporar en el plan social del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 a todos los trabajadores de las contratas y de las subcontratas del sector que, según han recordado los propios afectados tras el debate parlamentario, son «la parte más débil del eslabón» ya que con el cierre de minas y de térmicas se quedan «muy, muy desprotegidos».

A través de este acuerdo parlamentario las Cortes abogan también por promover que se priorice a los trabajadores de las auxiliares, «preferiblemente por subrogación», en las tareas de desmantelamiento de las centrales y en las nuevas instalaciones que se van a llevar a cabo para la reindustrialización en las cuencas mineras.

A pesar de que se ha logrado la unanimidad parlamentaria para dar la voz de «unas 200 familias en una situación crítica», el debate de esta PNL se ha visto salpicado de múltiples reproches y de críticas políticas sobre la responsabilidad de los distintos gobiernos en el cierre de las minas de Castilla y León hasta el punto de que el procurador socialista Pedro González ha llamado «imbécil de marca mayor» desde su escaño al proponente, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que le ha tachado de «impresentable».

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha instado a González a retirar su insulto a Fernández, pero el socialista ha mantenido su calificativo ante lo que la presidenta le ha exigido que «no vuelva a abrir la boca» en el Parlamento para insultar a nadie mientras que el portavoz de Podemos se ha reafirmado en su convencimiento de que los ciudadanos con corazón socialista de verdad abandonaron esa empresa hace tiempo tras constatar que el PSOE ha dejado de ser socialista y de ser obrero por «personajes» como el expresidente del Gobierno Felipe González, al que ha considerado un «ejemplo paradigmático» de las puertas giratorias y de un país que ha gobernado para las grandes energéticas.

Por su parte y ante las críticas del ‘popular’ Juan José Sanz Vitorio al «encorsetamiento» del programa electoral de Podemos para una reducción drástica de los combustibles fósiles y «andar de penitente por la Comunidad», Fernández ha recordado que el Partido Popular se mueve entre la cárcel y los juzgados cuando es además el «máximo responsable» de que España haya perdido su soberanía energética.

«Abandonados a su suerte»

«Hoy lo más importante es apoyar incorporar a estos trabajadores al plan social para que haya una verdadera transición energética que sea justa», ha zanjado Pablo Fernández en un llamamiento a reparar la «terrible injusticia» que se ha cometido con los trabajadores de las auxiliares tras ser «abandonados a sus suerte por las eléctricas y por el Gobierno de la nación que les ha desamparado de forma dolorosa y cruel».

En este sentido, el sindicalista Alfredo Peláez, de la plataforma de las auxiliares de Compostilla, ha acusado a Endesa de no haber hecho nada para facilitar la ocupación de los trabajadores de las subcontratas que se han visto abocados ya a un ERE de seis meses en Maesa que afectará a 46 empleados al que ha unido el expediente de suspensión para los 17 trabajadores de Auxitrans.

Por este motivo, Peláez ha apelado a la PNL aprobada hoy para que se incluya a todos los empleados de las auxiliares en un plan social con medidas especiales para los mayores de 55 años, considerados de «difícil empleabilidad», y para recolocar a los más jóvenes, con un llamamiento expresado a la Junta y al Gobierno de la nación para que apliquen coeficientes reductores para evitar que los ERE quiten tiempo de paro o para instar a Endesa a que se siente «de una vez» en la mesa de negociación con críticas a lo que ha considerado «el negocio del siglo» ya que cobra por pagos por capacidad sin funcionar y despidiendo a trabajadores.

Por su parte, José Crespo Álvarez ha recordado los dos años de lucha de los trabajadores de Anllares con el ejemplo concreto de algunos compañeros que llevan un año sin trabajar sin que Naturgy haya tenido «la cortesía» de contar con unos empleados a los que ha «despedido sin rubor» tras 38 o 39 años en la empresa.

«Es crucial que en este país dejen de existir trabajadores de segunda categoría abocados a la ultrapecariedad, a la pobreza y al olvido por la nefasta gestión de unos gobiernos que han abonado de cenizas unas comarcas que antes rezumaban riquezas», ha compartido Fernández en su exposición de la PNL que ha sido apoyado «sin fisuras» también por los integrantes del Grupo Mixto y de Ciudadanos convencidos también de que la transición energética del Gobierno no tiene nada de justa.

Aunque el PSOE también ha apoyado la PNL de Podemos, la procuradora Gloria Acevedo ha considerado que se trata de una propuesta «oportunista» ya que, según ha recordado, este debate se cerró en las Cortes generales donde la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció un «plan personalizado para cada trabajador» que analice sus capacidades y potencial para su incorporación al mercado de trabajo.

«En eso está el Ministerio, en que se puedan reincorporar al mercado laboral», ha asegurado Acevedo que se ha preguntado a qué está jugando Podemos en las Cortes cuando debería saber que el acuerdo del Gobierno con los sindicatos y Carbounión cumple con las directrices europeas. «Ustedes estaban en el Parlamento Europeo desde 2014 y no dijeron nada y miren que el PP se lo puso fácil», ha espetado la socialista en referencia a un anterior Acuerdo Marco que dedicaba dos líneas a las contratas y a las subcontratas.

«Había que haber luchado mucho más por el día siguiente al cierre de la minería y nos hemos centrado en el mantenimiento sabiendo que era una lucha que íbamos a perder más pronto que tarde», ha sentenciado por su parte Manuel Mitadiel en un llamamiento a que alguien haga «autocrítica» tras «fiar todos los huevos a la misma cesta» sin apostar por la dinamización de las comarcas mineras y dejar todo ahora a las prejubilaciones o a la restauración de explotaciones como Nueva Julia.

Para el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU-Equo, José Sarrión, se trata de la «historia de una vergüenza» por parte de una empresa eléctrica pública, Endesa, que fue privatizada por el Gobierno de Felipe González con la «puntilla» de José María Aznar. «Ahora esta multinacional de capital extranjero toma una decisión contraria a la clase trabajadora y a la sociedad de una comarca minera que está sufriendo desde hace años», ha lamentado y ha apelado a la dignidad de la sociedad para no consentir que haya trabajadores de primera y de segunda fruto del «capitalismo neoliberal sin alma ni corazón, como dijo Herrera», ha rememorado.

Por último, el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, ha afeado la falta de presencia de algunos políticos en la manifestación del domingo en La Robla en defensa de la reindustrialización de la montaña leonesa. «Les han engañado el Gobierno y Endesa y lo hemos permitido todos los políticos», ha admitido Santos que ha lamentado que ya no se busque mantener población y empleo sino «ganar un poco de tiempo» para buscar soluciones que llevan 21 años esperando, lo que ha llevado a una disputa verbal entre el leonesista y Manuel García, del PP.

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