Así nació la Constitución Española de 1978

La historia de la Constitución. Fotografía: Europa Press.

La Constitución Española de 1978 cumple este jueves 40 años, y como cada 6 de diciembre, se conmemora en las Cortes Generales el día en que el pueblo español votó por mayoría abrumadora “sí” a la pregunta “¿Aprueba el proyecto de Constitución?”.

Sin embargo, el camino hasta su nacimiento no fue fácil. La Constitución de 1978 era la primera que se redactaba como tal desde la republicana de 1931 y la primera de toda nuestra historia que se elabora desde un amplio consenso de las variadas fuerzas políticas. Todas las anteriores, desde ‘La Pepa’ -la Constitución de Cádiz de 1812- hasta la de 1931, habían impuesto la línea ideológica de quien ostentaba la mayoría, alternándose durante el siglo XIX las constituciones ‘liberales’ con las ‘conservadoras’.

La Constitución de 1978 es la más longeva de nuestra historia después de la de 1876, que durante el periodo de la Restauración monárquica aguantó en vigor durante 46 años, hasta el comienzo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923.

La Constitución de 1978, en fin, es el fruto de la Transición política española, un periodo político excepcional que nos condujo de la dictadura de Francisco Franco a una democracia parlamentaria homologable a las europeas. Por ello, tanto la Constitución como la Transición han sido consideradas generalmente modelos de éxito.

DE FRANCO A JUAN CARLOS I

Muerto el dictador Franco el 20 de noviembre de 1975, dos días después fue proclamado Rey el hasta entonces Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias. La sucesión en la jefatura del Estado se practicaba conforme a las leyes franquistas. A pesar de que Juan Carlos juró acatar los Principios del Movimiento Nacional, su actividad política se encaminó a conseguir para España una democracia parlamentaria.

El nuevo Rey de España no era afín a Carlos Arias Navarro, el presidente del Gobierno que representaba una línea continuista, como mucho tímidamente aperturista, del régimen de Franco. El 1 de julio de 1976 consiguió finalmente forzar su dimisión y colocar en la presidencia del Gobierno a un político de 43 años con quien compartía proyectos políticos y sintonía personal: Adolfo Suárez González. Este fue nombrado jefe del ejecutivo el 3 de julio.

Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno tras la muerte del dictador Francisco Franco
El Rey y el presidente se pusieron a trabajar en la transición a la democracia, con la colaboración de Torcuato Fernández-Miranda, en ese momento presidente de las Cortes, considerado generalmente uno de los principales estrategas o muñidores del proceso. Es conocida su receta para cocinar la Transición española: “De la ley a la ley a través de la ley”.

LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA

El primer paso político trascendental fue la Ley para la Reforma Política, que abría la puerta a los partidos políticos y a la celebración de elecciones libres. Esta ley fue aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, con el voto a favor de 435 de 531 de los procuradores (81%). Sometida a referéndum el 15 de diciembre bajo la pregunta “¿Aprueba el Proyecto de Ley para la Reforma Política?”, obtuvo un 94,17 % de síes de los votantes. Fue la última de las Leyes Fundamentales del Reino y por ello se considera el ‘harakiri de las Cortes franquistas’.

El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones en España desde los años de la II República. Aunque no se declaran como constituyentes, de facto lo serán. La UCD encabezada por Suárez alcanza los 166 escaños, el PSOE de Felipe González es segundo con 118, el PCE de Santiago Carrillo tercero con 19 y la Alianza Popular de Manuel Fraga cuarta con 16.

El PSP de Tierno Galván consigue 6 asientos, el Pacte Democràtic per Catalunya liderado por Jordi Pujol 11 y el PNV 8. Recién constituidas las nuevas Cortes, empiezan los desacuerdos. El Gobierno de Suárez plantea elaborar un borrador de Constitución como base de discusión posterior, a lo que la oposición se niega.

