Acusan al Ayuntamiento de no querer remunicipalizar los servicios funerarios

León en Común ha presentado una moción al equipo de gobierno del Consistorio de León por "favorecer los intereses de una empresa privada"

FuenteRedacción
Sala de espera del tanatorio de Serfunle de León

León en Común ha presentado una moción al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de León en la que pedían que la Mancomunidad de SERFUNLE iniciase los trámites necesarios para hacer efectiva la nulidad del acuerdo con Mémora. También, el grupo solicitaba que se realizasen los informes pertinentes para conseguir que los servicios funerarios de los tres municipios que forman parte de esa Mancomunidad volviesen a ser gestionados de manera pública.

La moción también se presentó por parte de IU San Andrés e IU Villaquilambre y motivada por la ratificación de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo que confirmaba que el acuerdo por el que se adjudicó a Mémora el concurso de selección de un socio accionista para constituir una empresa mixta encargada de la gestión de los servicios funerarios de los municipios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre fue «nulo de pleno derecho». Es decir, que nunca debió existir”.

Este canon ha causado un “enorme perjuicio económico” tanto a los ayuntamientos involucrados como a las personas usuarias del servicio. León en Común explican que por no tener unos servicios funerarios públicos en León, San Andrés y Villaquilambre, el precio medio de un sepelio es de unos 4.000€ mientras que la media nacional ronda los 3.500€. “Este es el resultado de favorecer los intereses de una empresa privada que se ha dedicado a mercadear con algo tan doloroso como es la muerte de un ser querido”, apunta el grupo municipal.

León en Común señala que no entiende que el Ayuntamiento de León ralentice un proceso que debe hacerse porque hay una sentencia contundente y clara al respecto. “No comprendemos porque no piden el cese de un acuerdo que, hasta la fecha, nos ha costado 10 millones de euros más todo lo que hayan tenido que abonar de más las familias obligadas a usar este servicio”. “No somos capaces de asimilar que el equipo de gobierno siga favoreciendo los intereses de una empresa privada aunque un juzgado haya dicho que queda demostrada la falta de buena fé en el proceso de contratación”, concluyen.

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