Enrique de Santiago



Enrique de Santiago

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En 1852 se promulga el primer Estatuto General de la Función Pública (Estatuto de Bravo Murillo) que aún no garantizaba la inamovilidad del funcionario, permitiendo que los clanes políticos jugasen con los puestos públicos para cubrir su necesidad y generar clientelismos, circunstancia esta que se intenta resolver con el denominado Estatuto de Maura en 1918, que garantizó la inamovilidad como forma de garantizar su neutralidad, imparcialidad e independencia, frente a cualquier influencia de intereses partidistas, que no vuelve a ser regulada hasta que en 1964 se dicta la Ley articulada de los funcionarios civiles del Estado, que crea los cuerpos generales y da acceso a la mujer a los cargos de la Administración Pública, que se vuelve a modernizar con la Ley de Medidas para la reforma de la función pública de 1984 y la reforma del Estatuto básico de 2007.De todo ello se coligen varios datos de interés y fundamentales para comprender la situación actual:La primera, que nuestra función pública se debería de caracterizar por la neutralidad, imparcialidad e independencia, circunstancia esta muy tocada por las arteras actuaciones de los políticos que inocularon su virus en las estructuras más altas y cercanas a ellos, pero que se está diseminando por el completo de la administración, sistemizando el problema.Una segunda, que los funcionarios son personas adscritas al servicio público, encargados de la gestión de lo público y a favor de lo público, de forma y manera que ellos están al servicio del público y no viceversa, lo que se está viendo perturbado por las actitudes prepotentes de algunos funcionarios, la falta de atención directa y la implantación abusiva, indiscriminada y contraria a la función misma del teletrabajo que, siendo un instrumento eficaz, su mal o incorrecto uso, lo convierte en un arma que destruye el fundamento básico de la función pública.Una tercera, que es la falta de una estructuración adecuada de los servicios públicos entre las diferentes administraciones que eviten la duplicidad de funciones, las dislocaciones tanto económicas como de funcionamiento por la errónea estructura de la organización del Estado que viene de un Estado centralizado no desmontado, sobre el que se han generado nuevas estructuras que distorsionan y generan una función pública deformada y cara.

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Artículo de Opinión de Enrique de Santiago 

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Hace ya unos años, alguien, en tono despectivo, me dijo que la abogacía en España se había domesticado y, de ser un referente innovador, de progreso y de modernidad, se había convertido en “postmodernos” de plexiglás y “pigiprogres” de salón con alma de “agroiuris”; en definitiva, lo que me quería transmitir mi interlocutor, con el que, por otra parte, estoy absolutamente de acuerdo, es que la abogacía española se había convertido en amaestrados leones que poco a poco se convierten en lindos gatitos.         Los colegios de abogados, poco a poco, se han ido acomodando al gobernador de turno de la comunidad autónoma con el que negociar universidades, escuelas jurídicas, posiciones de jueces en determinados estamentos, cursos y otra clase de prebendas y canonjías o sinecuras, altamente nutritivas en lo económico y con gran boato y postín, para los decanos, adláteres y amigachos del político y del madurador.         Con semejantes representantes, la abogacía y la procura se arrodillan ante los funcionarios que se engríen, ante los jueces que, en demasiadas ocasiones, los desprecian y al sistema que se les impone paulatinamente desde el poder, ya sea de formal como informalmente establecido.Desde que el Sr. González comenzó su domesticación de la judicatura sometiéndola al control político con una designación del Consejo General del Poder Judicial, de los magistrados del Tribunal Supremo y del escalafón de la curia, que han desarrollado, aumentado y gestionado de forma indecente todos los gobiernos que le han seguido, con el plácet indecoroso de un Tribunal Constitucional, la Justicia en España está herida de muerte.Primero los jueces, que se acomodan placenteramente ante la alfombra política y comprenden que su crecimiento profesional deja de ser por mérito y profesionalidad para pasar a ser de rendibú y amansamiento con el poder y dureza con el débil y lo aplican con indeseada prominencia según acceden a los estadios superiores.Segundo, los funcionarios, que se hacen fuertes en esa escala y rápidamente comprenden que mejor del lado del poder que, tras retenerles sus emolumentos, les indican la línea de actuación que estos admiten con placidez.Y tercero, el único dique de contención que quedaba era la abogacía, la única arma que resta al ciudadano para no someterse al poder eran sus letrados, a los que comenzaron por hacer comprender que la existencia de los colegios eran arcaicas formas de organización que debían de ser superadas por asociaciones sin poder alguno y a los colegios que se debía de modernizar en pos de una justicia moderna a la que se rinden en busca de las canonjías prometidas a los decanos.El “perrito sin alma” se quedó sin ese “perrito ladrador” o “pitufo gruñón” con el que luchar contra los sistemas de imposición de una posverdad o mentira emotiva, que no deja de ser una pre-mentira cruel.Se redujeron los ingresos de los funcionarios públicos de la administración de Justicia, se impusieron las tasas para poder acceder a la Justicia, en un sistema de limitación del Poder Judicial a favor del rico, discriminatorio en la medida que, un servicio social básico de un Estado democrático y de Derecho, se limitaba por el poder económico, se domesticaron los primeros y se pasó por encima de la línea de protesta de los Letrados.Hoy, los funcionarios trabajan desde casa, se esconden tras la máquina, con la excusa del virus, en un camino ya iniciado desde la implantación de los  procesos telemáticos -Lexnet- que, facilita el trabajo pero, hurta al Juez y a las partes la veracidad y autenticidad de los documentos y elimina determinados modos informales de solución de los conflictos para, ahora, desarrollar juicios “teletubbis” en los que las garantías para el administrado se limitan, las formas -fundamentales en todo actuar jurídico- se pierden.Finalmente, en esa escalada de domesticación, como demostración de fuerza, pues no sirve en la práctica para nada, se obliga a los profesionales a no poder descansar, a ser los únicos trabajadores sin derecho a vacar, en una decisión que se oculta tras una hipotética forma de acelerar los procesos y recuperar el tiempo perdido con la epidemia, pero nadie, absolutamente nadie, ha sido capaz de luchar por esos parias que aceptan todas las imposiciones, no luchan, se pliegan y, de ser los Quijotes del ciudadano, se han convertido en los clon necesarios en un teatro de mentira y manipulación en el que vamos a convertir la Justicia.