También se niega a que el presidente nombre una comisión de expertos que utilicen un texto como base de trabajo. Consideran que la Constitución debe empezar a formarse ya en las Cortes y ser concebida por los representantes del pueblo.

LOS 7 PADRES DE LA CONSTITUCIÓN

Así que un mes después de las elecciones se reúne por primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que saldrán los 7 ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto. Los 7 padres de la Constitución podrían haber sido 9, pero UCD y PSOE se negaron por razones políticas.

Así que el reparto fue: 3 por UCD, 2 por el PSOE, 1 por AP y 1 por el PCE. Como quedaban fueran los nacionalistas vascos y catalanes, el PSOE cedió uno de sus dos asientos a Miquel Roca, del Pacte Democràtic.

La ponencia integrada por Gabriel Cisneros (UCD), Miguel Herrero (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé (PCE), Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca (Pacte Democràtic per Catalunya), comienza a trabajar, en sesiones secretas, el 22 de agosto de 1977. Las discrepancias surgen desde el principio debido a las diferentes posturas políticas respecto a diversos temas: forma de Estado, modelo territorial, confesionalidad o no del Estado, el modelo educativo, el divorcio…

Sin embargo, las sesiones transcurren con tranquilidad hasta el 22 de noviembre, cuando se produce la primera conmoción pública: la revista ‘Cuadernos para el diálogo’ publica los 39 primeros artículos del borrador y, el día 23, varios periódicos hacen público el articulado entero.

En él ya se habla de “nacionalidades”, los socialistas emiten un voto particular en favor de la República, no se habla de la Iglesia Católica, sí de que el Estado podrá intervenir en la economía y las empresas… Todo esto provoca el disgusto de influyentes sectores sociales y desde entonces todas las fuerzas políticas se ponen en guardia.

ALIANZAS Y TENSIONES

Cuando se inicia la segunda lectura del texto ya hay 168 votos particulares de los ponentes y más de 3000 enmiendas al anteproyecto. Empieza el juego de alianzas que busca conseguir victorias en las votaciones. UCD, que es el grupo más numeroso, comienza a sufrir disensiones internas.

La tensión es palpable. En los primeros días de marzo el socialista Gregorio Peces-Barba abandona los trabajos en protesta por dos enmiendas presentadas por UCD. En realidad, lo que busca es evitar que el partido centrista consiga todos sus objetivos mediante ‘mayorías mecánicas’, es decir, con sus 3 votos más el de un aliado circunstancial. Todos tiran de la cuerda pero sin llegar a romperla.

El 5 de mayo el anteproyecto entra en la Comisión de Asuntos Constitucionales. A partir de ese momento los debates constitucionales pasan a ser públicos, aunque las negociaciones y acuerdos se mantienen en secreto. Se hace un esfuerzo por vender a la población más consenso del que en realidad hay entre bambalinas.

El 17 de mayo el PSOE vuelve a protestar enérgicamente por una enmienda de UCD que introduce la posibilidad de suspender ciertos derechos y libertades si la ocasión lo requiere. Alfonso Guerra llega a decir que la Constitución va a ser “reaccionaria” y Felipe González que “el consenso ha quedado roto”. Es un momento crítico en el proceso que supondrá un cambio en el ‘modus operandi’ de la redacción del texto.

LOS ‘PACTOS DEL MANTEL’

El vicepresidente del Gobierno de Suárez, Fernando Abril Martorell, recibe el encargo de recuperar el consenso con el PSOE. Cambia la estrategia de UCD y arrancan una serie de negociaciones paralelas conocidas como ‘Pactos del matel’. Los representantes de los grupos políticos se reúnen en lugares privados y van alcanzando acuerdos sobre los artículos que se votarán al día siguiente en el Congreso.

Por ejemplo, en el transcurso de una larga cena en el restaurante José Luis de la calle Rafael Salgado se pactan 25 artículos de la Constitución. Es el 22 de mayo y asisten los centristas Fernando Abril, Pérez-Llorca, Cisneros y Rafael Arias-Salgado y los socialistas Guerra, Peces-Barba y Enrique Múgica.

