UCCL considera «imposible» cumplir el protocolo de flexibilización anunciado por la Junta

A través de un comunicada, los campesinos de Castilla y León muestran su descontento y plantea la alternativa de exigir una prueba de saneamiento previa a los animales que vayan a ser vendidos

FuenteEuropa Press

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera «imposible» cumplir con el protocolo de flexibilización de movimientos relacionados con salud animal anunciado por el director general de Producción Agropecuaria de la Junta, Óscar Manuel Sayagués.

Según ha informado la organización agraria a través de un comunicado remitido a Europa Press, el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina de 2019 como novedad recoge la posibilidad de aplicar un «protocolo de flexibilización» en las provincias cuya prevalencia sea inferior al uno por cinto, lo que permitiría supuestamente a los ganaderos vender a cebaderos calificados terneros negativos de menos de doce meses de explotaciones en las que se hayan marcado un pequeño porcentaje de animales.

Una vez analizado dicho protocolo, y tratando de llevarlo a la práctica por parte de algunos ganaderos, la Unión de Campesinos de Castilla y León considera que es, en la práctica, «imposible de cumplir», pues los requisitos que se exigen «no permiten para nada salirse del guión actualmente establecido para explotaciones positivas«.

Además, apunta que «realmente no está hablando de explotaciones con posibles falsos positivos», sino de animales «dudosos» a la prueba en piel, es decir, a todas luces negativos.

Por ello, advierte de que «no soluciona en nada el grave problema» de restricciones de movimientos que genera en las explotaciones «el gran número de falsos positivos», es decir, «de animales que una vez marcados, dan negativo en el cultivo posmortem».

Por otra parte, la organización profesional agraria advierte de «la enorme descoordinación existente» en el seno de la Administración, pues «los responsables de algunas unidades veterinarias ni siquiera conocían la existencia de dicho protocolo».

Otro aspecto que hace imposible, a su juicio, el cumplimiento de este protocolo es «la actitud de la Administración» en cuanto un ganadero se plantea acogerse al mismo, pues se informa directamente al cebadero afectado para señalar los riesgos que llevaría implícitos el hecho de adquirir terneros de explotaciones acogidas a este protocolo.

Por ello, «sería el propio cebadero quien no querría comprarle los animales, viéndose obligado a malvenderlos en uno de los llamados cebaderos sucios».

Ante esto, y como solución alternativa, plantea exigir una prueba de saneamiento previa únicamente a los animales que vayan a ser vendidos, de forma que los ganaderos «puedan regularizar sus ingresos y organizar adecuadamente el manejo de su ganado y dejen de pagar de su bolsillo una política de sanidad animal injustamente entendida y aplicada por parte de la Administración».

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