Javier León de la Riva



Javier León de la Riva

Javier Leon de la Riva

Sin duda, uno de los temas más controvertidos de los últimos meses ha sido la presentación por el Gobierno y el subsiguiente debate con una obscuridad aprovechada tras el estado de alarma y con una virulencia política no inferior a la del propio coronavirus pandémico de un nuevo Proyecto de Ley de Educación.

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Y así se hizo desde la época de Franco con el Rey Hasán II, quien por cierto, aprovechando la agonía del General puso en marcha la Marcha Verde, con la que, colocando en la vanguardia a las mujeres y niños marroquíes, para, de esta forma y sin un solo disparo, anexionarse el desierto del Sahara y con ello los yacimientos saharauis de fosfatos y el control de la pesca en las costas aledañas.

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Y es que en la orden se señala la composición de la comisión “de aquella manera”, en la que aparecen, bajo la coordinación del todopoderoso Ivan Redondo, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, el secretario de Estado de Comunicación que se hizo célebre como censor de las preguntas de los medios en los “Aló, Presidente”, la comisión permanente contra la desinformación, las autoridades competentes,(?), y a modo de cajón de sastre, representantes del sector privado y la sociedad civil.

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Salimos del mismo a través de unas llamadas fases de “descalamiento”, de forma asimétrica en función de los compromisos del Gobierno central con los de las diferentes CCAA. A lo largo de estos meses, el Gobierno descubrió la posibilidad de exhibir sus éxitos en la lucha contra el coronavirus con numerosas comparecencias del “Presimiente Sánchez” emulando los “Aló, Presidente” de los dictadores chavistas, a lo que se sumaban las comparecencias del quinteto matutino liderado por el licenciado Simón, con representantes del Ministerio de Defensa, Guardia Civil, Policía Nacional y Ministerio de Fomento, y la de distintos ministros a cualquier hora y con cualquier pretexto para disimular la inacción del Gobierno ante la crisis y la del vicepresidente Iglesias que se erigió en el salvador de las residencias de la tercera edad de toda España..

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Cada poco tiempo vemos en la televisión u oímos en la radio declaraciones de abogados que dicen que con la actual legislación se podría proceder al desalojo inmediato de los okupas, que si es mejor la vía civil que la penal, pero la realidad es que a diario tenemos conocimiento de casos que duran meses, e incluso años antes de que el propietario pueda entrar en su casa, que habitualmente encuentran destrozada, e incluso a veces después de haber sido amenazados por los propios okupas que los han denunciado por no abonar la factura de la luz, el gas o el agua, y en aquellas casos en los que tras un largo calvario recuperan su vivienda, los desalojados son condenados a pagar una multa que además no abonan al declararse insolventes, La desesperación es tal, que los propietarios recurren a empresas dedicadas a realizar el desalojo, previa negociación con los delincuentes a los que habitualmente hay que indemnizar, o a la organización de grupos de vecinos para defenderse de la conducta incívica de muchos de estos okupas.