Carmen Tomás



Carmen Tomás

Carmen tomas
Los informes de perspectivas de la economía española se suceden y el lunes le tocó al gobernador del Banco de España exponer el suyo en el Congreso de los Diputados. Hernández de Cos fue muy claro. Las previsiones que habían realizado hace unas semanas ya no valen. La situación se ha complicado y la recuperación se retrasa. De hecho, la caída del PIB cree que será ahora de entre el 9,5% y el 12,4%. Esto se podía intuir, ya que la paralización de la economía ha sido más larga y, por tanto, el daño causado a empresas y autónomos ha sido mayor.
Suma y sigue. El desempleo no da tregua y la destrucción de empleo, tampoco. El martes conocimos los datos correspondientes al mes de abril y no pueden ser más frustrantes. La tardanza y los errores del Gobierno en adoptar las medidas económicas útiles para evitar la destrucción del tejido empresarial y por tanto el empleo, se han traducido en que 1,2 millones de personas han perdido su puesto de trabajo desde el decreto del estado de alarma y el consiguiente parón de la economía. Además, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo casi 3,4 millones de trabajadores están inmersos en un ERTE, 121.000 empresas han dejado de existir y 41.250 autónomos están en paro. En total, prácticamente 8 millones de empleados no trabajan.
Primero nos llamaron alarmistas y ahora nos piden que dejemos las críticas, porque lo importante es superar la pandemia. Pero, no. Nuestra obligación es poner blanco sobre negro tanta improvisación y tanto error. En la forma de abordar la crisis sanitaria y también la económica. Van unidas. Y, viendo las broncas dentro del seno del Gobierno, los Reales Decretos que cambian una vez aprobados y la falta de medidas adecuadas, lo que hay que hacer es denunciarlo. Ya no hay nadie que dude de lo que nos espera. Una recesión de caballo. La discusión es ya si la caída del PIB será de 5 o 10 puntos y si los empleos perdidos se contarán por cientos de miles o por millones.
El Gobierno aprobó el viernes un Real Decreto por el que modifica las causas del despido. La ministra de Trabajo fue la encargada de explicar su contenido en la "rueda de prensa" posterior al mismo. Y la armó. Díaz explicó que el despido quedaba prohibido en España y saltaron todas las alarmas. Periodistas, empresarios y analistas se lanzaron a poner blanco sobre negro las consecuencias de semejante barbaridad. La fundamental, si no se puede despedir, pero hay que seguir pagando salarios, cuotas e impuestos, la ministra estaba alentando a cierres masivos de empresas y, por tanto, mandaba a decenas de miles de trabajadores al paro. Una vez más, el ala comunista del Gobierno ganaba una batalla al ala más moderado encabezado con Calviño. Sin embargo, no hay que olvidar que en el Gobierno las decisiones se toman de forma colegiada y, de momento, no sabemos que Calviño y otros hayan dimitido. Quizás a cambio, ya lo veremos en los próximos días, del rescate de los alquilados u otras medidas solicitadas por Podemos.
En los próximos días más de 200.000 trabajadores se van a ir a la calle y decenas de miles de autónomos están en casa y sin recursos. Sánchez presentó ayer un plan de choque que, de momento, a la espera de la concreción del BOE, no convence. Llega tarde y a pesar de deslumbrar con la movilización de 200.000 millones de euros, casi la mitad son recursos provenientes del sector privado.