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          Nos enfrentamos a una crisis sanitaria en las peores condiciones posibles, capitaneados por los más inexpertos, para obtener el resultado más luctuoso, patético y triste del mundo, siendo la cabeza de los países con más muertos por millón de habitantes, los que peor hemos afrontado la crisis, mientras nos jactábamos y cacareábamos de ser la sanidad mejor del mundo, demostramos que ni estábamos preparados, ni teníamos a los mejores, ni había capacidad de respuesta, ni previsión de crisis, pese a existir protocolos de actuación contra epidemias desde hace años.Son momentos históricos en los que no se tomaron medidas sanitarias serias, solventes y con una explicación científica veraz, para poner a un fantoche o marioneta, aprendiz de científico o meritorio de político que hoy decía una cosa y mañana la contraria, para acabar siendo una burda copia de un clon o de un bufón.Tampoco tomamos medidas jurídicas que evitasen, eviten o puedan evitar, la aplicación de sistemas constitucionales pensados para una alarma de todo tipo, pero que superan la limitación de derechos y de controles precisos para una necesidad sanitaria, que no obliga más allá de la limitación de movimientos.          Morían nuestros mayores, sin el cariño de los suyos, abandonados, sin servicios y sin los cuidados mínimos por unas administraciones que no sabían que hacer, qué los abandonaban y que sólo se dedicaban a asumir el mando único, pero trasferir la responsabilidad a otros que, también la tenían y la ocultaban, lanzando la pelota al mando único.

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El Derecho penal es el último estadio de acción del derecho, el más duro con el que garantizar determinados bienes jurídicos, para lo cual se establecen todo tipo de garantías, obligaciones y fórmulas que impiden su aplicación sin fundamento o de forma espuria, de manera que se fundamenta en pruebas que deben de obtenerse por medios lícitos y que demuestren la existencia de un acto tipificable como delito.        En estos días se habla de investigación prospectiva (a ver qué pesco) pero se olvida o desconoce la propedéutica (enseñanza necesaria) para llevar a efecto una labor de investigación acorde con los datos que se aportan, los hechos que se han de valorar y la aplicabilidad del derecho penal, de este modo, no se producirá acción alguna en el ámbito penal sin la existencia de un dato o circunstancia por sí misma evaluable como indiciariamente delictiva, de modo que, si el juez ha instruido una causa contra PODEMOS es por tener datos que indiciariamente son constitutivos de un delito y no para investigar en esa casa sin pruebas.