Alianza Popular se retira de la Comisión a instancias de Federico Silva Muñoz mientras Fraga está de viaje, pero todo queda en un amago cuando este regresa. Abril y Guerra se erigen ya en los principales negociadores del texto.

El artículo 27, referido a la enseñanza, es uno de los que plantea más discrepancias. Otros como la legalidad del divorcio, la abolición de la pena de muerte, la inclusión del término “nacionalidades”, el derecho de huelga o la propiedad privada también ponen de relieve diferencias, pero todos los artículos terminan saliendo adelante gracias a las cesiones y renuncias de unos y otros y el acuerdo final.

LA RECTA FINAL

El 4 de julio empieza el Pleno del Congreso a discutir el proyecto. En este último tramo son las pretensiones del nacionalismo vasco las que amenazan con arruinar el proceso constituyente. Además de reivindicaciones de soberanía inasumibles para UCD, los nacionalistas vascos no se han sentido en la ponencia representados ni defendidos por Miquel Roca, centrado en los intereses nacionalistas catalanes.

El PNV acabará absteniéndose en la votación definitiva en el Congreso. Alianza Popular también quedará fuera del acuerdo sobre las autonomías, rubricado el 28 de septiembre por UCD, PSOE, PCE y la Minoría Catalana.

El 31 de octubre el Congreso de los Diputados y el Senado aprueban abrumadoramente el texto constitucional. El 6 de diciembre es el pueblo español quien lo refrenda con su voto mayoritario, incluso con un 93’58 % de síes en Cataluña y un 91’47 % de síes en el País Vasco.

El Rey sanciona la Constitución el 27 de diciembre de 1978 y esta se publica en el BOE dos días después, el 29, para evitar el mal fario de que nazca en el día de los Santos Inocentes. Ese 29 de diciembre se puede considerar el día de su alumbramiento, pues desde entonces está en vigor la Carta Magna.

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

En sus 40 años de vida, la Constitución sólo ha sido reformada en dos ocasiones. La primera, en 1992, para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, adaptándonos a la normativa de la Unión Europea en esta materia. Hubo que añadir dos palabras, “y pasivo”, a la redacción del artículo 13.2.

La segunda, en 2011, cuando Zapatero y Rajoy pactaron introducir el techo máximo de déficit estructural para el Estado y las Comunidades Autónomas, también con el objetivo de adaptarse a las nuevas exigencias de estabilidad presupuestarias de Bruselas.

El debate sobre si hacer una nueva reforma de la Constitución ha vuelto a aparecer en gran parte por el modelo territorial del Estado, propiciado por el proceso independentista de Cataluña de los últimos años. Desde partidos independentistas como ERC han pedido que la Carta Magna incluya el derecho de autodeterminación de los pueblos, algo que Moncloa ha descartado tanto con el Gobierno de Mariano Rajoy como con el de Pedro Sánchez.

El propio presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha abierto la puerta este miércoles a una reforma de la Carta Magna que “pueda adaptarse a la España de hoy partiendo de la preservación de sus logros”, siempre y cuando se tenga claro qué aspectos se quieren reformar con “concordia, fe, optimismo y valentía”.

Sobre una posible reforma se han pronunciado también los padres de la Constitución Miguel Herrero, Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca, que han señalado que en caso de hacer alguna modificación, debe haber “consenso” y “cierto rigor técnico”.

Pero la organización territorial de España no es el único aspecto que algunos políticos plantean reformar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en septiembre que iba a proponer una reforma para suprimir los aforamientos en la Carta Magna que afectaría a diputados y senadores, una propuesta que también ha defendido Ciudadanos, y también ha planteado modificarla para incluir derechos como la Vivienda, la Sanidad o la igualdad de género.

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